Caso Puerto Franco: comunidad kichwa que lucha por sus derechos territoriales será escuchada por el Tribunal Constitucional de Perú

El Tribunal Constitucional del Perú podría marcar un precedente histórico para pueblos indígenas de la Amazonía que defienden su territorio frente a modelos de conservación que vulneran sus derechos.

Este viernes, 17 de julio de 2026, el Tribunal Constitucional (TC) realizará una audiencia en la que revisará el caso de la comunidad nativa Puerto Franco, que en 2020 emprendió una batalla legal para defender sus derechos territoriales frente al Estado peruano, mediante una acción de amparo. El acto judicial se realizará en la sede de la Corte Superior de Justicia de Loreto, ubicada en Iquitos. 

Puerto Franco, comunidad del pueblo indígena Kichwa de la región San Martín, exige justicia ante el alto tribunal debido a que su territorio ancestral fue despojado por la imposición del Parque Nacional Cordillera Azul y concesiones forestales.  

Previamente, la demanda de la comunidad había sido declarada fundada en una sentencia histórica del Juzgado Mixto de Bellavista, decisión que luego fue revocada por la Sala Mixta de Juanjuí. Ahora, la decisión del caso estará en manos del TC. 

Por ello, representantes de la comunidad y de su organización representativa, el Consejo Étnico de los Pueblos Kichwas de la Amazonía (CEPKA), se harán presentes en la sede judicial para hacer escuchar su voz ante los magistrados. 

“Ahora estamos en el Tribunal Constitucional. Queremos que se dé la orden para que se titule todo nuestro territorio, porque ese es nuestro interés, somos dueños de ese territorio, somos posesionarios ancestrales y vivimos acá”, dice Pedro Fasabi, jefe de la comunidad nativa Puerto Franco, horas antes de la audiencia. 

Fasabi y una comitiva viajarán a Iquitos buscando una decisión que reivindique sus derechos territoriales, luego de haber recorrido un largo camino. “En la primera instancia nosotros ganamos, todo bien. En la segunda, perdimos. ¿Por qué? Porque quizás los jueces no han hecho bien. Creo que es muy importante que se difunda que nosotros siempre vamos a pedir lo que nos corresponde”, añade. 

Por su parte, el Pleno del TC anunció que tiene previsto ver 12 procesos constitucionales durante la audiencia del viernes, entre ellos el emblemático caso de Puerto Franco. Se dio a conocer, además, que esta nueva audiencia pública descentralizada iniciará a las 9:15 de la mañana. Se espera, en las semanas siguientes, que el tribunal emita una resolución que, en el caso de la comunidad kichwa, podría ser histórica. 

“Nosotros, como pueblo organizado, esperamos que haya una luz verde para el pueblo de Puerto Franco, un pueblo de mucha esperanza. Que sea para sus hijos, para sus nietos. Para que este problema termine. No es un problema de hoy, es de largo, integralmente luchado por hombres y mujeres, a fin de defender sus derechos colectivos. Por eso queremos que la justicia dé un veredicto final en beneficio de los pueblos en la región San Martín”, manifiesta Inocente Sangama, presidente del CEPKA. 

En el año 2020, la comunidad y el CEPKA demandaron ante el Poder Judicial al Ministerio del Ambiente (MINAM), el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), la Dirección Regional Agraria del Gobierno Regional de San Martín (GORESAM), dos concesiones forestales (Agrupación Maderera Alto Biavo S. A. C. y la del titular Eisen Paredes), el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), y la Jefatura del Parque Nacional Cordillera Azul (PNCAZ) por una serie de vulneraciones a sus derechos territoriales. 

“El TC tiene la oportunidad de corregir lo resuelto por la Sala Mixta de Juanjuí, que desconoció la preexistencia y los derechos territoriales de la comunidad nativa Puerto Franco, y validó actos realizados sin consulta previa, como la creación del PNCAZ y de concesiones forestales en territorio comunal, privilegiando una interpretación restrictiva que debilita la protección constitucional e internacional del territorio de los pueblos indígenas”, indica Cristina Gavancho, abogada del Instituto de Defensa Legal (IDL). 

El principal pedido de Puerto Franco ha sido la titulación integral de su territorio frente a un modelo de conservación, en este caso ejercido por el PNCAZ, que se desarrolló de espaldas al pueblo indígena Kichwa en la amazonía de la región San Martín, sin transparencia y violando procesos de protección de derechos como la consulta previa. 

En diciembre de 2024, el Juzgado Mixto de Bellavista había ordenado la titulación del territorio de la comunidad Puerto Franco, la nulidad de concesiones forestales, la realización de una consulta previa sobre la creación del PNCAZ y garantizar el acceso de la comunidad a los recursos naturales y su participación en la gestión del parque, que incluía el reparto de beneficios de la venta de créditos de carbono. 

Al respecto, en abril de 2023, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas (CERD) envió una comunicación formal al Estado peruano sobre las afectaciones a los derechos humanos y territorios del pueblo Kichwa y otros pueblos indígenas por el Parque Nacional Cordillera Azul (PNCAZ) y su Proyecto REDD+, conocido a nivel internacional por vender decenas de millones de créditos de carbono a grandes empresas sin consultar a las comunidades kichwa. 

“Este caso plantea al TC determinar si una decisión judicial puede desconocer la preexistencia de un pueblo indígena por la fecha de su reconocimiento administrativo, restringir la propiedad comunal sobre territorios ancestrales bajo la categoría de tierras forestales o áreas naturales protegidas, y convalidar actos estatales adoptados sin consulta previa pese a la vigencia del Convenio 169 de la OIT.  

“Lo que está en discusión es el alcance del derecho de propiedad indígena, la obligación estatal de titulación integral, el control de convencionalidad frente a normas internas restrictivas y la nulidad de medidas administrativas que afectaron directamente a la comunidad sin garantizar participación, consentimiento ni distribución justa de beneficios, pues sobre esos territorios hoy el PNCAZ desarrolla además un proyecto REDD+, administrado por CIMA”, añade la abogada Cristina Gavancho.  

Con todo, la comunidad nativa Puerto Franco espera que el TC les dé la razón y emita una sentencia que signifique un punto de partida para cuestionar una forma de conservación que excluye a pueblos indígenas. La decisión podría ser histórica considerando que en el Perú existen otros pueblos afectados por modelos de conservación impuestos o excluyentes.  

 

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