Charla del Dr. César Bazán Seminario: La defensa de los derechos humanos y los territorios de los pueblos indígenas en Perú

El 16 de marzo de 2026, el Dr. César Bazán Seminario, destacado abogado y activista de derechos humanos en Perú, pronunció una charla impactante y que invita a la reflexión, en la que exploró cómo los pueblos indígenas están utilizando la ley para defender sus derechos, proteger sus territorios y formar nuevas generaciones de defensores legales. 

El evento, titulado «Defensa de los derechos humanos y los territorios de los pueblos indígenas en Perú», fue organizado por la Escuela de Estudios Orientales y Africanos (SOAS) de la Universidad de Londres, con el apoyo del Forest Peoples Programme, CAFOD y el Peru Support Group. En el centro del debate se situó una contradicción llamativa: si bien la ley ha sido históricamente una herramienta del poder colonial en Perú, los pueblos indígenas también pueden darle un nuevo propósito como instrumento de justicia. 

Pueblos indígenas en Perú 

El Dr. Bazán Seminario, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) de Perú y profesor de Derecho en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, describió cómo Perú alberga a 55 pueblos indígenas repartidos por los Andes y la Amazonía. Aunque solo el 26% de la población se identifica como indígena, es probable que la cifra real sea mucho mayor debido al estigma persistente asociado a la identidad indígena. 

Explicó que el racismo sigue profundamente arraigado en la sociedad peruana. Los términos utilizados históricamente para describir a las personas indígenas y de ascendencia mixta han funcionado a menudo como insultos racistas, lo que refleja un largo legado de exclusión y discriminación. Las perspectivas y voces indígenas han sido excluidas en gran medida del diseño del Estado peruano. Los sistemas jurídicos y políticos han seguido tradicionalmente modelos del Norte Global, sin incorporar de manera significativa las perspectivas indígenas. 

La inestabilidad política y el autoritarismo creciente siguen marcando el contexto nacional. Con los frecuentes cambios de liderazgo y las elecciones generales nacionales que se celebrarán en abril, la atención prestada a las cuestiones indígenas en las agendas políticas es limitada y las perspectivas siguen siendo difíciles. 

Basándose en su libro recientemente publicado, Constitución/Corazón, el Dr. Bazán Seminario ofreció dos estrategias probadas para fortalecer con éxito los derechos de los pueblos indígenas en Perú: el litigio estratégico por parte de los pueblos indígenas, con asesoramiento legal del Instituto de Defensa Legal (una ONG peruana), y la capacitación de los pueblos indígenas sobre sus derechos mediante el establecimiento de la Escuela Jurídica de los Pueblos. 

Litigio estratégico: usar la ley para defender los derechos 

Durante un período de 12 años, las comunidades indígenas del Perú, con el apoyo del IDL, han llevado a cabo docenas de casos de litigio constitucional estratégico, acciones legales diseñadas no solo para ganar casos, sino para impulsar un cambio social más amplio. A continuación, se describen algunos de los principales éxitos. 

Proteger el río Marañón y asegurar las fuentes de agua 

El pueblo Kukama Kukamiria, que vive a lo largo del río Marañón, uno de los principales afluentes del Amazonas que nace en los Andes, lideró un movimiento legal y social pionero para proteger el río y los territorios que atraviesa. Para las comunidades indígenas que viven a orillas del río, este no es solo un recurso; es fundamental para su cultura, espiritualidad e identidad. 

Ante la contaminación por petróleo y las amenazas de grandes proyectos de infraestructura, la Federación Huaynakana Kamatahuara Kana, compuesta principalmente por mujeres líderes kukama kukamiria, creó un movimiento nacional e internacional, consiguiendo el apoyo de ONGs y de la sociedad civil tanto del Norte Global como del Sur Global. En 2021, presentaron una demanda de protección constitucional para defender el río y organizaron una campaña de gran impacto bajo el lema «El río Marañón es un ser vivo». Su acción condujo a un fallo histórico en 2024, por el cual el río mismo fue reconocido como sujeto de derechos, desafiando los enfoques antropocéntricos y reconociendo el derecho del río a ser protegido y restaurado. 

Desafiando el racismo en los medios

En otro caso histórico, cuatro mujeres quechuas emprendieron acciones legales contra un popular programa de comedia televisiva, «La Paisana Jacinta», que retrataba a una mujer indígena ficticia, llamada Jacinta, utilizando imágenes degradantes y estereotipadas. El personaje reforzaba narrativas dañinas, al representar a las mujeres indígenas como poco inteligentes, violentas, sucias y menos que humanas. 

El caso desató un debate a nivel nacional sobre el racismo en el entretenimiento. Finalmente, los tribunales fallaron a favor de las demandantes, ordenando que el programa fuera retirado de la programación y prohibiendo el uso continuado del personaje. Esto marcó un paso significativo en la lucha contra el racismo estructural en el discurso público. 

El derecho a hablar en la propia lengua en los procedimientos judiciales

En Perú, los procedimientos judiciales suelen llevarse a cabo en español. Para los pueblos indígenas cuya lengua materna no es el español, sino su lengua indígena, esto genera una profunda desigualdad. Las mujeres indígenas que sufren violencia de género a menudo tienen dificultades para acceder a la justicia debido a las barreras lingüísticas, lo que agrava aún más la discriminación. 

Para desafiar estas barreras, Matut Impi, vicepresidenta del Gobierno Territorial Autónomo Awajún, y otras dos mujeres indígenas, presentaron una demanda de cumplimiento constitucional para obligar al Centro de Emergencia para Mujeres de Condorcanqui en Santa María de Nieva, la fiscalía y la policía a proporcionar intérpretes. Basándose en una demanda anterior que tuvo éxito, en un caso en el que no se habían proporcionado intérpretes, en 2023 la Sala Civil del Tribunal de Amazonas ordenó al Centro de Emergencia para Mujeres que proporcionara intérpretes para la traducción del awajún y el wampis al español, y viceversa. 

El derecho a la educación 

Las acciones legales también han ayudado a ampliar el acceso a la educación, un derecho humano. En un caso, a las hermanas Marleni y Elita Cieza Fernández se les negó el ingreso a la escuela secundaria porque se las consideraba «demasiado mayores». La única alternativa que se les ofreció fue un centro de educación para adultos ubicado a cuatro horas de distancia. Tras un largo proceso legal, la Corte Constitucional falló a su favor, reconociendo una violación de sus derechos fundamentales, incluidos el derecho a la educación y al desarrollo personal. El impacto social más amplio ha sido tangible: las tasas de analfabetismo de las mujeres rurales han disminuido significativamente durante la última década. 

La Escuela Jurídica de los Pueblos

La charla del Dr. Bazán Seminario también exploró una segunda estrategia clave: transformar la forma en que se enseña el derecho. Se ha desarrollado un programa de capacitación pionero, con el apoyo de IDL y FPP, para apoyar a jóvenes abogados y líderes indígenas. Arraigado en el concepto latinoamericano descolonial de sentipensar —que combina el pensamiento y el sentimiento[1]—, este enfoque cuestiona la idea de que el derecho es neutral. En cambio, reconoce el derecho como un espacio moldeado por el poder, la cultura y cosmovisiones contrapuestas. 

Las características clave del programa incluyen: 

• Centrar a los estudiantes como participantes activos en el aprendizaje
• Valorar los sistemas de conocimiento indígenas junto con la teoría académica
• Reunir voces diversas, incluyendo líderes indígenas, activistas y académicos
• Combinar la teoría con la práctica, a través de pasantías en organizaciones que defienden los derechos indígenas 

En los últimos cinco años, la Escuela ha capacitado a más de 250 abogados/estudiantes de derecho y líderes indígenas, incluyendo grupos específicos para abogados indígenas. También se ha expandido para incluir capacitación para mujeres indígenas sobre cómo responder a la violencia de género, programas de liderazgo para jóvenes indígenas y una red creciente de exalumnos comprometidos con la defensa legal y el trabajo por la justicia social. 

A pesar de estos logros, persisten desafíos significativos. Los procesos legales suelen ser lentos y frustrantes, algunas iniciativas se enfrentan a resistencia política y burocrática, la Escuela Jurídica de los Pueblos ha sufrido una investigación penal infundada y acoso mediático, y los esfuerzos por descolonizar la educación jurídica siguen estando en gran medida fuera de las universidades convencionales. 

