Aspectos sociales en el proyecto piloto de Certificación Jurisdiccional de la Amazonía ecuatoriana: Una aproximación inicial

Este informe tiene como objetivo alimentar el proceso de construcción de la Certificación Jurisdiccional de la Mesa Redonda sobre la Palma Aceitera Sostenible (RSPO) desde una perspectiva de derechos, con base en el caso de la Amazonía ecuatoriana. Presenta un análisis específico del abordaje e implementación de aspectos sociales en el proyecto piloto de Certificación Jurisdiccional de la Amazonía ecuatoriana (CJAE), con énfasis en los derechos a la tierra y a los recursos, la participación, el consentimiento libre, previo e informado (CLPI); así como los sistemas de gobernanza establecidos.

Los hallazgos y aprendizajes que se presentan en esta investigación abarcan las dos etapas que se han identificado en el desarrollo del proyecto piloto a la fecha: i) 2017-2018: fase de inicio con avances concretos en el establecimiento del marco institucional y estratégico (principalmente con la creación del Comité Interinstitucional de Seguimiento de la Palma Sostenible y la planificación estratégica con principios, objetivos y un plan de acción); ii) 2019: año enfocado en la implementación inicial del plan, a través de la contratación de consultorías para distintas actividades, y primeros acercamientos con actores en el territorio.

Hallazgos

De modo general, si bien los principios, objetivos y el plan de acción del CISPS incluyen aspectos sociales que presentan un equilibrio con las dimensiones ambientales y productivas, no sucede lo mismo con la conformación de su estructura, con la priorización de acciones en la fase de implementación e incluso, con las preocupaciones expresadas en las entrevistas de varios de los miembros enfocadas en los aspectos productivos, y en menor medida, ambientales. A continuación, se detallan estos aspectos con relación a cada uno de los subtemas explorados en el reporte.

Gobernanza. El máximo órgano de gobernanza del CJAE es el Comité Interinstitucional de Seguimiento de la Palma Sostenible (CISPS), el que a pesar de contar con una representación equilibrada del gobierno, sector privado y sociedad civil presenta en cada uno de estos tres sectores, un vacío de representación en el ámbito social.

Tenencia de la tierra y acceso a los recursos. Existen dos problemas centrales en el territorio: i) la concentración de la tierra en manos de dos empresas en las provincias de Orellana y Sucumbíos; ii) los crecientes conflictos por invasiones y tráfico de tierras, que surgen de la presión sobre los territorios indígenas por parte de colonos y miembros de comunidades que venden sus tierras a las empresas palmicultoras y que después invaden otras.

Consulta Libre, Previa e Informada (CLPI). Ecuador cuenta con una Guía Nacional de Consulta para la Implementación de Acciones REDD+ en Tierras o Territorios Colectivos, que define los requisitos y el proceso a seguir en el caso de la implementación de acciones REDD+ en territorios colectivos e indígenas. Sin embargo, la adaptación y aplicación de dicha guía para las acciones específicas relacionadas con el piloto CJAE aún no han sido desarrolladas. La Guía de Consulta para acciones REDD+ deja por fuera a las comunidades que no cuentan con títulos de propiedad o reconocimiento legal de sus tierras, lo que afectaría directamente su derecho al CLPI.

Mecanismo de quejas. En el marco del cumplimiento de las Salvaguardas REDD+, existe una propuesta técnica del Mecanismo de Quejas que se encuentra en fase de prueba. El mecanismo apunta a canalizar las inquietudes desde los actores principales de las acciones REDD+ y ciudadanía en general hacia los tomadores de decisiones del programa, a establecer mecanismos rápidos de respuesta; y a reducir o prevenir conflictos mayores derivados de su implementación. Dado que el proyecto piloto CJAE es una de las acciones insertas en PROAmazonía y REDD+, el mecanismo propuesto incluiría a todos los actores de la cadena de la palma aceitera involucrados en el proceso de certificación. A pesar de esto, no se ha generado un análisis particular de este mecanismo en relación con los requerimientos de la norma RSPO.

Interpretación Nacional. Hasta el cierre de esta investigación, la Interpretación Nacional (IN) no se había iniciado. Las tareas principales de este proceso serán el análisis de las concordancias y disonancias entre la legislación nacional y la norma RSPO, y la concertación de enfoques para asegurar la aplicación de la normativa mayor, incluyendo el caso del CLPI.

Recomendaciones

• En cuanto al CISPS, como máximo órgano de gobernanza, se recomienda integrar a la Defensoría del Pueblo, ONG o colectivos especializados en temas sociales (y socioambientales), organizaciones que representen a las poblaciones afectadas, pueblos indígenas y afro, y a los gremios de pequeños productores. Adicionalmente a potenciar su conformación, en el marco del CISPS se debe definir de manera prioritaria el carácter, forma de funcionamiento, y relación con los productores de la Entidad Jurisdiccional.
• Se recomienda establecer una relación con la Mesa de Trabajo REDD+, porque es probable que se convierta en una instancia de veeduría ciudadana.  A su interior se podría incluir un grupo de trabajo de veeduría para la certificación jurisdiccional en la Amazonía sobre todo en temas como CLPI, Mecanismo de Quejas, entre otros.
• Resulta esencial que el Estado garantice la seguridad en la tenencia de la tierra y la prevención de invasiones, mediante el fortalecimiento de los procesos y mecanismos de legalización, saneamiento y demarcación de tierras indígenas. Específicamente, el proyecto CJAE podría apoyar en la regularización de tierras y territorios de las comunidades indígenas del área de influencia, como lo ha planificado para los pequeños productores de palma.
• Urge definir el alcance de las comunidades locales que serán sujeto de los procesos de Consentimiento Libre, Previo e Informado, de manera que se garantice el ejercicio de los derechos indígenas en las áreas de influencia directa e indirecta de las plantaciones. De la misma forma, es necesario contar con la definición y alcance del procedimiento CLPI en el conjunto de acciones requeridas para la Certificación Jurisdiccional. También, es importante definir tanto el rol de la Entidad Jurisdiccional (EJ) -que sería el actor responsable de la certificación- como la representatividad en las asociaciones de productores, y el procedimiento a seguir con aquellos productores de la jurisdicción que no deseen ser incluidos en la certificación. Además, se requerirá establecer el mecanismo de monitoreo de los acuerdos alcanzados.
• Se debe iniciar el proceso de generación de un Mecanismo de Quejas específico para la CJAE, que sea armónico con el Mecanismo de Quejas de REDD+. Esto implicaría la creación de una instancia separada de la Entidad Jurisdiccional (EJ) con el fin de evitar conflictos de intereses y garantizar independencia, y la definición de todos los aspectos básicos de funcionamiento, seguridad integral y respuesta. Asimismo, su uso correcto y oportuno dependerá de la generación de capacidades, conocimiento y acceso a la información alrededor de RSPO, CJAE y derechos, por parte de los diferentes actores de la cadena, los pueblos y nacionalidades indígenas, y la ciudadanía en general.
• El proceso de Interpretación Nacional debe ser inclusivo e involucrar desde el inicio a los actores clave de la región y del ámbito de derechos humanos, socioambientales y de género. Para esto, se requerirá un proceso previo de explicación con material adecuado, de los P&C de la RSPO y promover una llegada territorial.