Defensores indígenas de los bosques piden protección al Estado peruano en medio del incremento de la tala ilegal, la producción de narcóticos y las amenazas

Hicler Rodríguez Guimaraes, apu koshi (jefe) de la comunidad, dijo: “La vida de todos los miembros de la comunidad se encuentra bajo inminente riesgo ser asesinados por narcotraficantes y taladores ilegales de madera, si las autoridades no toman atención podríamos sufrir consecuencias graves”.

“Hacemos un llamado a la opinión pública y a la comunidad internacional para que digan que la vida de los defensores del bosque y el territorio se encuentra bajo amenaza”, agregó.

La comunidad Shipibo, que se encuentra en la cuenca del río Utuquinia de la región Ucayali, es el hogar de 365 personas. En años recientes, los líderes comunitarios han denunciado el acaparamiento de tierras y la expansión agresiva de la tala y el cultivo ilícito de coca para la producción de cocaína en sus tierras.

Sin embargo, según Miguel Guimaraes, presidente de FECONAU, la situación se ha agravado desde que la pandemia de COVID-19 llegó a la Amazonía peruana:

“Durante la emergencia sanitaria declarada por el gobierno por la pandemia del COVID-19, se han incrementado muchas actividades ilegales que afectan los territorios de los pueblos indígenas y ponen en riesgo la vida de nuestras autoridades comunales y líderes de nuestra federación”.

En junio de 2020, los vigilantes comunitarios se encontraron con madereros ilegales cuando realizaban un patrullaje de monitoreo de su territorio. El presidente del Comité de Vigilancia Comunitaria, Saúl Martínez Guimaraes, comenzó a recibir amenazas de muerte luego de confiscar la madera ilegal. Posteriormente, mientras realizaban el mantenimiento de sus sendas limítrofes durante agosto, los miembros de la comunidad descubrieron que alrededor de 30 hectáreas de sus bosques habían sido deforestadas para la producción ilícita de coca.

La situación en Flor de Ucayali refleja un patrón más amplio a través de la Amazonía peruana, donde al menos media docena de líderes indígenas y defensores de los derechos humanos y de la tierra han sido asesinados durante 2020.

El 11 de septiembre, Roberto Carlos Pacheco Villanueva, fue asesinado en su concesión forestal  en Madre de Dios, supuestamente por invasores de tierras vinculados a la minería ilegal.

El 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la policía peruana abrió fuego contra un grupo de manifestantes indígenas Kukama que exigían servicios básicos como agua y electricidad, atención médica y medicinas en la comunidad de Bretaña, en la región de Loreto. Esta represión policial cobró la vida de William López, Chemilton Flores y Elix Ruíz e hirió al menos a diez más. También resultaron heridos seis policías.

Otros líderes indígenas asesinados a principios de este año incluyen a Gonzalo Pío Flores, líder de la comunidad Ashaninka de Nueva Amanecer Hawai en Puerto Bermúdez, Junín, y cuyo padre, el líder Mauro Pío Peña, fue asesinado en 2013; y Arbildo Meléndez, líder de la comunidad Cacataibo de Unipacuyacu en Puerto Inca, Huánuco.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizará una audiencia el 6 de octubre de 2020 centrada en los vínculos entre la corrupción del Estado y los ataques y asesinatos de defensores de los derechos en la Amazonía. La Comisión examinará los casos emblemáticos  de cuatro comunidades indígenas: Alto Tamaya-Saweto, Santa Clara de Uchunya, Unipacuyacu y Nuevo Amanecer Hawai.

Flor de Ucayali se diferencia en un aspecto importante de otras comunidades amazónicas donde los defensores han sufrido amenazas y asesinatos: la comunidad ya posee un título de propiedad estatal para su territorio.

En este sentido, la actual situación crítica que enfrenta Flor de Ucayali plantea la pregunta de hasta qué punto esta forma de protección de derecho realmente brinda a las comunidades indígenas una seguridad efectiva en la tenencia de la tierra. La titulación de tierras comunales puede ser necesaria, pero por sí sola no es suficiente para garantizar la protección territorial. Esto es particularmente cierto en un contexto en el que el Estado no logra detener el despojo de tierras y la expansión asociada de la tala destructiva y la producción de narcóticos, y responsabilizar a los culpables.