Victoria frente a la criminalización judicial: archivan definitivamente el caso contra la comunidad kichwa Puerto Franco, Perú

Este artículo se publicó por primera vez en idl.org

En un fallo trascendental para la defensa de los derechos indígenas, el Juzgado de Investigación Preparatoria de Huallaga, en la región San Martín en Perú, ha dispuesto el archivo definitivo de la causa penal contra el apu de la comunidad nativa Puerto Franco, Henrry Fasabi Tuanama, y la abogada Olga Cristina del Rocío Gavancho León. 

El proceso, que pretendía castigar a los defensores bajo el cargo de obstrucción al procedimiento, ha sido cerrado al confirmarse que no existió delito.

Este caso despertó una ola de indignación y solidaridad a nivel nacional e internacional. Más de 70 organizaciones, lideradas por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), emitieron un pronunciamiento público rechazando lo que calificaron como una «estrategia de criminalización» por parte de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Moyobamba.

Las organizaciones denunciaron que el Ministerio Público intentó utilizar el derecho penal para amedrentar a la comunidad de Puerto Franco en el marco de su lucha histórica por la titulación de su territorio ancestral, el cual se encuentra superpuesto por el Parque Nacional Cordillera Azul (PNCAZ).

Pero la reciente resolución judicial ratificó los argumentos de la defensa y la sociedad civil, señalando puntos clave que desmoronaron la tesis fiscal. Uno de ellos es la inexistencia de dolo, pues la restricción de ingreso a las autoridades el 25 de abril de 2024 no fue un acto arbitrario, sino una respuesta a la falta de notificación adecuada y un reclamo de respeto al derecho de consulta previa.

Mediante informes de OSIPTEL, además, el juzgado concluyó que en la zona no existe señal de telecomunicaciones, invalidando la acusación de que la abogada Gavancho dio instrucciones para obstruir la diligencia.

Asimismo, el juez determinó que los hechos no encajan en un tipo penal y que, más bien, responden a un conflicto de entendimiento entre el Estado y una comunidad que percibe las diligencias como una amenaza a sus intereses territoriales.

Persistencia de la criminalización

Sin embargo, pese a que la justicia se abrió paso en el primer proceso, aún no se materializa plenamente. En un giro preocupante, se ha iniciado una nueva investigación basada en los mismos hechos, pero en una jurisdicción distinta y bajo una tipificación diferente. En esta ocasión, se imputa la presunta comisión de los delitos de violencia y resistencia a la autoridad y encubrimiento real en agravio del Estado, el Ministerio Público y el PNCAZ.

Por su parte, el Ministerio Público ha calificado este nuevo caso como “complejo”, fijando un plazo de investigación preliminar de ocho meses, decisión que resulta desproporcionada y carente de sustento, pues la carpeta fiscal no reúne los criterios necesarios para justificar tal extensión, ni presenta elementos novedosos que ameriten prolongar la incertidumbre jurídica de los investigados. Frente a ello, la defensa ha interpuesto una tutela de derechos ante el Juzgado de Investigación Preparatoria, a fin de que se evalúe la razonabilidad del plazo y se determine si corresponde emitir un pronunciamiento fiscal en un plazo más breve.

Por otro lado, tanto el apu Fasabi Tuanama como la abogada Gavancho León han cumplido con brindar sus declaraciones y han presentado documentación que acredita de manera fehaciente la inexistencia de responsabilidad penal en los hechos que se les atribuyen. En ese sentido, y considerando que el primer caso por los mismos hechos ya ha sido archivado de forma definitiva, se espera que esta nueva investigación siga la misma línea de razonamiento jurídico.