Indefensión estatal en las fronteras forestales que defienden las comunidades Kichwa de Huimbayoc en San Martín, Perú

Territorios indígenas no sólo no titulados, sino con derechos superpuestos

Ambas comunidades nativas, se encuentran reconocidas por la Dirección Agraria de San Martín desde los años 2015 y 2016, pero aún carecen del título de propiedad colectiva que otorga el Estado. Y por el momento, no se visualizan avances en los procesos de titulación de las áreas ancestrales que reclaman

A esta situación, se le suma la superposición territorial con Bosques de Producción Permanente, que son zonas boscosas susceptibles de recibir el otorgamiento de derechos, y con concesiones forestales maderables. En este último caso, la concesión TIMBERLAND SAC-A de la empresa TIMBERLAND SAC se superpone a ambas comunidades, donde en Anak Kurutuyacu lo hace en aproximadamente en un 95 % del total del territorio reclamado por la comunidad. Esta concesión tuvo en el 2009 un procedimiento administrativo único por incumplimiento de plan de manejo forestal por extracción fuera de los límites de la concesión y promover la extracción de especies maderables a través de terceros.

Por otro lado, la concesión TIMBERLAND SAC-C, también de la empresa TIMBERLAND SAC, se superpone a Santa Rosillo de Yanayaku en aproximadamente en un 45 % del total del territorio reclamado por la comunidad. Esta concesión tuvo un procedimiento administrativo único por incumplimiento de plan de manejo forestal en el 2008, y se declaró caduca el 2010. La comunidad desconoce el estado de actividad de esta concesión, aunque reportan actividades de extracción ilegal de madera dentro de ella.

La demora de años de la titulación colectiva ha generado una fuerte polarización interna, donde diversos grupos de colonos migrantes promueven la parcelación individual de los territorios colectivos, mientras realizan actividades ilegales. Además, centros poblados colindantes presionan a las autoridades agrarias para que eliminen el reconocimiento formal de Anak Kurutuyacu. El mismo alcalde del distrito de Huimbayoc, expresó el pasado diciembre en un acto discriminatorio y arbitrario, que las comunidades “no existen” porque algunos de sus comuneros y comuneras no hablan el idioma Kichwa, desconociendo las causas estructurales de opresión histórica que ha resistido el pueblo Kichwa, como la imposición violenta del castellano.

Es importante recalcar que el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas ya instó al Estado peruano a abordar las violaciones de los derechos territoriales. El Comité publicó sus observaciones finales sobre el desempeño del Gobierno peruano el 18 de mayo del 2018, y destacó su preocupación acerca de la “falta de mecanismos efectivos de protección de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras, territorios y recursos… lo cual continúa generando graves conflictos sociales”. Además, exhortó al Gobierno peruano a que: a) “establezca un mecanismo adecuado y eficaz que permita la reclamación y restitución de tierras y territorios ancestrales…” y a que “garantice la protección de los derechos que tienen los pueblos indígenas a poseer, utilizar, desarrollar y controlar con plena seguridad sus tierras, territorios y recursos, incluso mediante el reconocimiento legal y la protección jurídica necesarias de conformidad con los estándares internacionales.”

Protección a personas defensoras de los derechos humanos aún inefectiva en la práctica

“Me llama más mi sombra que un policía”, mencionó uno de los líderes comunitarios reflexionando sobre las amenazas que han vivido los últimos meses, pese a contar con garantías personales otorgadas por la Subprefectura distrital que aún no se efectivizan en la práctica.

Los dirigentes han tenido que recurrir a la intervención de la Adjuntía para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad de la Defensoría de Pueblo para que ésta recuerde a la PNP y al Ministerio del Interior la adopción de acciones necesarias y urgentes para garantizar en forma efectiva la protección de la vida e integridad de los dirigentes comunitarios. Recién dos meses después de haber recibido la resolución del otorgamiento de garantías personales, fueron contactados por la PNP para una única reunión de coordinación. Los meses han pasado y no han vuelto a recibir seguimiento alguno de parte de la PNP a la fecha.

Para el caso de otros dos líderes comunitarios, el proceso de evaluación para activar el Procedimiento de Alerta Temprana del “Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de derechos humanos” del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ha demorado más de lo debido. Resulta inconcebible que, en caso de líderes y lideresas de comunidades nativas amazónicas con claras situaciones de riesgo inminente a sus vidas, la evaluación de admisibilidad al Protocolo demore cinco meses y no 10 días, como debería serlo. Recién al sexto mes de la solicitud, se emitió una Resolución Directoral del mismo Ministerio para declarar procedente la activación del Procedimiento de Alerta Temprana, y comunicar a las entidades competentes la alerta correspondiente. En todo ese tiempo, las amenazas continuaron, las fiscalías no llegaron, la policía no hizo seguimiento, y la titulación colectiva siguió ausente.

Este contexto de desprotección también ha sido remarcado en la Declaración de Fin de Misión  del ex-Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos, después de su visita al Perú en febrero del 2020, quien identificó que pese a los avances alcanzados en la materia, las personas defensoras de los derechos humanos, y en especial los pueblos indígenas y las comunidades locales, aún no pueden actuar en un entorno seguro. Falta aún el reconocimiento público de su contribución a la sociedad y papel que desempeñan estas personas en la protección y conservación de la naturaleza y los bienes comunes. Además, la nueva Relatora sobre personas Defensoras, junto a otras cuatro Relatorías de las Naciones Unidas, hicieron un llamado al Estado peruano a fines del 2020, reiterando su profunda preocupación por los asesinatos y amenazas a defensores del medioambiente, de los derechos humanos y de los derechos indígenas.

El Estado debe agilizar la atención de los casos de Santa Rosillo de Yanayaku y Anak Kurutuyacu, concretando las inspecciones fiscales para asegurarles el acceso a la justicia, avanzar la titulación de sus reclamos territoriales para atacar el problema estructural que genera las amenazas y el hostigamiento hacia sus líderes y lideresas, e implementar las medidas y acciones prácticas de protección a la vida e integridad de estas personas. Además, el Estado debe reconocer y sostener las iniciativas comunitarias de protección de bosques, ya que mientras adopta compromisos ambiciosos de conservación de bosques y mitigación al cambio climático a nivel internacional, en la práctica poco cambia para los territorios indígenas y sus poblaciones.