El Fondo para el Medio Ambiente Mundial por fin planea adoptar salvaguardias sociales

 

En octubre de 2010 la directora del FMAM, Monique Barbut, anunció que el FMAM iba a elaborar políticas de salvaguardia. Estas salvaguardias abordarán los impactos ambientales y sociales de los proyectos, y en concreto abordarán las inquietudes particulares de los pueblos indígenas. Las salvaguardias serán aplicables a todas las agencias de implementación y de ejecución del FMAM, y una institución externa, o algún tipo de agencia, supervisará su cumplimiento. Los pueblos indígenas han aprovechado esta oportunidad y han elaborado y presentado una propuesta al Consejo del FMAM describiendo en líneas generales cómo se podría elaborar una política que aborde las cuestiones que les inquietan.

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El Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) es el mecanismo financiero del Convenio sobre la Diversidad Biológica (el CDB), la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP) y la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD).

Los proyectos financiados por el FMAM son puestos en práctica por diversos organismos (las agencias de implementación y de ejecución del FMAM), que son el Banco Mundial, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y diversos bancos regionales de desarrollo. La mayoría de los fondos se gastan en proyectos de adaptación al cambio climático y mitigación del mismo y en proyectos de diversidad biológica en países en desarrollo. En su quinta reposición el FMAM recibió una promesa de 4250 millones de USD de sus donantes, lo que supuso un considerable aumento con respecto a años anteriores. En total el FMAM ha distribuido solamente el doble de esa cantidad a proyectos desde su establecimiento en 1991.

Durante años,  ONG como el Forest Peoples Programme (Programa para los Pueblos de los Bosques) han llamado la atención sobre la anomalía de que el FMAM tenga su propia política de participación pública (adoptada en 1996), pero haya resistido llamamientos para adoptar una serie de salvaguardias relacionadas con los derechos humanos y la protección de los pueblos indígenas y las comunidades vulnerables. Desde la creación del FMAM, sus agencias de implementación y ejecución han estado sujetas únicamente a sus propias salvaguardias. Algunas agencias carecen de salvaguardias, mientras que otras no han aplicado las mismas normas a toda la cartera de proyectos del FMAM. Eso implica que cabe la posibilidad de que cuando un proyecto cause daños, las personas afectadas no dispongan de ningún mecanismo de recursos y reclamaciones, dependiendo de la agencia de implementación y ejecución que esté supervisando ese proyecto concreto financiado por el FMAM.

En octubre de 2010 la directora del FMAM, Monique Barbut, anunció que el FMAM iba a elaborar políticas de salvaguardia. Estas salvaguardias abordarán los impactos ambientales y sociales de los proyectos, y en concreto abordarán las inquietudes particulares de los pueblos indígenas. Las salvaguardias serán aplicables a todas las agencias de implementación y de ejecución del FMAM, y una institución externa, o algún tipo de agencia, supervisará su cumplimiento.

Los pueblos indígenas han aprovechado esta oportunidad y han elaborado y presentado una propuesta al Consejo del FMAM describiendo en líneas generales cómo se podría elaborar una política que aborde las cuestiones que les inquietan. Lo que aún está por ver es si el FMAM cumplirá sus compromisos y hasta qué punto permitirá que grupos de la sociedad civil y de los pueblos indígenas guíen el proceso. Los líderes de los pueblos indígenas insisten en que casi todos los gobiernos que participan en el FMAM han ratificado la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas (DNUDPI), y por tanto deben cumplir su compromiso de asegurar la plena participación de los pueblos indígenas en el establecimiento de normas internacionales, incluidas las normas para actividades del FMAM.

Un compromiso tan importante por parte del FMAM con la obligación pública de rendir cuentas podría estimular un cambio radical en la política ambiental, pero sólo si se adoptan normas eficaces basadas en derechos y se aplican reglas que respeten los derechos y formas de vida de los pueblos indígenas. El FPP y sus socios han mostrado que si las políticas de salvaguardia son superficiales y ambiguas o si contienen lagunas, no serán eficaces para las comunidades afectadas.

El resultado depende del contenido preciso de estas salvaguardias, cómo sean supervisadas en la práctica y qué tratamiento reciban las quejas, reivindicaciones e incumplimientos. Las ONG de justicia social, las organizaciones de pueblos indígenas y las ONG de desarrollo tendrán que examinar detenidamente el proceso de formulación de las políticas en los próximos meses para intentar asegurarse de que el FMAM incorpora normas eficaces.