Ocho Sur: Sembrando COVID-19 mientras la comunidad nativa de Santa Clara de Uchunya espera una sentencia del Tribunal Constitucional en Perú

Ocho Sur, empresa dedicada a la producción de la palma aceitera en la región de Ucayali, ha venido trabajando durante la pandemia del COVID-19 exponiendo a la población local al contagio, por lo que organizaciones indígenas y de los derechos humanos la han denunciado penalmente. Esta es una de las muchas violaciones que ha venido cometiendo la empresa sistemáticamente, mientras la comunidad nativa de Santa Clara de Uchunya sigue esperando una sentencia por parte del Tribunal Constitucional para recuperar su territorio ancestral.

El mes de junio fue un mes cruel para el pueblo shipibo de la región de Ucayali en el Perú. Los casos comprobados de COVID-19 en las Comunidades Nativas (CC.NN.) pasaron de 176 a 1078, y los fallecimientos sospechosos de 20 a 94. Todo esto en una situación de subregistro de casos de la población indígena por la falta de pruebas COVID-19 y la no consideración de la variable étnica en los muestreos de descarte.

El virus no llegó ni se esparció sólo en la Amazonía peruana, donde confluyen de manera alarmante la alta vulnerabilidad epidemiológica de las poblaciones indígenas con la precariedad de los sistemas estatales de salud donde menos de cuatro de cada diez comunidades amazónicas cuentan con un centro de salud en sus territorios. Entre los varios vectores de contagio del COVID-19 se encuentra el propio Estado, por desconocimiento de la realidad social, con sus diversas políticas de asistencia descoordinadas, las empresas extractivas y las agroindustriales, como es el caso del grupo Ocho Sur que se dedica al cultivo de palma aceitera en el distrito de Nueva Requena, provincia de Coronel Portillo, región de Ucayali.

Durante el Estado de Emergencia Nacional, el grupo Ocho Sur nunca detuvo sus actividades agroindustriales y hoy, en las casi 13 mil hectáreas de bosques primarios adquiridas irregularmente y deforestadas  a través de las empresas Plantaciones de Pucallpa SAC (hoy Ocho Sur P SAC) y Plantaciones de Ucayali (hoy Ocho Sur U SAC) no solo crece la palma aceitera sino también el COVID-19.

Las advertencias por las actividades de Ocho Sur durante la pandemia no demoraron. El Instituto de Estudios Forestales y Ambientales Kené el 10 de abril, la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU) el 17 de mayo y la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali y Afluentes (FECONAU) el 18 de mayo, denunciaron respectivamente la exposición irresponsable al contagio al COVID-19 por parte de la empresa, en base a los testimonios de los trabajadores obligados a permanecer en condiciones deplorables en contra de su integridad física y sus derechos fundamentales.

El 05 de junio, la Defensoría del Pueblo en Ucayali, junto a la Dirección Regional de Salud (DIRESA) de Ucayali y la Fiscalía, llegaron a las instalaciones de Ocho Sur para supervisar las condiciones laborales y sanitarias encontrando que 35 de 39 trabajadores resultaron positivos de COVID-19, es decir un 90% de los trabajadores que pasaron la prueba COVID-19.

Estos datos son escalofriantes, e invitan a reflexionar sobre ¿Dónde quedó el cumplimiento de aquellas salvaguardas que la empresa Ocho Sur anunciaba cumplir a cabalidad según un comunicado de su página web el mes de abril? ¿Dónde quedó el cumplimiento de la Resolución Ministerial 0094-2020-MINAGRI del 3 de abril, regulando la activación y la ejecución de los protocolos de seguridad sanitarias para salvaguardar la salud de las personas dedicadas a la actividad agropecuaria?

Es por ello que el  09 de junio la FECONAU, el Instituto de Defensa Legal (IDL) y la Comisión de Derechos Humanos de Pucallpa presentaron una denuncia penal contra Ocho Sur P SAC en la Fiscalía Penal Corporativa de Campo Verde por los delitos contra la salud pública y la libertad de trabajo, basado en el Código Penal peruano que contempla: i) propagación de enfermedades peligrosas o contagiosas, ii) violación de las medidas sanitarias, iii) amenazas contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, iv) y trabajo forzoso.

“Nosotros ya habíamos venido denunciando que antes de la pandemia había indígenas trabajando en condiciones inhumanas y ahora se ha evidenciado todo esto. Hemos visto seis personas en un cuarto de dos metros por dos metros, y contagiados conviviendo en un mismo cuarto. Es lamentable. Los trabajadores no tenían medidas de protección. Aún en un estado de emergencia, la empresa ha seguido actuando de manera irresponsable y en condiciones inhumanas. Por eso, para nosotros esta denuncia contra Ocho Sur ha sido importante para que se visibilice la situación a nivel regional, nacional e internacional. Además, hemos visto que son indígenas de otras regiones, no solo del pueblo Shipibo. La empresa dice que son de Loreto y no son indígenas. ¿Acaso en Loreto no hay indígenas? y a los Shipibo que trabajaban allí los han escondido para que no puedan dar su declaración durante la inspección. Mientras nosotros visitábamos un sitio, la empresa iba avanzando hacia otro para cambiar la señalética y pintar todo bonito”. – Miguel Guimaraes, presidente de la FECONAU.

