Santa Clara de Uchunya reclama al Tribunal Constitucional peruano una sentencia definitiva para recuperar sus territorios

19 de marzo 2021, Yarinacocha/Lima.

A través de una conferencia de prensa, la comunidad nativa Santa Clara de Uchunya y la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali y Afluentes (FECONAU), así como instituciones aliadas como el Instituto de Defensa Legal (IDL) y Oxfam Perú en solidaridad con su lucha por la defensa de sus derechos territoriales, exigieron al Tribunal Constitucional peruano que emita una sentencia definitiva para el caso en que piden la restitución y remediación de su territorio ancestral.

La comunidad Santa Clara de Uchunya del pueblo shipibo-konibo fue despojada de su territorio y luego sufrió la conversión de sus bosques ancestrales a grandes extensiones de palma aceitera. Desde allí, comenzó una larga lucha buscando la restitución de su territorio a través del sistema de justicia peruano, pasando por el Juzgado Mixto de Campoverde y la Sala Civil de Pucallpa en 2016, y luego el Tribunal Constitucional (TC), entidad más importante de la justicia en el Perú donde actualmente se encuentra su caso desde 2017.

En su demanda, la comunidad pide dejar sin efecto los contratos de compraventa celebrados por traficantes de tierras y la empresa de palma que arrasó sus bosques, y que las 7000 mil hectáreas deforestadas sean liberadas y eventualmente restituidas a favor de la comunidad.

Efer Silvano Soria, jefe de la comunidad Santa Clara de Uchunya, remarcó la necesidad de acceder a la justicia debido a que, a la grave afectación al acceso a los recursos vitales y espacios tradicionalmente usados, se le ha sumado una ola de amenazas y hostigamiento a quienes buscan recuperar el territorio arrebatado:

“Allí vivíamos. Hay escasez de alimentos, ahora ha cambiado la vida de la comunidad. Nosotros encontrábamos nuestra medicina tradicional, nuestro mercado, nuestra fruta. Hemos hecho varias denuncias en diferentes entidades públicas y a raíz de eso tenemos amenazas, hostigamiento a los líderes de la comunidad”, mencionó Efer.

Miguel Guimaraes Vásquez, presidente de la FECONAU, por su parte insistió en la necesidad de que el TC incorpore en su agenda el caso de la comunidad, y la necesidad de un fallo que permita asegurar las plenas condiciones para la vida de la población shipiba-koniba:

“Venimos acompañando a Santa Clara de Uchunya en su lucha más de siete años. Es un caso emblemático que necesita que el Estado pueda tomar rápidamente en la agenda. El Tribunal Constitucional tiene que emitir el fallo por ser la institución que le corresponde y para que la vida en la comunidad pueda tener garantías (…) Tenemos que ser considerados como sujetos de derechos, no objetos. La comunidad está en su derecho de que el Tribunal Constitucional pueda emitir el fallo final que les permita garantizar sus vidas, garantizar sus territorios, su medio ambiente, y donde la comunidad pueda desarrollar sus actividades”, agregó Miguel.

Álvaro Másquez Salvador, especialista legal del IDL, remarcó la larga demora del caso en manos del Tribunal Constitucional, lo cual ha sobrepasado ya los plazos razonables establecidos:

“El Tribunal constitucional, desde mediados del 2017 tiene en su posesión el expediente judicial el caso de Santa Clara de Uchunya, y tardó un año en pronunciarse sobre la admisibilidad del caso, es decir, verificar que se reunían los requisitos formales para emitir una sentencia. Y después de un año más, en el 2019, se realizó la audiencia principal del caso donde participaron las autoridades de Santa Chaya de Uchunya y de FECONAU (…) A pesar que el Código Procesal Constitucional señala que para este tipo de casos no se debe exceder la respuesta en 20 días, ya estamos en un contexto donde hemos pasado los 48 meses, es decir, nos acercamos ya a los dolorosos cuatro años de espera sin contar con una sentencia. Esto pone de relieve la falta de empatía del Tribunal más importante de justicia en nuestro país, pero sobre todo la falta de efectividad que nos brinda el sistema de justicia en su conjunto”, mencionó Álvaro Másquez.

Finalmente, Clémence Abbès Castillo, de Oxfam-Perú, enfatizó que el caso de Santa Clara de Uchunya es emblemático no solo en Perú sino a nivel internacional, donde se reconoce el nivel de organización y de movilización de la comunidad para la recuperación de sus territorios arrebatados para el establecimiento de miles de hectáreas de palma aceitera:

“En diciembre del 2020, lanzamos a través de una plataforma, que se llama ¡Derechos a la Tierra Ya!, una petición internacional para exigir a los magistrados del Tribunal Constitucional que rindan su sentencia y que condenen a la empresa responsable del despojo territorial de Santa Clara de Uchunya. Esta movilización trajo como resultado el hecho de que 13,834 personas de 49 países distintos del mundo firmaron la petición en solidaridad con el pueblo de Santa Clara de Uchunya”.

Así mismo, Clémence mencionó que esta petición y sus más de 13 mil firmas, fueron entregadas de manera electrónica al Tribunal Constitucional como un anexo al expediente en curso, para que los magistrados del Tribunal sientan también las expresiones de solidaridad internacional con la lucha territorial de la comunidad.

¡Justicia para Santa Clara de Uchunya!