¿Se armonizará la cadena de suministro de madera y las políticas de deforestación con el derecho internacional en materia de derechos humanos?

En julio de 2014 la Comisión Europea se embarcó en una evaluación del Plan de Acción sobre la Aplicación de las Leyes, la Gobernanza y el Comercio Forestales (FLEGT por sus siglas en inglés) de la UE. Este plan es la respuesta de la UE a la tala ilegal y el comercio ilícito que lleva asociado. El plan de acción fue adoptado en 2003 y desde entonces se han negociado varios acuerdos voluntarios de asociación (AVA) entre la UE y los países productores como parte de la iniciativa. Al mejorar la regulación y la gobernanza de los bosques, los AVA deben supuestamente garantizar que la madera y los productos madereros que se exporten a la UE sean legales.

Aunque los AVA han abierto un espacio político importante para la sociedad civil y han establecido las mejores prácticas para que las negociaciones sobre el comercio sean participativas en varios países productores de madera (p. ej. Liberia), el Plan de Acción FLEGT y los procesos asociados de desarrollo de un AVA también adolecen de una serie de defectos. Un caso actual es el de Guyana, donde  comunidades indígenas y organizaciones de pueblos indígenas han manifestado persistentemente que les preocupa que sus derechos sobre las tierras y los recursos no estén protegidos en el proyecto de acuerdo. Según el proyecto actual es posible asignar concesiones madereras y derechos de tala en tierras consuetudinarias de la comunidad aún no reconocidas por las leyes nacionales sin el consentimiento libre, previo e informado (CLPI) de los propietarios consuetudinarios de esas tierras. Esas y otras preocupaciones son las que son tratadas en dos informes salieron a la luz en Georgetown en noviembre de 2015.

Debido a que las comunidades no estaban satisfechas con la atención que se había prestado a estas preocupaciones, en mayo de este año la Asamblea General de la Asociación de Pueblos Amerindios hizo pública una resolución sobre el Plan FLEGT. En dicha resolución se declaraba que “[….] Dando un paso adelante, la APA pide al Gobierno de Guyana y la UE que se aseguren de que el AVA, incluida la definición de madera legal, contenga salvaguardias claras y firmes para proteger los derechos de los pueblos indígenas de Guyana a nuestras tierras, territorios y recursos de acuerdo con la Constitución y con las normas y el derechos internacional en materia de derechos humanos. Si tales protecciones no están presentes en el texto del AVA y sus anexos antes de firmarlo, la APA no podrá apoyarlo y no lo apoyará.”

Teniendo en cuenta las experiencias de  Guyana así como de socios en Camerún, la RDC e Indonesia, en agosto de 2015 el FPP presentó una comunicación detallada a los responsables del proceso de evaluación del Plan FLEGT. En ella se resaltaba que el plan de acción tiene aspectos muy positivos, como el enfoque participativo de la gobernanza de los bosques, la mejora de la transparencia de los debates sobre política forestal y el alcance de las reformas jurídicas y políticas. Sin embargó concluyó que no hay coherencia entre el Plan FLEGT y los objetivos generales de las políticas de la UE relacionadas con los derechos humanos, y que hay lagunas en el tratamiento que se da en los AVA a los derechos y las cuestiones relativas a la tenencia de la tierra. Al adoptar un enfoque en el que la legalidad se define puramente en virtud de una selección de leyes nacionales, los AVA podrían correr el riesgo de perjudicar a comunidades de los bosques que no tienen asegurados sus derechos sobre sus tierras y sus medios de vida. Un examen de todos los proyectos de AVA existentes puso de relieve este problema. Se descubrió que ninguno de los AVA exigía la incorporación de leyes de derechos humanos y que no existía un marco sistemático para evaluar si las leyes nacionales eran coherentes con las internacionales y con las pertinentes obligaciones de los países productores.

Este examen y la comunicación del FPP a los responsables de la evaluación del Plan FLEGT recomiendan que la integración de las obligaciones de los países asociados en lo que se refiere a los derechos humanos sea un tema obligatorio del programa de negociación de los AVA y que la UE enfoque la legalidad de la cadena de suministro de tal manera que garantice el cumplimiento de todas las leyes aplicables, tanto nacionales, internacionales como consuetudinarias.

Es sumamente positivo que en el informe de la evaluación del Plan FLEGT, publicado en abril de 2016, se hayan teniendo en cuenta algunas de estas cuestiones (véase la pág. 51) y que se afirme que “al confiar la definición de la legalidad a la legislación nacional en los países productores, es posible que la UE no responda a sus propios compromisos internacionales” ni a sus políticas ni a su legislación. En el informe se hacía referencia específicamente al requerimiento legal recogido en el Tratado de Lisboa de que todas las instituciones y órganos pertinentes de la UE deben asegurarse de que el comercio y el desarrollo son fuerzas positivas para los derechos humanos (pág. 157). Asimismo en el informe se hacía la observación de que en aras de la coherencia entre las diferentes políticas de la UE, “la soberanía de un proceso AVA debería [..] ser reconciliada con la necesidad para la UE de establecer requerimientos mínimos reflejando las expectativas de actores de la UE, particularmente sobre los derechos humanos y laborales y para el reconocimiento de leyes y derechos consuetudinarios sobre tenencia de tierra de comunidades forestales” (pág. 181).

Impulsada por estas cruciales observaciones y recomendaciones ¿respetará efectivamente la UE, sus obligaciones y sus compromisos relacionados con los derechos humanos incluyendo un pilar dedicado a los derechos humanos en una versión actualizada del Plan de Acción FLEGT y en otras iniciativas relacionadas con las cadenas de suministro de productos básicos, como el propuesto Plan de Acción de la UE para la Deforestación?

Por Oda Forberg Almås, Forest Peoples Programme