La adopción de medidas para que se respeten los derechos a la tierra y el CLPI es fundamental para que las iniciativas forestales y climáticas sean eficaces – declara un nuevo informe especial sobre Guyana de la APA y el FPP

Guyana ha sido un importante defensor de la financiación internacional de la deforestación evitada en países tropicales. En 2009 el Gobierno firmó un memorando de entendimiento con el Reino de Noruega en virtud del cual se comprometía a reducir la deforestación, promover el desarrollo con bajas emisiones de carbono (sin combustibles de origen fósil), y empezar a negociar con la UE un tratado comercial bajo el marco de la iniciativa sobre la Aplicación de las leyes, gobernanza y comercio forestales (FLEGT por sus siglas en inglés). Casi cinco años después de la firma de este acuerdo bilateral, ¿cómo se están abordando los derechos de los pueblos indígenas y la distribución local de los beneficios en las políticas del uso de la tierra, forestales y climáticas de Guyana?Un detallado informe publicado conjuntamente en junio por la Asociación de Pueblos Amerindios (APA) y el FPP trata de responder esta y otras preguntas examinando el tratamiento de los derechos de los pueblos indígenas en la Estrategia de Desarrollo Bajo en Carbono (LCDS por sus siglas en inglés) del país, incluyendo grandes proyectos de desarrollo de la energía hidroeléctrica planificados en las Cataratas Amaila (Región 8) y en el Alto Mazaruni (Región 7). Se realiza un análisis detallado de la gobernanza de la tenencia de la tierra y del enfoque de los derechos a la tierra en las políticas climáticas nacionales. La sección final del informe contiene una investigación profunda del enfoque de la participación, la tenencia y las cuestiones de gobernanza en las primeras etapas del acuerdo voluntario de asociación (AVA) entre Guyana y la UE englobado en el marco de la iniciativa FLEGT.Inadecuada protección de los derechos consuetudinarios a la tierraEl análisis lleva a la conclusión de que existen grandes lagunas en las políticas y los marcos jurídicos aplicables a la tenencia de la tierra en Guyana, las cuales generan infinidad de conflictos  de tierras que son comunes entre las comunidades amerindias y las empresas madereras y mineras en las zonas forestales del país. El informe destaca que a menos que se pongan en marcha reformas legales, incluyendo cambios en las disposiciones relativas a los derechos a la tierra de la Ley Amerindia, existe el riesgo de que las inadecuadas protecciones de los derechos consuetudinarios a la tierra permitan una apropiación masiva de tierras «verdes» por parte de programas de REDD y de PSA en el país, en la que los Amerindios serían los “perdedores”.Políticas nacionales contradictorias que impulsan la deforestaciónSe considera que la desenfrenada y agresiva expansión del sector minero es la causa de la deforestación y de los cambios permanentes y a largo plazo en el uso de la tierra en el interior de Guyana. El uso creciente de pesadas excavadoras sobre orugas por parte de las empresas mineras está dañando las fuentes de agua, desviando arroyos y ríos y destruyendo valiosas tierras forestales y agrícolas utilizadas por comunidades amerindias. El avance de la frontera minera está dando lugar a flagrantes violaciones de los derechos humanos en las comunidades amerindias, incluida la violencia sexual sistemática contra mujeres y menores.Sobre todo en estos últimos diez años ha habido una afluencia enorme de mineros a Baramita. ¡Eso está destrozando a la comunidad! Las mujeres Caribes tienen miedo y se producen violaciones brutales y agresiones físicas terribles. Una joven madre Caribe ha sido violada por siete hombres esta misma semana (en una visita a Port Kaituma). Ahora está muerta a causa de las heridas que sufrió. Mucha gente muere de VIH-SIDA. Y además los Caribes se están matando ellos mismos en desesperación. En apenas dos meses ha habido cuatro suicidios. [Residente de la localidad de Baramita, octubre de 2013]Las comunidades amerindias afirman sentirse confusas ante las políticas del Gobierno, que por un lado buscan proteger los bosques del país pero por otro permiten que se desmonten tierras forestales para grandes proyectos de infraestructura, entregando más y más concesiones a empresas mineras y madereras:«Los aldeanos solo se enteraron de la concesión a la empresa A. Mazaharally gracias a unos mapas proporcionados por la Comisión Forestal de Guyana (GFC por sus siglas en inglés) en 2009 en conexión con unas multas impuestas a los aldeanos por la presunta realización de "talas ilegales" dentro de sus propias tierras tradicionales (sin título de propiedad). Ahora la tierra está ocupada por una empresa maderera de Asia y no sabemos nada de estos tratos. No entendemos cómo el Gobierno puede decir que quiere salvar los bosques y al mismo tiempo permite la destrucción masiva de bosques a manos de grandes empresas chinas y malayas, mientras castiga a gente indefensa como nosotros con la Estrategia de desarrollo con bajas emisiones de carbono (LCDS)».[Residente de la localidad de Kwebana, Región 1, 2012]Consultas de última hora sobre los planes forestales y climáticos

