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Lideresas indígenas alertan a la CIDH del avance de la violencia contra las mujeres defensoras y sus territorios en la Amazonía peruana

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Three Amazonian women wearing colourful regalia sitting on a panel, there is a screen behind them projecting the image of the speaker, and a screen in front leaning on the long table showing the same
Cinco lideresas de pueblos indígenas de la Amazonía peruana participaron en una audiencia temática organizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para visibilizar la violencia contra las mujeres defensoras de territorios indígenas a causa del avance de las economías ilegales como el narcotráfico, la minería ilegal, la tala y el tráfico de tierras. 

La audiencia temática regional titulada Situación de las mujeres indígenas defensoras en contextos de economías ilegales (PS 196-2046), se llevó a cabo el 04 de agosto de 2026 en Washington, DC durante el 196º período de sesiones de la CIDH.  

Por parte de las lideresas y representantes de los pueblos indígenas de la Amazonía peruana participaron Teresita Antazú López, de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP); Elaine Shajian Shawit, de la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas San Lorenzo (CORPI-SL); Matut Impi Ismiño, del Gobierno Territorial Autónomo Awajún (GTAA); Olivia Bisa Tirko, del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Chapra; y Kelly Valera Silva, de la Organización Regional de Guardia Indígena del Pueblo Shipibo-Konibo-Xetebo (ORGI). 

Esta audiencia en la CIDH se desarrolló a raíz de una solicitud colectiva presentada por AIDESEP, la Alianza Cuencas Sagradas Amazónicas, la Fundación Pachamama, la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), el Forest Peoples Programme y el Instituto de Defensa Legal (IDL), así como el apoyo también de Rainforest Foundation US, Indian Law Resource Center, Asociación Fronteras Amazónicas (AFRONTA), CooperAcción y el Water Protector Legal Colective para el viaje de la delegación de lideresas. 

En representación de la CIDH participaron: Andrea Pochak (vicepresidenta primera de la CIDH y presidenta de la audiencia), Marion Bethel (relatora para Perú y derechos de las mujeres) y Riyad Insanally (Relator de derechos de pueblos indígenas) y María Claudia Pulido (secretaria ejecutiva adjunta). 

Un contexto de amenazas permanente

Hoy venimos ante ustedes cinco lideresas, defensoras indígenas para denunciar la grave situación que enfrentamos ante el avance de las economías ilegales que vulneran nuestros derechos y ponen en riesgo nuestro territorio (…) en la Amazonía peruana se expande el narcotráfico, la minería ilegal, la tala ilegal, el tráfico de tierras, provocando la invasión y el despojo de nuestros territorios que nos afecta a las mujeres indígenas defensoras y dirigentas”, dijo Teresita Antazú. 

La lideresa Teresita Antazú de AIDESEP recordó sobre el trágico caso de los líderes asesinados de la comunidad nativa ashéninkca Alto Tamaya Saweto en la región de Ucayali y el contexto de impunidad y la larga búsqueda de justicia de parte de las viudas, ante un abandono del Estado. También se hizo referencia a la comunidad asháninka Nueva Austria en la región de Huánuco y su permanente inseguridad jurídica. 

Antazú tuvo una especial mención al contexto pro-crimen en el país favorecido por el poder legislativo del gobierno pasado, donde destacó a la llamada Ley Anti Forestal que facilita la ilegal y la invasión de territorios, la continuación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) y la llamada Ley APCI (Agencia Peruana de Cooperación Internacional), que favorece la criminalización de la defensa de los derechos indígenas. 

Actividades disfrazadas de legales que violan derechos indígenas

Olivia Bisa reflexionó también de cómo ciertas actividades consideradas legales afectan a las mujeres y los territorios, además de convivir con las ilegales:

En nuestro territorio las actividades extractivas se relacionan con las actividades ilegales. Ambos nos traen invasores. Las redes criminales no llegan solas, conviven. En la Amazonía la actividad petrolera ha abierto paso a los invasores dedicados a la tala y minería ilegal y narcotráfico. Y con ello la trata de personas, el contagio de enfermedades y violencia”. 

En ese sentido, Elaine Shajian de CORPI SL, solicitó al Estado peruano la declaración de la nulidad de las concesiones petroleras, mineras, gasíferas y de infraestructura que se superponen a los territorios indígenas, sin haber respetado el debido derecho a la consulta y al consentimiento previo libre e informado. 

La dirigente Matut del GTAA remarcó también ese contexto de otorgamiento de derechos a terceros por parte del Estado, como las concesiones mineras en los ríos amazónicos, y cómo terminan conviviendo con economías ilegales se enquistan en territorios indígenas. 

Los terceros se aprovechan y abusan de las mujeres para acceder a los territorios y se ha incrementado la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes indígenas y la trata de personas, y por ello nuestro pueblo peligra por el alto nivel de contagio por alto nivel de contagio del VIH-SIDA”, dijo Matut. 

La desatención estatal 

Olivia Bisa dio cuenta de cómo frente a las denuncias ante el Estado, emergen las excusas y son los pueblos indígenas que deben organizarse para defender la vida. 

