A un año del asesinato del líder indígena Quinto Inuma, exigimos justicia integral

Hoy, 29 de noviembre de 2024, se cumple un año de la desaparición física de Quinto Inuma Alvarado, quien fue un líder indígena peruano y parte del Grupo Directivo de la Coalición de Tolerancia Cero (ZTI, por sus siglas en inglés). Quinto fue cobardemente asesinado en el marco de su inclaudicable defensa de derechos humanos de su pueblo y de la protección colectiva de las tierras de su comunidad; Santa Rosillo de Yanayacu. En este contexto, este comunicado no es solo un homenaje a su lucha sino una firme exigencia en los términos que seguidamente pasamos a detallar:  

1) Acceso a la justicia: De los siete supuestos implicados en el asesinato de Quinto, cuatro se encuentran con prisión preventiva y uno se encuentra pendiente de requisitoria por la justicia. Si bien las diligencias han avanzado después de mucha incidencia de los familiares, de la comunidad, del movimiento indígena y del equipo técnico que les acompaña, la sola presencia de un implicado libre —en las inmediaciones de la comunidad—, genera amenazas latentes para los familiares de Quinto. En este contexto, es necesario que las autoridades peruanas redoblen esfuerzos para investigar el caso debidamente y con celeridad, y así generar acusaciones fiscales sólidas en tiempo y forma.

2) Titulación que no llega: A un año de su asesinato, el sueño de Quinto Inuma de ver a su comunidad con seguridad jurídica territorial, continúa muy lejano. La Mesa Técnica de Titulación de Comunidades Nativas en la región San Martín —así como la activación de un Comité Ad Hoc para resolver el conflicto territorial en la comunidad en el 2021—, no ha generado resultados ni muestran una voluntad política para destrabar todos los obstáculos y avanzar hacia la titulación definitiva de las tierras de la comunidad. 

Tal ha sido la indefirencia en relación con el  asesinato de Quinto, que unos meses después del mismo, la autoridad forestal regional otorgó derechos a terceros sobre el territorio que reclama la comunidad. Así las cosas, la falta de seguridad territorial profundiza la situación de vulnerabilidad, principalmente, de la comunidad. Ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) —al otorgar medidas cautelares a favor de la Comunidad Santa Rosillo de Yanayacu—, le indicó al Estado peruano esta relación de causas estructurales referentes a las amenazas en el territorio y la desprotección jurídica de este. 

En este sentido, exigimos al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego  (MIDAGRI), en especial a la Unidad Ejecutora de Gestión de Proyectos Sectoriales (UEGPS) —que ejecuta el Proyecto de titulación PTRT3—, así como a la Dirección Regional Agraria de San Martín, que consideren como meta principal la titulación a la comunidad dentro de la región San Martín.

3) Protección de vidas en la comunidad: Lamentablemente, pese a los pedidos de la comunidad —e incluso— en el marco de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH, la policía ha rechazado la creación de un Puesto de Auxilio Rápido de la Policía Nacional del Perú en territorio comunal, pese a que la comisaría más próxima se encuentra a seis horas de distancia. Este rechazo, lo justifican por carencia de recursos. Sin embargo, esta falta de presupuesto y de logística no puede ser la justificación para negar o dilatar la activación del puesto que la comunidad viene reclamando por años. La inacción ante estos casos solo contribuye a perpetuar la impunidad y a poner en riesgo a quienes dedican su vida a la defensa de sus territorios y derechos ancestrales.

4) Retiro de los cargos de Agente Municipal y Teniente Gobernador dentro de la comunidad: La comunidad nativa de Santa Rosillo ha pedido por años que se retiren estos cargos —nombrados por el Municipio Distrital de Huimbayoc y el Ministerio del Interior—, ya que socavan la legitimidad de las autoridades comunales, favoreciendo a colonos que han llegado por el tráfico de tierras y generado el aumento de actividades ilegales dentro del territorio comunal. Estos cargos, contribuyeron también, a la emergencia del caserío Santa Rosillo, con parcelas rurales individuales, y que se superponen y oponen a la titulación colectiva de las tierras de la comunidad. 

En este marco, exigimos la nulidad de la designación de estas autoridades y así respetar a las autoridades legítimas comunales.  

5) Reparación a la familia de Quinto y a la comunidad: El Estado es también responsable por el asesinato de Quinto. Su muerte pudo haberse evitado si hubiese habido voluntad política para proteger su vida, que contaba con todos los papeles de protección, y no solo para llegar en estampida ministerial mediática a San Martín, un día después de su muerte. La indiferencia del Estado ante las amenazas que sufrió Quinto Inuma en vida constituye una forma de complicidad con aquellos que perpetraron su asesinato. Por ello, exigimos que el Estado peruano pueda brindar las reparaciones correspondientes a Quinto y su familia —incluyendo indemnizaciones sensatas y respetuosas de la vida—, así como a su comunidad, sabiendo aún que nada les devolverá la sonrisa del recuerdo de Quinto en vida.

6. Protección efectiva de defensores indigenas y no de papel: El asesinato del apu Quinto es una pérdida irreparable para su familia, para su comunidad y para la causa indígena en general. Así tambien, el asesinato de Quinto también desnuda la grave situación de riesgo y vulnerabilidad en la que se encuentran los defensores y defensoras indígenas en el Perú y en Latinoamérica. Esto es así ya que, Quinto Inuma, pese a contar con garantías personales y la activación del mecanismo intersectorial para la protección de personas defensoras de los derechos humanos del Ministerio de Justicia a su favor, fue abatido a tiros. La protección de las vidas de líderes y lideresas indígenas sigue fallando en el país, por ello llamamos a que el Estado proteja —efectivamente—, sus vidas en la práctica y no en el papel.