¿Cómo puede el proyecto WaTER de la UE ayudar a garantizar, no socavar, los derechos humanos en Kenia?

Las implicaciones que el programa de la UE para la protección de depósitos de agua y de mitigación y adaptación al cambio climático (proyecto WaTER) pueda tener para los derechos humanos generan una preocupación creciente dentro de la sociedad civil local, nacional e internacional. Dicho proyecto de 31 millones de euros, se centra en un área de Kenia con un historial de problemas de derechos humanos enormemente preocupantes.

Los dos pueblos indígenas afectados, los ogiek del Monte Elgon y los sengwer de las colinas Cherangany, han sufrido durante mucho tiempo violaciones flagrantes de sus derechos humanos en forma de desalojos forzosos en masa por parte de organismos públicos de conservación, principalmente el Servicio Forestal de Kenia (KFS por sus siglas en inglés). Los guardias del KFS llevan a cabo estos desalojos, a menudo con el apoyo de la policía, incendiando las casas de los miembros de la comunidad, quemando sus bienes (alimentos, mantas, etc.) y dejando a las familias expuestas al frío y al hambre.

Los desalojos se hacen bajo el pretexto de “proteger los bosques”, pero los bosques son el hogar ancestral de los ogiek y los sengwer, cuya capacidad para cuidar y proteger esos bosques está siendo totalmente menoscabada con estas acciones.

Los desalojos se producen a pesar de que los derechos de los ogiek y los sengwer sobre sus tierras están reconocidos en la Constitución de Kenia (concretamente el artículo 63[2][d]) y en la Ley de Tierras Comunitarias de 2016.

En consonancia con la Constitución y las mejores prácticas internacionales de conservación, las comunidades forestales de Kenia han propuesto que se asegure su tenencia consuetudinaria colectiva sobre las condiciones de conservación con el fin de recibir el apoyo de los organismos del Estado para conservar sus tierras ancestrales, en lugar de ser desalojadas de ellas a la fuerza y que sus bosques queden a merced de las industrias extractivas.

En este contexto, el posible impacto del proyecto WaTER sobre los sengwer, los ogiek y los bosques mismos suscita una preocupación seria, dado que parece seguir un modelo de conservación que no reconoce los derechos de las comunidades, ni siquiera su existencia. Esta falta de reconocimiento es evidente en los proyectos de la UE:

1. falta de cualquier consulta significativa a las comunidades;
2. falta de una adecuada evaluación de los impactos en los derechos humanos y de la debida diligencia, sin que se mencione ni a los ogiek ni a los sengwer en la documentación del proyecto WaTER de la UE;
3. intención de fortalecer, en lugar de cambiar, la cultura de desalojos y exclusión del KFS.

El objetivo declarado del proyecto WaTER es mejorar el ecosistema mediante el aumento de la cubierta forestal, la mejora de la gestión de los paisajes y los recursos naturales así como la mejora de los sistemas de gestión de residuos, beneficiando al mismo tiempo a las comunidades rurales. Estas metas son encomiables, pero un examen de la metodología sugiere que es muy improbable que se alcancen.

Existe un claro peligro de que se vuelvan a repetir los mismos errores que, según concluyó el Panel de Inspección del Banco Mundial, se cometieron en su Proyecto de Gestión de los Recursos Naturales (NRMP por sus siglas en inglés). Dicho panel constató que el Banco no había tomado “las medidas adecuadas para abordar la posible pérdida de derechos consuetudinarios” (resumen del informe, párr. 19: ix). También determinó que el proyecto había fracasado en el sentido de que había mantenido las condiciones para nuevos desalojos al no identificar, abordar o mitigar adecuadamente el hecho de que la institución a la que estaba financiando, el Servicio Forestal de Kenia, estaba y sigue estando comprometida con los desalojos “antes, durante y después de la conclusión del NRMP” (resumen del informe, párr. 27).

