Los órganos de la ONU dedicados a los derechos humanos toman nota de la enorme especulación con la tierra en Papúa Nueva Guinea

En repetidas ocasiones se ha afirmado que las tierras bajo sistemas consuetudinarios de tenencia y gestión de la tierra en Papúa Nueva Guinea (PNG) cubren la mayor parte de la superficie del país, siendo la cifra normalmente aceptada un 97%. El 3% restante, que ya no depende de la tradición ni la costumbre, corresponde a «tierras enajenadas» y es gestionado por el Ministerio de Tierras y Planificación Física.  Sin embargo estas sorprendentes cifras de la seguridad de la tenencia de la tierra ocultan una verdad más cruda. Tan solo en los últimos 13 meses casi un 10% de la superficie terrestre de Papúa Nueva Guinea ha sido repartido en forma de concesiones mediante contratos conocidos como «arrendamientos agriculturales y empresariales especiales» (SABL por sus siglas en inglés). En virtud de estos contratos de arrendamiento el Gobierno arrienda tierras consuetudinarias de los propietarios tradicionales y a su vez las cede en arriendo, a menudo a una tercera parte, dejando suspendidos los derechos consuetudinarios sobre las tierras durante el plazo del arrendamiento.  

Aunque en un principio la idea era permitir que los propios pueblos indígenas tuvieran acceso a capital, en la práctica la enorme expansión de estos arrendamientos (en su mayoría durante períodos prorrogables de 99 años) representa la alarmante extinción de los derechos consuetudinarios sobre tierras y recursos de Papúa Nueva Guinea.  Las comunidades indígenas, decididas a poner freno a estos arrendamientos, han tenido dificultades para acceder al sistema judicial, pero las que han conseguido llegar a los tribunales han denunciado casos de propietarios tradicionales cuyo consentimiento ha sido manipulado o falsamente declarado.  

El Centro de Derecho Ambiental y Derechos de las Comunidades (CELCOR por sus siglas en inglés) de PNG junto con el Forest Peoples Programme, y con el Grupo Bismark Ramu (este último también de PNG) y Greenpeace Asia Pacific como signatarios, planteó el problema de la pérdida de tierras que representan estos SABL al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de las Naciones Unidas en marzo de 2011. Además de los SABL, plantearon el problema de la pérdida de derechos que los pueblos indígenas están sufriendo en Papúa Nueva Guinea como consecuencia de la promulgación de la Ley (de Modificación) del Medio Ambiente de 2010. Se trata de una ley aprobada por el Gobierno de PNG que en la práctica impide acceder a recursos legales cuando haya degradación ambiental en tierras consuetudinarias sujetas a permisos con determinadas condiciones. El CERD respondió con una carta urgente dirigida al Embajador de PNG ante la ONU en la que detallaba lo que preocupaba al comité en relación con los SABL y con las enmiendas a la Ley de Medio Ambiente de PNG.

El rápido aumento del número de SABL ha sido motivo de creciente preocupación no solo en PNG sino en la región y en el mundo entero.  En marzo de 2011 un grupo de abogados y activistas de PNG junto con otros de la región publicaron lo que se conoce comúnmente como «Declaración de Cairns», en la que denuncian el enorme aumento de estos permisos en PNG. El Gobierno de PNG ha anunciado una moratoria para estos permisos que comenzará este mismo año, lo que quizá explique la reciente escalada de concesión de permisos. CELCOR y otros en Papúa Nueva Guinea están pidiendo una revisión de los permisos existentes, una evaluación de los procedimientos de obtención del consentimiento en los que los permisos están basados, y la cancelación de los permisos que resulten ser inválidos.