Mirando hacia el futuro: resistencia y esperanza 

El Dr. Bazán Seminario concluyó su charla mirando hacia el futuro, explicando que, incluso en un contexto de incertidumbre política y autoritarismo creciente, sigue teniendo fuertes motivos para la esperanza. Las victorias legales, la movilización de base y el surgimiento de una nueva generación de defensores legales indígenas y aliados están ayudando a remodelar el panorama. Al combinar el litigio estratégico con la educación transformadora, estos esfuerzos están construyendo un movimiento poderoso, uno que reclama la ley como herramienta para la justicia, la dignidad y la autodeterminación. 

Tras la charla de César, un panel de expertos en derechos humanos con experiencia en el contexto peruano reflexionó sobre cómo los casos presentados por César resuenan con las luchas globales más amplias por la democracia y los derechos humanos. 

Sayuri Andrade, coordinadora del Peru Support Group, explicó que el trabajo de IDL y otros ha permitido que la ley, que históricamente fue una herramienta de las potencias coloniales, se utilice para crear espacio y poder para las personas que han estado luchando durante siglos. Ha permitido a los pueblos indígenas cuestionar su comprensión de lo político y de lo que significa ser ciudadano. Ella cree que las organizaciones internacionales, que desean caminar codo a codo con sus socios indígenas, deben continuar abriendo espacios y proporcionando recursos que permitan a los pueblos indígenas reconocer su propio poder y darles tiempo para pensar y elaborar estrategias políticas. 

Lara Domínguez, abogada del Forest Peoples Programme, (hablando desde su propia perspectiva), destacó los paralelismos entre las luchas en Perú y la erosión del orden internacional basado en normas, un proceso gradual y sostenido que se ha producido a lo largo de décadas, en detrimento de todos nosotros. Esto ha incluido la creación de una arquitectura jurídica para reducir sistemáticamente el alcance o desmantelar las protecciones, al tiempo que se aparenta seguir cumpliendo con las leyes internacionales, así como la captura corporativa de las instituciones gubernamentales. Hizo hincapié en que, si bien el clima político actual plantea desafíos para los movimientos de solidaridad internacional, el derecho internacional de los derechos humanos es importante, ya que proporciona a las personas un lenguaje para articular sus demandas y luchar colectivamente contra las injusticias sistémicas. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP) es un ejemplo clave de ello.  

Emily Mulville, representante de CAFOD en los Andes, cree que el cambio en las leyes y políticas de derechos humanos comienza con las propias comunidades, sus luchas colectivas y su resiliencia. La educación popular, como la Escuela Jurídica de los Pueblos, es fundamental, al igual que el apoyo a los defensores indígenas, los abogados, las mujeres y los jóvenes. Explicó que defender los derechos humanos se está volviendo más peligroso en Perú, y destacó la importancia de las alianzas y coaliciones. Con el aumento global del autoritarismo, la solidaridad internacional también es crucial para la protección y la visibilidad. Los sistemas globales, políticos y económicos están perpetrando abusos contra los derechos humanos y el medio ambiente, pero ella destacó que tenemos la capacidad de cambiar esto. Reconocer que todos estamos interconectados, amplificar las campañas y abordar las causas de raíz de los problemas que vemos son pasos importantes. 

[1] Sentipensar es un concepto desarrollado por el sociólogo colombiano Orlando Fals Borda, basado en su trabajo con las comunidades costeras caribeñas de Colombia. La palabra fusiona sentir y pensar: pensamiento-sentimiento, o sentimiento-pensamiento. La idea central es que el conocimiento no se produce solo por la razón, separado de la emoción, la encarnación y la experiencia relacional. Fals Borda observó que las comunidades de pescadores y campesinos con las que trabajaba no separaban la comprensión intelectual del compromiso afectivo y experiencial con el mundo; su conocimiento del mar, la tierra y la comunidad era simultáneamente sentido y razonado. El concepto ha sido adoptado de manera más amplia en el pensamiento descolonial y del buen vivir latinoamericano, y es relevante para los contextos de los derechos indígenas porque muchas epistemologías indígenas se resisten de manera similar a la separación del saber del ser, el sentir y el relacionarse.