Cuando hemos ido a denunciar, nos dicen que no hay presupuesto para ir y confrontar o actuar en el momento (…) El Estado peruano no está preparado para salvar la vida de una defensora amenazada. Solo actúa para levantar los cadáveres o cuando estamos silenciados o desaparecidos”, dijo Bisa. 

Por su lado, la dirigenta Kelly Valera, de la ORGI, habló de las distintas amenazas a las comunidades shipibas y también del también del pueblo kakataibo y en contexto de desatención que sufren: 

La Policía no actúa, las comisarías están lejos en las ciudades y no tienen botes, camionetas, ni computadoras. No son exageraciones, son hechos.”

También Valera rescató el papel que juegan las guardias indígenas como un mecanismo de autoprotección territorial y ejercer la justicia indígena.  

La criminalización 

Las lideresas indígenas manifestaron ser la primera línea de lucha contra las economías ilegales, pero que a cambio han recibido la criminalización de parte del Estado. 

No es fácil venir acá a decir que estamos siendo perseguidas, que estamos siendo criminalizadas, que estaos viviendo como una prisión domiciliaria. Venir a decir: “¡Queremos vivir en nuestros territorios libres!” dijo Olivia Bisa. 

Kelly Valera pidió al Mecanismo Intersectorial para la protección de personas defensoras que la criminalización sea considerada una fuente de riesgo y que se aprueben los lineamientos para que la Policía Nacional del Perú trabaje directamente con las organizaciones indígenas y defensores respetando sus autonomías.  

La violencia diferenciada 

Por su lado la apu Kelly remarcó la necesidad de evidenciar y atender esas aristas de violencia diferenciada que sufren las mujeres defensoras:

La violencia no afecta igual a hombres y a mujeres. A nosotras nos discriminan por ejercer el liderazgo, salir de casa y alzar la voz.

La dirigente Elaine Shajian, narró también del impacto de la falta de acceso a la justicia que afecta a las mujeres indígenas, pues son ellas quienes terminan siempre reclamándola.

Pedidos al Estado y a la CIDH

Entre algunos de los pedidos concretos hechos por las cinco lideresas, se rescataron: la erradicación de la minería ilegal en coordinación con los pueblos y nacionalidades indígenas; la derogación de las leyes pro-crimen; garantizar el acceso efectivo a la justicia; exigir la captura inmediata de los perpetuadores en el crimen de Alto Tamaya Saweto; la reparación colectiva a las familias y comunidades de dirigentes asesinados; el establecimiento de medidas de protección para las mujeres que buscan justicia; reconocer formalmente los mecanismos de autoprotección como las guardias indígenas y la Seguridad Indígena Amazónica (SIA); la necesidad de fortalecer el Mecanismo Intersectorial y lograr lineamientos de actuación policial de parte del Ministerio del Interior; que los Gobiernos Regionales tengan obligaciones en el marco de los mecanismos de protección de personas defensoras; y que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables implemente una atención integral para las mujeres defensoras. 

Las lideresas estuvieron acompañadas por Rocío Trujillo, abogada de AIDESEP; Gisela Loayza, de Cuencas Sagradas; Marité Bustamente, del CEAS y Álvaro Másquez, del IDL, quienes ampliaron en relación con los pedidos hacia la CIDH. 

La respuesta desde el Estado 

Por su lado, el Estado peruano estuvo compuesto por la participación del Ministerio de la Mujer, Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, la RENIEC, la Fiscalía Intercultural, Presidencia del Consejo de ministros y otros. 

En líneas generales, desde el Estado se dio cuenta de las acciones que consideran oportunas para el abordaje de las economías ilegales que afectan territorios indígenas, las políticas para atender la protección de derechos individuales y colectivos de las mujeres indígenas, y las medidas de protección en el marco el mecanismo intersectorial para la protección de personas defensoras. Entre las participaciones, resaltó la honestidad del Ministerio de Justicia al decir que las medidas de protección son imprescindibles, pero a la fecha no resuelven las causas estructurales. 

Reacciones de la CIDH 

Marion Bethel, relatora para Perú y derechos de las mujeres, reconoció la valentía de las lideresas indígenas por sus testimonios, además de que el Estado debe fortalecer su actuación y sus mecanismos para enfrentar de manera concreta y no en papel, a las economías ilegales que amenazan a las mujeres defensoras. Por su lado, Riyad Insanally, Relator de derechos de pueblos indígenas, apuntó a que el mecanismo intersectorial podría ser insuficiente ya que no aborda la erradicación de las economías ilegales que afectan medios de vida de pueblos indígenas. María Pulido rescató la importancia de evaluar la situación de los pueblos transfronterizos. Finalmente, la presidenta Pochak apuntó a que las medidas estatales seguirían siendo insuficientes frente a las graves violaciones que se siguen perpetuando. Aunque reconoció la buena voluntad del Estado en aceptar una visita in loco de la CIDH al Perú. 

 


Información General

Tipo de recurso:
News
Fecha de publicación:
5 agosto 2026
Región:
Perú
Socios:
Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP)