Naciones Unidas expresa su profunda preocupación hacia el Estado peruano por la protección de la vida de familias de Santa Rosillo de Yanayaku

La Relatora Especial sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos y otros expertos de la ONU enviaron una comunicación al Estado peruano solicitando información sobre el condenable asesinato del apu Quinto Inuma, así como sobre la situación del avance del proceso de titulación del territorio de la comunidad como una de las causas estructurales de las amenazas. El Estado respondió de manera muy general. Lamentablemente, el proceso de titulación del territorio de Santa Rosillo de Yanayaku no ha avanzado suficientemente, donde incluso después del asesinato del apu Quinto, se habría otorgado un permiso forestal para un predio privado que se superpone a la reivindicación territorial de la comunidad.

En enero de este año, los mandatos de la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos; del Relator Especial sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible; del Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; y del Relator Especial sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, escribieron al Estado peruano la comunicación AL PER 10/2023 solicitando información sobre el trágico asesinato del apu Quinto Inuma.

Las Relatorías de la ONU expresaron su profunda consternación por el asesinato del líder kichwa y su preocupación por la seguridad de sus familiares y de la comunidad. Mencionaron además que les preocupa el hecho de que el apu Quinto ya había recibido constantes amenazas antes de su asesinato, por lo que resaltan una “aparente falta de adopción por parte del Estado de medidas adecuadas para proteger al Sr. Alvarado, su familia y la comunidad nativa, a pesar de su conocimiento de la vulnerabilidad de las personas defensoras e indígenas de la zona. De confirmarse las alegaciones expuestas, se habrían violado numerosas normas y estándares internacionales de derechos humanos consagrados…”.

En este sentido, las Relatorías solicitaron al Estado peruano lo siguiente:

• Información o comentario adicional en relación con las alegaciones mencionadas en el escrito.
• Información sobre el progreso de la investigación del asesinato del apu Quinto Inuma, incluyendo las medidas adoptadas para asegurar que se trate de una investigación pronta, independiente, imparcial, transparente, efectiva y exhaustiva. 3
• Informar si las investigaciones y diligencias efectuadas hasta el momento se han efectuado de plena conformidad con los estándares internacionales relevantes.
• Información sobre las medidas adoptadas para garantizar la seguridad del apu Quinto Inuma desde la activación del Procedimiento de Alerta Temprana en febrero de 2021, así como cualquier acción tomada por el Ministerio del Interior para implementar las medidas de protección a favor de las personas defensoras de derechos humanos.
• Informar sobre las investigaciones llevadas a cabo respecto a las presuntas amenazas recibidas por el apu Quinto Inuma, así como de las medidas adoptadas para prevenir que las mismas se materializasen, antes de su asesinato el 29 de noviembre de 2023.
• Información sobre el estatus del proceso de la titulación de tierras en la comunidad nativa de Santa Rosillo de Yanayaku.
• Informar sobre si se han tomado medidas colectivas y culturalmente apropiadas para la protección de Pueblos Indígenas y de las comunidades nativas de las regiones amazónicas frente a las alegaciones de la presencia de actores criminales en los territorios indígenas.

El Estado peruano respondió el 18 de marzo del presente.

Lamentablemente, su respuesta fue muy general mencionando los avances normativos y a nivel de políticas públicas para la protección de personas defensoras de los derechos humanos en el país. Incluso mencionaron la creación de espacios en la región San Martín, como la “Mesa regional de San Martín para la protección de las personas defensoras de derechos humanos” a fin de concertar acciones intersectoriales e intergubernamentales contra las actividades ilícitas, pero que evidentemente no ha sido suficiente para que se concreten medidas eficaces.

Sobre las medidas adoptadas a favor del apu Quinto Inuma antes de su asesinato y las investigaciones llevadas a cabo, el Estado rescató la aprobación del Procedimiento de Alerta Temprana (PAT) en el marco del Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de derechos humanos, con Resolución Directoral N° 003-2021-JUS/DGDH de fecha 8 de febrero de 2021.

 

Además, señala que: “Esta resolución otorgó, como acción urgente de protección, la protección de la Policía Nacional del Perú (PNP) para los beneficiarios; y la realización de visitas públicas y asistencia legal de la Dirección General de la Defensa Pública y Acceso a la Justicia (DGDPAJ) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, siempre que los beneficiarios así lo solicitaran”, medidas que como se sabe, no pudieron detener el asesinato del apu Quinto Inuma el 29 de noviembre del 2023.

 

De manera inverosímil, el Estado agrega que el mes que asesinaron del apu Quinto, “…se recibió una nueva comunicación sobre una posible situación de riesgo contra los miembros de la Ronda Comunal del Comité de Vigilancia Forestal de la comunidad nativa, “debido a que durante sus labores de patrullaje habrían identificado, de manera constante, la presencia de personas que se dedicarían a la tala ilegal y el tráfico de tierras”, y que el Ministerio Público-Fiscalía de la Nación (MPFN) promovió diferentes actos de investigación y recojo de testimonios, incluyendo el del apu Quinto Inuma el 14 de noviembre del año 2023 sobre la deforestación de los bosques en su comunidad. Queda la interrogante dolorosa del porqué no se hizo nada más para evitar el destino fatal del líder kichwa de Santa Rosillo de Yanayaku.

El Estado peruano informó también el estado situacional del proceso de investigación que se sigue contra los responsables del asesinato de Quinto Inuma, el cual incluye la detención de integrantes de la presunta banda criminal “Los Chacales de Santa Rosillo”. Este grupo delincuencial se dedicaría a la tala ilegal, tráfico ilícito de drogas, usurpación de terrenos y otros delitos, y serían los responsables del asesinato del apu Quinto Inuma.

Hoy en día se sabe que tres de estos implicados cursan prisión preventiva, mientras dos siguen las investigaciones en libertad. Además, que dos autores materiales e intelectuales, siguen sin ser detenidos y representando un peligro potencial para familiares y miembros de la comunidad.

Finalmente, el Estado lamentablemente no informó sobre la situación del proceso de la titulación de tierras en la comunidad nativa de Santa Rosillo de Yanayaku, pese a que es una causa estructural que ha generado en gran parte las amenazas a la comunidad todos estos años y el asesinato del apu Quinto Inuma. Tampoco informó que se habría otorgado un permiso forestal para un predio privado que se superpone a la reivindicación territorial de la comunidad. Las amenazas sobre el territorio, y por ende, la falta de protección y reconocimiento territorial desde el Estado, son factores que determinan la vulnerabilidad de líderes y lideresas indígenas. El Estado tampoco informó sobre medidas colectivas y culturalmente apropiadas para la protección de Pueblos Indígenas y de las comunidades nativas en el país, lo cual es lamentable en un contexto de avance de la ilegalidad y repliegue Estatal en los territorios indígenas.