La evaluación lleva a la conclusión de que hasta el momento no se ha llevado a cabo una consulta genuina sobre la REDD+ y otras cuestiones conexas, como la propuesta de preparación para la REDD (R-PP) de la GFC para el FCPF, a nivel de comunidad (aunque el Gobierno ha realizado esfuerzos esporádicos de divulgación). En la gran mayoría de los casos, las localidades amerindias siguen teniendo únicamente una comprensión limitada de lo que implica la REDD y cómo podría afectar a sus medios de subsistencia y sus bosques, para bien o para mal. El informe de la APA-FPP hace hincapié en que si no se realiza un esfuerzo mucho mayor para proporcionar información equilibrada y accesible en términos que sean comprensibles para las comunidades y sus consejos, no será posible un procedimiento creíble de obtención del CLPI.Incumplimiento de las normas sociales acordadasSe destaca que la auditoría independiente de la LCDS en 2012 encontró que no se habían alcanzado las metas indicativas de la aplicación de salvaguardias sociales para los derechos de los pueblos indígenas. También se cuestiona la validez de una auditoría llevada a cabo en 2013 por INDUFOR, ya que no hay pruebas que indiquen que se han solucionado los problemas de aplicación de las salvaguardias. Aunque se considera que la prioridad dada a la tenencia de la tierra en la LCDS es muy positiva, el informe se muestra crítico con el proyecto Titulación de Tierras Amerindias (ALT por sus siglas en inglés) del Fondo de Inversión en la REDD de Guyana (GRIF por sus siglas en inglés), por no hacer frente a graves defectos del reglamento de Guyana para otorgar títulos de propiedad y demarcar las tierras, territorios y recursos de los pueblos indígenas.Diligencia debida inexistente en el proyecto «insignia» de la LCDS en AmailaDel mismo modo, una revisión detallada del proyecto hidroeléctrico de las Cataratas Amaila lleva a la conclusión de que no se ha cumplido el requisito de obtener el CLPI, y de que hasta ahora las evaluaciones del impacto social y ambiental no han servido para indentificar impactos indirectos y acumulativos en las tierras y la forma de vida de los Patamona.Información confusa sobre la presa hidroeléctrica del Alto MazaruniEn relación con el proyecto de la presa del Alto Mazaruni que se ha propuesto y que ya rechazaron una vez los pueblos Akawaio y Arekuna en los años 80, se llega a la conclusión de que hay una enorme escasez de información sobre los contenidos de las propuestas actuales de los Gobiernos y las empresas para la construcción de la presa. En marzo de 2014 el Gobierno aseguró a las comunidades que no iban a ser inundadas ni sus habitantes reasentados en virtud del nuevo diseño de la presa. Sin embargo las comunidades amerindias no han visto mapas ni planos del nuevo proyecto de la presa y por eso los Akawaio no pueden verificar estas nuevas afirmaciones. Mientras tanto las comunidades se mantienen firmes en la posición colectiva de sus antepasados: rechazar cualquier presa que amenace sus tierras, medios de subsistencia y forma de vida.Hay que frenar la hoja de ruta de la FLEGTLa detallada evaluación del proceso FLEGT destaca deficiencias de los actuales acuerdos multilaterales y del proceso de formulación de una definición de madera «legal» en el AVA nacional. La reticencia del Gobierno a debatir las deficiencias de las políticas nacionales vigentes sobre los derechos territoriales y la gobernanza de los bosques es descrita como un obstáculo para que haya un diálogo significativo con los múltiples interesados sobre las reformas necesarias para garantizar que el sector maderero respeta los derechos de los pueblos indígenas. Al igual que con la REDD, se hace notar que muchas comunidades carecen de información sobre el proceso del AVA para el Plan FLEGT y sus implicaciones para los medios de vida locales. El informe pide el fortalecimiento de las disposiciones para la consulta y la participación en las negociaciones del AVA, y la desaceleración del avance de la hoja de ruta de manera que se pueda consultar adecuadamente a las comunidades amerindias.Llamamiento a la acción centrada en los derechos a la tierraEntre las numerosas recomendaciones concretas sobre las medidas necesarias para proteger los derechos de los pueblos indígenas, el informe pide que se establezca un grupo de trabajo nacional que examine la situación actual de la tierra en zonas amerindias, y formule propuestas consensuadas para tomar medidas y cambiar leyes, políticas e iniciativas actuales del Gobierno, incluido el Proyecto de Titulación de Tierras Amerindias.El informe (disponible solamente en inglés) se puede descargar aquí: http://bit.ly/1uxgyfgTambién es posible descargar secciones individuales.Otras fuentes: Urgent communication on the situations of the Akawaio indigenous communities of Isseneru and Kako in Guyana, febrero de 2013. http://bit.ly/1ogsxugButt Colson, A. Dug out, dried out or flooded out? Hydro power and mining threats to the indigenous peoples of the Upper Mazaruni district, Guyana. FPIC: Free, Prior, Informed Consent? Londres: Survival International, 2013. http://bit.ly/1pWRu4uColchester, M. y La Rose, J. Our Land, our Future: Promoting Indigenous Participation and Rights in Mining, Climate Change and other Natural Resource Decision-making in Guyana. Informe final del proyecto APA/FPP/NSI sobre «Exploring Indigenous Perspective on Consultation and Engagement within the Mining Sector in Latin America and the Caribbean: Phase II: Toward Community Strengthening, Dialogue and Policy Change». Georgetown, Guyana: Amerindian Peoples Association, mayo de 2010. http://bit.ly/1r5Gv5VGriffiths, T. y Anselmo, L. Indigenous peoples and sustainable livelihoods in Guyana. Georgetown y Moreton in Marsh: APA-FPP-NSI, 2010. http://bit.ly/1jkTeltButt-Colson, A. J. Land: its occupation, management, use and conceptualization – the case of the Akawaio and Arekuna of the Upper Mazaruni District, Guyana. Panborough: Last Refuge, 2009.Griffiths, T. Guyana: indigenous peoples, forests and climate initiatives. Moreton-in-Marsh: FPP, 2009. http://bit.ly/1oE5wo2