Caso Puerto Franco: Sala Mixta de Juanjuí vuelve a reprogramar audiencia clave para definir situación de comunidad kichwa frente al despojo de su territorio

Anteriormente, la audiencia convocada para el pasado 25 de marzo del 2025 fue reprogramada por la falta de inclusión de los caseríos vecinos de la comunidad como parte del proceso y porque no se había corrido traslado de las pruebas adicionales solicitadas, ya que CIMA, la Agrupación Maderera Alto Biavo S. A. C. y el SERNANP, entidades demandadas en el caso, habían presentado “información adicional” como fundamentos de su recurso de apelación recién el mismo día de la audiencia. Lamentablemente, en dicha ocasión la Sala no reprogramó a tiempo la audiencia y la comunidad se vio afectada por haberse desplazado aproximadamente 6 horas para llegar a la Sala de Juanjui.

Ahora, la nueva audiencia, programada para el 8 de abril, tampoco fue reprogramada a tiempo, pese a que se realizó un pedido de reprogramación que fue ingresado por la parte demandante cuatro días antes, al tomar conocimiento de que la Asociación Frente

de Defensa de los Caseríos de las Cuencas uno y dos del distrito de Alto Biavo fueron aceptados como litisconsorte, por lo que se debía considerar un plazo adecuado para la contestación de la demanda. Asimismo, se advirtió la falta de notificación de actuaciones procesales, pedido que fue declarado improcedente por el colegiado que integra la sala.

La parte demandante realizó todo ello con el fin de evitar nulidades posteriores que afecten el derecho de la comunidad de Puerto Franco y del CEPKA, hechos que ya sucedieron lamentablemente en el pasado, cuando los demandantes ganaron históricamente el caso en 2023, pero esta misma sala retrayó todo el proceso hasta antes de la audiencia única.

“Nosotros no somos juguetes. Somos hombres y mujeres que hoy nos levantamos y vamos a luchar hasta el último. Nosotros pertenecemos a Puerto Franco, hombres y mujeres. Me molesta esto, no somos juguetes, con esto ya son dos veces en que nos engañan. Hace unos días también sucedió lo mismo. No nos vamos a dejar, tal como lucharon nuestros abuelos y padres, así lucharemos, como ellos, hasta el último”, expresa con énfasis Elena Salas, comunera de Puerto Franco.

Por su parte, Cristina Gavancho, abogada del IDL que acompaña el caso, sostiene que el proceder de la Sala vulnera el derecho al acceso a la justicia. “Llama poderosamente la atención la celeridad con que la Sala está atendiendo este caso, teniendo en cuenta los plazos en las oportunidades anteriores y considerando que se está atendiendo una causa con una sentencia estimatoria, cuya ejecución anticipada no se ha solicitado. Pareciera que el cumplimiento de esas reglas procesales que aplica fuera de toda predictibilidad y la flexibilidad que sustenta para incorporar al litisconsorte solo son aplicables por su despacho a las emplazadas, mas no para proteger debidamente los derechos procesales de la parte demandante, en completa contravención, como bien lo hemos venido documentando, del derecho al acceso a la justicia con pertinencia cultural que les asiste”, señala.

Aunque la virtualidad es una alternativa para la audiencia pública, la comunidad, al tener que hacer informes de hechos, podrían verse afectados por motivos de conectividad. Por ello, deciden asistir de manera colectiva y presencial a la Sala, esperando justicia después de casi 25 años de violaciones de derechos por parte del PNCAZ.

“Nos están jugando absolutamente sucio a las comunidades indígenas. Así como ellos merecen respeto, nosotros también lo merecemos, mucho más. Nos están despojando de nuestras comunidades. No solo le está pasando a Puerto Franco, sino en las 4 regiones: Huánuco, Ucayali, Loreto y San Martin. ¿De qué cuidado del medio ambiente nos hablan? Ellos dicen que hay que cuidar; sin embargo, han dado concesiones. Ellos manejan el poder y utilizan documentación falsa. Nosotros no somos instituciones. Somos un pueblo oriundo. Nuestra raza lo dice, nuestro apellido lo dice. Conocemos nuestro derecho y estamos reclamando lo que nos pertenece como indígenas”, exclama Alpino Fasabi, comunero y exapu de Puerto Franco.

En juego caso emblemático para pueblos indígenas

Este proceso tiene por demandados al Ministerio del Ambiente (MINAM), el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), la Dirección Regional Agraria del Gobierno Regional de San Martín y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), y en la que el Centro de Conservación, Investigación y Manejo de Áreas Naturales (CIMA) ha sido incorporada por su rol en la gestión del PNCAZ, en su calidad de Ejecutor de Contrato de Administración.

Como se recuerda, en diciembre de 2024, Puerto Franco ya ganó en primera instancia el caso, lo cual marcó un hito histórico para los pueblos indígenas contra la conservación excluyente en Perú. Con dicha sentencia, el Juzgado Mixto de Bellavista de la Corte Superior de Justicia de San Martín ordenó la titulación de su territorio ancestral, sobre un área dentro del PNCAZ y concesiones forestales. También ordenó la consulta previa de la creación del PNCAZ y que se cumpla con el derecho de la comunidad a beneficiarse de las actividades de conservación que se realizan en su territorio, como el Proyecto REDD+ del PNCAZ.

Frente a este escenario, las organizaciones indígenas a nivel nacional e internacional, así como las organizaciones que trabajan por el respeto de los derechos humanos, permanecen atentas al accionar de la Sala Mixta Descentralizada de Juanjuí. Se espera que, para la audiencia programada esta vez para el 29 de abril de 2025, no haya sorpresas que afecten el derecho de la comunidad en su búsqueda de justicia, sobre todo al tratarse de un caso emblemático de conservación que viola derechos territoriales de pueblos indígenas.