Al igual que el NRMP no cumplía con sus propias políticas de salvaguardia, el proyecto WaTER se desarrolla sin referencia a los derechos a la tierra de las comunidades de los ogiek y los sengwer, y no será compatible con la política y la legislación de la UE, entre otros el Consenso Europeo sobre Desarrollo, el Plan de Acción de la UE para los Derechos Humanos y la Democracia, y las obligaciones en materia de derechos humanos vinculantes para las instituciones de la UE en virtud de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (CFR por sus siglas en inglés).

Para ilustrar la urgencia de la cuestión cabe mencionar que hace apenas unos meses, en junio de 2016, se incendiaron casas de los ogiek, y más recientemente, el 1 de diciembre, los sengwer recibieron un aviso de desalojo en masa con siete días de antelación, y ese mismo día muchas de sus casas fueron quemadas. El día 8 de diciembre el Tribunal de Eldoret dictó un nuevo mandato judicial contra esos desalojos. Sin embargo, en una reunión celebrada el 15 de diciembre el Presidente de la Comisión Nacional de Tierras de Kenia (NLC por sus siglas en inglés), que fue establecida para resolver problemas de tenencia de la tierra en el país, dijo a los Sengwer que les daba 14 días para salir del bosque de Embobut, situado en las colinas Cherangany. Según los Sengwer presentes, “incluso dijo que la comunidad Sengwer está sufriendo actualmente por negarse a trasladarse fuera de los bosques cuando el Gobierno colonial catalogó estos bosques como bosques estatales”.

Este hecho fue un giro sumamente decepcionante y sorprendente de los acontecimientos para los sengwer. La NLC no tiene competencia para desalojar a nadie. La Constitución de Kenia le otorga competencia para resolver problemas de injusticia histórica. Los sengwer le dijeron que todavía están reclamando sus derechos y siguen viviendo en Embobut, pero escondidos en cuevas y en la espesura del bosque para intentar evitar el acoso del KFS.

Los Sengwer han apelado a todos los interesados, incluida la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH), para que:

• insten al Gobierno de Kenia a detener los desalojos y seguir un proceso de diálogo sincero y transparente;
• insten al Banco Mundial a apoyar ese proceso de diálogo como se recomienda en el informe del Panel de Inspección, aprobado por el Directorio Ejecutivo del Banco en 2014;
• insten a la Unión Europea, el Banco Mundial, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Gobierno finlandés, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y otros donantes a suspender su apoyo a proyectos relacionados con la conservación y el cambio climático en Kenia hasta que la ley garantice, respete y proteja los derechos de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas sengwer que viven en los bosques;
• insten al Gobierno keniata a revisar la Ley de conservación y gestión forestal de 2016 de manera que reconozca los derechos de los pueblos indígenas de los bosques a poseer sus tierras ancestrales y vivir en ellas de forma sostenible dentro de áreas o bosques protegidos en condiciones de conservación, trabajando en estrecha colaboración con organismos estatales que les presten apoyo técnico.

El FPP, FERN y otras organizaciones de conservación y de derechos humanos implicadas han escrito a la UE solicitando que esta aborde las repercusiones del programa WaTER para la conservación y los derechos humanos asegurándose de que no hace ningún daño, y que por el contrario contribuye a fomentar un resultado beneficioso para la protección de los derechos humanos y de los bosques, garantizando la “tenencia comunitaria en condiciones de conservación”, mediante el reconocimiento y el apoyo a los ogiek y sengwer como dueños-conservadores de sus tierras ancestrales.

El FPP entiende que en la actualidad la UE es muy consciente de la situación de los derechos humanos sobre el terreno, incluidos estos desalojos forzosos, y que la UE tiene un sólido marco de políticas para proteger los derechos humanos de los pueblos indígenas. Estamos totalmente convencidos de que investigará si tiene que ajustar el proyecto y cómo, para asegurar el pleno cumplimiento de sus compromisos jurídicos y políticos de manera que garantice la protección de los derechos humanos en lugar de socavarlos.Justin Kenrick