Le projet d'enregistrement des titres de propriété foncière de la BID doit être repensé pour éviter la violation des droits des peuples autochtones et l’augmentation de la déforestation

El futuro de un proyecto de titulación de tierras de 80 millones de dólares americanos en el Perú, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), pende de un hilo. La AIDESEP, una organización de pueblos indígenas de la Amazonía peruana, sostiene que los conflictos sobre la tierra y la destrucción de los bosques se verán intensificados como resultado de la iniciativa. Las organizaciones indígenas han presentado una petición ante el Gobierno peruano exigiendo un proceso de consulta oficial antes de que el proyecto se ponga en marcha.

El proyecto busca registrar y otorgar títulos de tierras a más de 700 000 agricultores migrantes. Sin embargo no garantiza la protección de cientos de comunidades indígenas en el Amazonas, cuyas tierras siguen sin protección alguna a pesar de años de protestas por parte de las comunidades, y de las obligaciones jurídicas del Gobierno peruano de brindar dicha protección.“Esto no puede ser posible, seguir pensando que en la selva hay solamente monte sin comunidades indígenas es un error, nosotros exigimos se respete nuestro derecho a la vida, asegurando nuestros territorios […]”, dijo Henderson Rengifo, presidente de la AIDESEP. El Proyecto Catastro, Titulación, y Registro de Tierras Rurales en el Perú, TerceraEtapa – PTRT3, se centrará principalmente en un programa masivo de titulación y registro para más de 700 000 tierras individuales propiedad de agricultores. Un programa de trabajo mucho más pequeño tiene como objetivo asegurar los títulos de propiedad de 228 comunidades indígenas en el Amazonas y de otras 228 comunidades en los Andes.Los conflictos de la tierra y la destrucción de los bosques reinan en la Amazonía peruana. Sin embargo, el Gobierno peruano sigue promoviendo la colonización agrícola ocasionando un aumento en las tasas de deforestación, tal y como se explica en el reciente informe de AIDESEP-FPP. Al mismo tiempo, el Gobierno de Perú no otorga un reconocimiento legal seguro a más de 1000 comunidades indígenas y a aproximadamente 20 millones de hectáreas de territorios indígenas sin protección, identificados en un informe exhaustivo recopilado por la AIDESEP. Mientras estas contradicciones existan se seguirán presentando eventos aterradores como los asesinatos recientes de los líderes Asháninka que estaban defendiendo su territorio. 

A pesar de los continuos esfuerzos por parte de la AIDESEP para participar e informar tanto al BID como al Gobierno peruano de los posibles daños del proyecto, el préstamo fue aprobado por dichas entidades en diciembre de 2014.

La falta de priorización de la titulación de las tierras indígenas no solamente hace caso omiso de las lecciones aprendidas en las evaluaciones oficiales de las inversiones de la titulación de tierras comisionadas por el BID, sino que además viola las obligaciones jurídicas de Perú para proteger los territorios de los pueblos indígenas. Esto incluye la obligación del Estado de abstenerse de otorgar concesiones o “realizar [….] actos que […] afecten la existencia, el valor, el uso o el goce de los bienes ubicados en la zona geográfica donde habitan y realizan sus actividades los miembros de la Comunidad”* hasta que se haya completado la delimitación, demarcación y titulación de los territorios de los pueblos indígenas.

También señalan que el programa pone en peligro los esfuerzos paralelos de otros proyectos del BID en el Perú, como el Programa de Inversión Forestal, para detener y poner freno a las tasas de deforestación, así como las ambiciones elevadas del Gobierno peruano de disminuir la deforestación neta a cero para el año 2020.

Algunos funcionarios superiores del Ministerio de Agricultura y el BID** respondieron a la petición oficial de la AIDESEP anunciando que esperan rediseñar  el proyecto y recomiendan que se dé prioridad a la titulación de las tierras indígenas. Bernabé Impi, líder de la AIDESEP, insistió en que procederán con la presentación de una demanda oficial ante el mecanismo de quejas del BID si el proyecto no se reformula tal y como se prometió.

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* Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79, párr. 153‐2. El Estado debe abstenerse de “realizar, hasta tanto no se realice esa delimitación, demarcación y titulación, actos que puedan llevar a que los agentes del propio Estado, o terceros que actúen con su aquiescencia o su tolerancia, afecten la existencia, el valor, el uso o el goce de los bienes ubicados en la zona geográfica donde habitan y realizan sus actividades los miembros de la Comunidad”.

** www.aidesep.org.pe/aidesep-y-bid-revisan-ptrt3-para-no-vulnerar-territorios-indigenas/