Una presa de Inga en la RDC provocará el reasentamiento de hasta 20 000 personas

En marzo de 2014 el Directorio Ejecutivo del Banco Mundial dio su aprobación final para una subvención de 73 millones de dólares americanos destinada a la construcción de la presa de Inga 3 en el río Congo, en la provincia de Bas-Congo de la República Democrática del Congo. La presa de Inga 3 representa la primera fase de un enorme programa para crear la red hidroeléctrica más grande y potente del mundo, que superaría incluso a la represa de las Tres Gargantas en China. Compuesta por una pared y seis centrales hidroeléctricas, su construcción dará lugar a la inundación del Valle de Bundi, convirtiéndolo en un lago gigante paralelo al río Congo. 

Está previsto poner los cimientos de este proyecto en octubre de 2015 y comenzar su construcción en 2016.

Se calcula que la presa de Inga 3 por sí sola costará entre 23 000 y 30 000 millones de dólares americanos. Una parte crucial de la estrategia de financiación del Gobierno es vender gran parte de los 4800 MV de electricidad que se produciría a Sudáfrica, a la industria minera de la provincia de Katanga de la RDC y, a más largo plazo, a Nigeria. Si bien hay planes para  instalar dos nuevas líneas eléctricas que lleven electricidad a Sudáfrica y la capital de la RDC, Kinshasa, no hay planes para distribuir esta electricidad producida en suelo congoleño a la mayoría de sus habitantes. En efecto, el 90 % de ellos actualmente no tiene acceso a la red eléctrica.

Un aspecto preocupante de este gigantesco proyecto es la amenaza que representa para un número de entre 12 000 y 20 000 personas que viven en el Valle de Bundi y sus alrededores, dentro de la zona de concesión de SNEL (la empresa eléctrica del Gobierno), muchas de las cuales tendrán que trasladarse. Esta población local incluye tanto al pueblo Basangela, que es nativo del valle, como a muchos otros grupos cuyos antepasados llegaron durante los años 60, 70 y 80 para trabajar en la construcción de las presas de Inga 1 y 2. Con el permiso de los líderes de los clanes indígenas, estos migrantes establecieron sus propios campos de cultivo y plantaciones, y han estado allí desde entonces.

Según una investigación realizada por el FPP, esta población local no ha recibido ninguna comunicación oficial o por escrito sobre su destino desde marzo de 2015. Hablamos con algunos representantes de la comunidad que expresaron graves temores y preocupaciones por lo que pueda pasarles. Hablando de su pasado, la población local nos contó historias sobre las distintas empresas madereras que explotaron o acabaron por completo con sus bosques durante el período pre y poscolonial, y sobre la forma en que fueron obligados a renunciar a sus tierras ancestrales cuando se construyeron las presas de Inga 1 y 2. Al menos uno de los principales clanes, el clan Makuku-Futila, perdió casi todas sus tierras, y otras comunidades acabaron trasladándose a otras partes de su territorio tradicional para establecer nuevas aldeas donde pensaron que estarían a salvo de más presiones contra ellos y sus derechos. Ninguna de las comunidades afectadas recibió compensación alguna por la pérdida de sus tierras tradicionales, ni por los otros impactos negativos que sufrieron.

Todo parece indicar que el ciclo se va a repetir con Inga 3, pero esta vez con consecuencias permanentes más devastadoras. Un habitante de la aldea Lubuaku dijo: “Inga 1 y 2 nos quitaron nuestras tierras y no recibimos nada, y ahora nos dicen que vamos a tener que dejar nuestras tierras ancestrales por completo y para siempre. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Adónde vamos a ir?”. Otro aldeano aportó lo siguiente: “Si tenemos que irnos, tenemos que poder quedarnos dentro de la misma zona, en las tierras de nuestros ancestros, para conservar nuestros medios de vida, y nuestra identidad cultural”. Una mujer que nació en Camp Kinshasa y cuyos padres trabajaron en las obras de Inga 1 y 2 durante su construcción, fue muy clara y directa: “Nuestras familias han crecido aquí, y aquí hemos educado a nuestros hijos, pero SNEL nunca les ha dado trabajo. Solían hablar de puestos de trabajo en Inga 3, ahora dicen que tenemos que marcharnos, pero yo no me voy a ninguna parte”.

Aunque muchas comunidades que van a ser desplazadas forzosamente del área de la concesión de SNEL no serán inundadas, muchos perderán sus campos y plantaciones cuando los cubra el lago. Pero en lugar de ofrecerles trabajo en un proyecto que requerirá miles de trabajadores congoleños, o el desarrollo de una nueva economía dinámica vinculada al nuevo lago, las comunidades van a ser expulsadas. Por ejemplo, se estima que Camp Kinshasa tiene una población de 9000 habitantes que serán expulsados para dejar espacio a  aproximadamente 7000 trabajadores que se trasladarán allí. Una de las cosas más importantes que descubrió el FPP en su visita preliminar a Inga fue la explicación coherente de las reglas locales de tenencia de la tierra. Estas reglas de tenencia de la tierra estipulan que el control de todas las tierras corresponde a los seis clanes originales, y los inmigrantes que lleguen a esta zona deben pagar un tributo anual para conservar sus tierras, que no pueden vender ni transferir a terceros de ninguna manera. Estos derechos ampliamente reconocidos desaparecerían si las personas fueran desplazadas y, como uno de los líderes del clan nos señaló: “Si somos desplazados y nos asentamos en las tierras de otros pueblos tendremos que pagar un tributo a sus líderes eternamente, y no queremos eso”.

La financiación que el Banco Mundial ha destinado a este enorme proyecto significa que se deben reconocer las políticas de salvaguardia que ha establecido para proteger los derechos de las comunidades. Cuando explicamos algunas de estas políticas a las delegaciones de las comunidades del Valle de Bundi, hubo caras de sorpresa, y un líder de una comunidad nos preguntó: “Y esas reglas que protegen nuestros derechos, ¿de verdad creen ustedes que el Banco Mundial las aplicará aquí?”.