El Gobierno peruano abre las puertas a entidades con fines de lucro en la gestión de ANP y ACR, mientras mantiene la exclusión de los pueblos indígenas a sus territorios ancestrales

El siguiente pronunciamiento fue publicado por la organización indígena kichwa CEPKA en respuesta a acciones por el Ministerio del Ambiente del Perú para consolidar el poder de actores privados en la gestión de las áreas naturales protegidas del país, a coste de los derechos y modos de vida de sus habitantes y dueños tradicionales: los pueblos indígenas.

El día 27 de julio del presente, el Ministerio del Ambiente (MINAM) emitió un proyecto para modificar el reglamento de la Ley N° 26834 de ANP, lo cual permitirá que la administración de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) y las Áreas de Conservación Regional (ACR) pueda realizarse a través de empresas privadas con fines de lucro. Frente a esto, el Consejo Étnico de los Pueblos Kichwa de la Amazonía (CEPKA), organización indígena que agrupa a 43 CC.NN. como base, ubicadas en las provincias de Lamas, San Martín, Tocache, Bellavista, Sisa y Picota de la región San Martín, hace un público rechazo a esta medida, ya que se busca reforzar el sistema excluyente con el cual se gestionan las ANP y ACR en la actualidad, priorizando los intereses de lucro de unos a costa de los derechos territoriales de los pueblos indígenas, continuamente vulnerados por el sistema de áreas naturales protegidas.

Una de las modificaciones propuestas al reglamento de la Ley de ANP es al Artículo 118, sugiriendo que para ser Ejecutor de un Contrato de Administración (CA) de una ANP o ACR se requiere ser una persona jurídica de derecho privado con o sin fines de lucro. A través de la justificación de generar mayores impactos en la sostenibilidad financiera de las ANP y ACR, el MINAM abre la puerta a nuevos actores cuyo fin son los negocios y, lo que es peor, lo hace haciendo eco a sus intereses por participar en la gestión de estas áreas.

Todo este tiempo nuestras comunidades han venido luchando y alzando la voz porque se titulen los territorios tradicionales que por negligencia del Estado cayeron en el ámbito de las ANP y ACR, pero ni el MINAM, ni el SERNANP, ni el GORESAM (a cargo del ACR) han querido escuchar, ni pensar en actuar rápido ante nuestras voces. Ya quisiéramos esa celeridad, que se le da al sector privado, a atender nuestras demandas de reconocimiento territorial, así como las de muchos hermanos y hermanas de otros pueblos indígenas amazónicos. Sin embargo, este paradigma de conservación colonial y neoliberal continúa invisibilizando y excluyendo la participación de las comunidades indígenas locales, afectando tanto a hombres y mujeres Kichwa en la transmisión de nuestros saberes del monte e impidiendo el acceso a caminos y sectores conocidos y recorridos por nuestros abuelos y abuelas en el pasado.

Desde el punto de vista jurídico, ya existe la obligación a los Estados a mirar a los pueblos indígenas como aliados y no como enemigos de la conservación. A través de la sentencia de la CIDH recaída en el caso pueblos Kaliña y Lokono vs. Surinam, la Corte “considera relevante hacer referencia a la necesidad de compatibilizar la protección de las áreas protegidas con el adecuado uso y goce de los territorios tradicionales de los pueblos indígenas” (párrafo 173). Además, el informe de la ex Relatora Especial del Consejo de Derechos Humanos sobre los derechos de los pueblos indígenas cuestiona el modelo conservacionista que no solo desconoce los derechos de los pueblos indígenas, sino que los invisibiliza y los expulsa de su territorio, negando sus aportes a la conservación de los bosques.

Para hacerles recordar la situación en la región San Martín, en el año 2001 y 2005 fueron creados el Parque Nacional Cordillera Azul (PNCAZ) y el Área de Conservación Regional Cordillera Escalera (ACR-CE) respectivamente, ambas sin una labor participativa en su conformación y menos a través de un proceso de consulta previa o con la obtención del Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) de las comunidades locales. A consecuencia de ello y por persistencia de sus administraciones se han venido desconociendo y, en varios casos, no queriendo ver que los bosques actuales que abarcan estas áreas son producto histórico del uso colectivo de parte de las poblaciones originarias. Esta continua exclusión también se hace presente cuando se actualizan los Planes Maestros de ambas áreas: el PNCAZ actualizó en 2017, mientras que el ACR-CE en 2018, ambos sin pasar por un proceso de consulta y menos reconociendo a todas las CC.NN. que se asientan y usan ambas áreas protegidas.

Con estas modificaciones que pretende el MINAM, una vez más se da la espalda a nuestra población Kichwa como socio estratégico para el cuidado de la biodiversidad, y es a través de ese abrazo a discursos racistas de que más solventes son otros, y que menos los son las comunidades indígenas en sus propios territorios, que se pretende imponer a modificaciones al reglamento de la Ley de ANP bajo el más absoluto desconocimiento histórico del origen de los bosques amazónicos y espacios que fueron categorizados injustamente como ANP o ACR, creando las condiciones de despojo de territorios.

La comunidad nativa de Puerto Franco, base del CEPKA, es un ejemplo claro, donde estando no titulada, sufrió la superposición del PNCAZ y actualmente sus territorios generan créditos para el mercado de carbono internacional, sin ningún beneficio tangible para la población indígena. Este modelo de mercantilización de la conservación es a lo que apunta el MINAM a perpetuar sobre territorios indígenas.

Por ello, se exhorta:

1. Al MINAM: que se enfoque en una conservación de la biodiversidad que contemple a las comunidades indígenas en la toma de decisiones, administración, planificación e implementación de acciones en las ANP y ACR ya que está comprobado ampliamente que, si es que se respetan sus derechos territoriales, la conservación se hace más efectiva.
2. Al MINAGRI: que atienda coordinadamente con el MINAM las trabas que existen hoy para la titulación de CC.NN. que sufrieron la superposición de ANP o ACR en sus territorios.

Finalmente, el CEPKA no se opone a la conservación de la biodiversidad, todo lo contrario, busca rescatar y visibilizar las acciones de conservación locales dirigidas desde las propias bases incluyendo las prácticas ancestrales que son amigables con los bosques, con conocimiento histórico del manejo y uso de la biodiversidad, y que aún permanecen fuera de la narrativa de conservación excluyente.