Perú
Perú es el cuarto país con más selva tropical del mundo, con más del 60% de su superficie cubierta por la selva amazónica. La Amazonía peruana es el hogar de más de 330.000 personas que pertenecen a pueblos indígenas, cuyas formas de vida han contribuido a mantener la increíble diversidad biocultural de la región durante miles de años.
Estos pueblos indígenas se enfrentan a crecientes amenazas estructurales que impulsan el despojo y la destrucción de sus territorios debido a la falta de mecanismos integrales para la protección de sus tierras, derechos y medios de vida.
La pérdida de la cubierta arbórea se ha acelerado en las dos últimas décadas; en los últimos años se ha destruido un promedio de 150.000 hectáreas -una superficie dos veces mayor que la de Singapur- de selva tropical cada año.
Los principales factores directos de esta deforestación son:
- la tala industrial;
- la agricultura industrial y cultivos comerciales;
- la ganadería;
- la extracción de petróleo y gas;
- la minería;
- la construcción de carreteras e infraestructuras y
- la producción de narcóticos.
Entre lo factores indirectos subyacentes a la pérdida de bosques se encuentran:
- la falta de respeto a los derechos de los pueblos de los bosques;
- la débil gobernanza de la tenencia y los sistemas defectuosos de asignación de tierras;
- los incentivos económicos y la financiación internacional que apoyan la expansión de industrias perjudiciales que aseguran el crecimiento económico a expensas de las economías comunitarias de bajo impacto;
- la corrupción sistémica y la impunidad generalizada de los destructores de bosques.

Los marcos legales y políticos de Perú marginan, discriminan y a menudo hacen invisibles a los pueblos indígenas. El hecho de que el Estado peruano no haya titulado legalmente al menos 20 millones de hectáreas de bosques tradicionales de los pueblos indígenas expone estas tierras al despojo y la deforestación. Tanto el gobierno nacional como el regional otorgan con frecuencia concesiones y derechos de uso a personas ajenas a la comunidad, sin respetar los derechos consuetudinarios de la población local.
Al mismo tiempo, las iniciativas estatales para conservar los bosques reproducen un modelo de conservación colonial y excluyente, a través de un sistema de áreas naturales protegidas que jamás ja buscado el consentimiento previo, libre e informado y tampoco una verdadera participación plena y efectiva a los pueblos indígenas. Este modelo impide el buen vivir y la forma de vida de los pueblos indígenas al restringir su acceso a las tierras que han ocupado, gestionado y protegido ancestralmente. Este paradigma de conservación concibe el bosque como una suma de recursos naturales separados de los pueblos que han habitado y sostenido estos territorios durante generaciones, lo que en la práctica conduce a su despojo afectando su territorialidad.
Los conflictos por la tierra y los recursos resultantes están asociados a altos niveles de intimidación, violencia y asesinatos contra las personas defensoras de los derechos humanos y del medio ambiente. Los pueblos indígenas, en particular, se enfrentan con frecuencia a la intimidación por defender sus derechos colectivos y sus territorios en medio de las presiones derivadas de la expansión de la tala, la agroindustria y las industrias extractivas. Asimismo, este despojo de los medios de vida y territorios tiene un impacto diferenciado por género, lo cual es abordado por los socios locales.
Las comunidades amazónicas de primera línea han experimentado un aumento de las amenazas contra sus territorios y comunidades durante la pandemia de COVID-19; esta violencia se ha cobrado la vida de al menos 22 líderes indígenas y defensores de la tierra desde que Perú entró en estado de emergencia a mediados de marzo de 2020.
En este sentido, trabajamos juntos y en solidaridad con los pueblos y naciones indígenas organizados para apoyar sus procesos de construcción de autonomía y el ejercicio de la autodeterminación en la gobernanza de sus territorios. De este modo, acompañamos el surgimiento de alternativas lideradas por las comunidades a las actividades social y ecológicamente perjudiciales que afectan sus territorios y vidas, así como sus formas endógenas de protección territorial y prácticas de auto cuidad colectivo.
Actividades y Situaciones Actuales:
- Apoyamos a las comunidades para que vigilen, protejan y aseguren sus territorios contra las diversas amenazas.
- Proporcionamos a las comunidades apoyo jurídico legal y capacitación para utilizar el litigio estratégico -y otros enfoques- con la finalidad de que puedan ejercer sus derechos colectivos sobre sus territorios, exigir la restitución de las tierras y poner fin a la impunidad de las empresas.
- Trabajamos en solidaridad con las comunidades que se enfrentan a amenazas, ataques y asesinatos para abordar las causas estructurales subyacentes de la violencia y la destrucción de los bosques.
- Apoyamos las iniciativas de base para desarrollar economías comunitarias como alternativa al paradigma del desarrollo convencional, dominante y destructivo desde impuesto desde arriba, a través del fortalecimiento de los autogobiernos territoriales autónomos como medio para que los pueblos indígenas decidan su propio futuro.
- Apoyamos a que las organizaciones indígenas socias fortalezcan sus diversos canales de comunicación comunitaria y audiovisual.
- Acompañamos a sostener procesos comunitarios y regionales de base para enfrentar el despojo y la violencia que afecta a los territorios indígenas. Apoyamos el camino hacia el buen vivir atendiendo los procesos colectivos que son impulsados desde las comunidades para lograrlo.
Impactos recientes
Sentencia histórica para pueblos kichwas en Puerto Franco (2023)
Victoria de los pueblos indígenas de Ucayali frente a la extracción petrolera de tierras indígenas (2022)
GeoPark se retira de los territorios Wampís y Achuar en la amazonía peruana (2020)
La CIDH ortoga medidas cautelares para proteger comunidad indígena (2020)