Las denuncias laborales no han sido ajenas a Ocho Sur P SAC, Convoca identificó recientemente que la empresa registraba cinco denuncias laborales ante la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), desde 2017 hasta la actualidad. Además, Ocho Sur P SAC cuenta con casos en la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ucayali.

Por si fuera poco, Ocho Sur P SAC viene trabajando sin un Programa de Adecuación de Manejo Ambiental (PAMA) aprobado, según un informe de la Dirección de Gestión Ambiental Agraria (DGA) de la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios del Ministerio de Agricultura y Riego (DGAAA) de enero del 2020. El PAMA se exige a las empresas que tengan actividades en curso a manera de una adecuación a las exigencias ambientales. Sin embargo, Ocho Sur P SAC no ha logrado cumplir con lo requerido por los Lineamientos para el PAMA establecidos.

Entre las razones expuestas en el informe de la DGA se menciona que no se puede convalidar la ausencia de la autorización de cambio de uso del suelo requerida por la Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley N° 29763), y que la Dirección de Gestión forestal y de Fauna Silvestre de Ucayali no tuvo solicitud alguna ni otorgó dicha autorización a la entonces Plantaciones de Pucallpa, hoy Ocho Sur P SAC. Tampoco Ocho Sur P SAC mencionó la intención de recuperar las áreas afectadas por la instalación de cultivos de palma que se encuentran produciendo en suelos clasificados con aptitud forestal. Está pendiente la emisión de la resolución que rechaza el PAMA a Ocho Sur P SAC por parte de la DGAAA y que se derive a los órganos sancionadores.

“En junio una brigada de Salud entró a Santa Clara de Uchunya y se contabilizaron alrededor de 15 casos. Ya van dos fallecidos, una anciana y un bebé, con síntomas de coronavirus (…) La empresa ha eliminado nuestras plantas medicinales, nuestra clínica, ¿Dónde vamos a ir nosotros a sacar remedio ahora en tiempos de pandemia? Nos han cerrado el pase al bosque y nos tratan como ladrones en nuestro territorio. Eso es triste y nosotros queremos las acciones ya, el Tribunal debe darnos nuestras tierras que hemos cuidado por años, y nuestros abuelos también”. – Comunero de Santa Clara de Uchunya, 09 de julio 2020.

En un contexto de avance de la pandemia en los territorios indígenas, las actividades de Ocho Sur P SAC ejemplifican la impunidad que se ejerce sobre los territorios ancestrales de las poblaciones indígenas. No solo ha sido la corrupción a nivel regional con las autoridades de agricultura para la adquisición de tierras rurales, o la destrucción hacia los bosques y la intimidación hacia la población local cuando ejercen los reclamos por recuperar sus territorios, sino el hecho de continuar operando con una acumulación de denuncias penales y laborales, sin ningún instrumento de gestión ambiental aprobado y hoy, dispersando el COVID-19 en la Amazonía peruana.

Es emblemático el caso de la empresa Ocho Sur P SAC trabajando sobre el territorio ancestral de la comunidad nativa Santa Clara de Uchunya, que se encuentra en la larga espera de una sentencia del Tribunal Constitucional peruano (Exp. N.° 03696-2017-AA/TC). La demanda de amparo presentada en mayo de 2016 contra Plantaciones de Pucallpa SAC (ahora Ocho Sur P SAC), la Dirección Regional de Agricultura de Ucayali (DRAU) y la Superintendencia Nacional de Registros Público (SUNARP) de Pucallpa, busca dejar sin efecto los contratos de compraventa celebrados por posesionarios rurales individuales y la empresa de palma. Además, que las 7000 mil hectáreas usurpadas y deforestadas sean liberadas y eventualmente restituidas a favor de la comunidad.

El despojo del territorio ha traído consecuencias nefastas limitando los modos de vida tradicionales y la seguridad alimentaria local, y hoy en día las propias estrategias de subsistencia y contingencia al avance del COVID19 se ven vulneradas. Es imperante que el Tribunal Constitucional peruano emita sentencia lo más pronto posible.

“La empresa viene desde antes contaminando y limitando la seguridad alimentaria de la comunidad. Es bastante tiempo que venimos luchando y nosotros como FECONAU seguiremos haciendo incidencia para hacer visible el caso y tener resultados del Tribunal Constitucional”. – Miguel Guimaraes, presidente de la FECONAU.