La venta de nuestros bosques es un negocio para el gobierno peruano

Un nuevo informe revela que el Gobierno del Perú revela que el gobierno peruano no hace caso a las verdaderas causas de la deforestación en la Amazonía,  al tiempo que socava los esfuerzos de los pueblos indígenas para proteger sus bosques.

LIMA, PERÚ (4 de diciembre de 2014) - Al inicio de una importante conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático que será auspiciada por el Gobierno peruano, un nuevo informe destaca que, a pesar de los compromisos públicos para proteger los bosques del país, el Gobierno del Perú sigue haciendo caso omiso de las causas reales de la deforestación y no está salvaguardando los derechos de los pueblos indígenas. Esto a pesar que son estos pueblos quienes ocupan aproximadamente un tercer parte de la Amazonia peruana  y por sus esfuerzos continuos de proteger sus territorios ofrecen la mejor posibilidad de defender los preciosos bosques Amazonicos.

El informe, Haciendo visible lo invisible: perspectivas indígenas sobre la deforestación en la Amazonía Peruana fue recopilado por la organización nacional de pueblos indígenas de Perú, AIDESEP, y una organización internacional de derechos humanos, el Forest Peoples Programme (FPP). Los resultados se basan en el análisis de las organizaciones y líderes indígenas del Perú, para quienes las vidas, tierras y medios de vida de sus pueblos se encuentran amenazados diariamente por la deforestación.

Contrariamente a los discursos oficiales que culpan a los agricultores inmigrantes, los motores “invisibles” de la deforestación actual y futura en el Perú incluyen la construcción de carreteras, los proyectos de petróleo, gas y mineros, las plantaciones de palma aceitera, la tala ilegal y las mega represas. El informe encontró que los análisis oficiales de la deforestación han puesto una responsabilidad desproporcionada en los agricultores inmigrantes de los Andes, minimizando el papel crucial de décadas de construcción de carreteras y de los programas explícitos de colonización. Estos esquemas promovieron de manera activa la inmigración y tenían como objetivo la integración económica y el desarrollo agrícola de la Amazonía. Como resultado, aproximadamente el 75% de la deforestación en el Perú ocurre dentro de una zona de 20km de las carreteras.

La defensa indígena de los bosques amazónicos

Mientras tanto, la contribuciones de los pueblos indígenas, quienes siguen protegiendo sus tierras ancestrales de la invasión de los colonos, los madereros ilegales y los mineros han sido ignoradas, o en el peor de los casos, menoscabadas.

Las amenazas para los pueblos y las tierras indígenas se convirtieron en una realidad para Edwin Chota y los líderes de la comunidad Ashéninka de Saweto en Ucayali cuando fueron asesinados por la mafia maderera en septiembre de 2014, en represalia por sus esfuerzos de muchos años para proteger sus tierras de la tala ilegal y asegurar la titulación de su territorio. 

“Me enfurece” dijo Marcial Mudarra, el presidente de CORPI, una organización indígena en San Lorenzo, hablando acerca de los asesinatos. “Vender la selva es un negocio para el Estado, pero el precio es la muerte de los hermanos Ashéninka, quienes han estado denunciando a los madereros y protegiendo sus tierras. El Gobierno cerró sus ojos y se quedó sordo, ciego y mudo. Únicamente cuando estaban muertos comenzó a tomar medidas.”

El fracaso constante del Gobierno peruano para brindar protección a Chota ante las amenazas de muerte y reconocer legalmente las tierras de Saweto a pesar de los años de incidencia determinada, refleja la experiencia de muchas otras comunidades indígenas. El informe muestra que las demandas territoriales de por lo menos 1174 comunidades indígenas siguen pendientes, una parte de un estimado de 20 millones de hectáreas de territorios indígenas sin garantías legales.  En cambio, el Gobierno peruano sigue superponiendo a estas tierras concesiones mineras, madereras y petroleras, menoscabando estos territorios con leyes que violan las obligaciones de derechos humanos del Perú.

A pesar de estos desafíos, los pueblos indígenas del Perú siguen protegiendo sus bosques de manera exitosa. El informe documenta sus diferentes esfuerzos para resistir las invasiones de tierras, la explotación maderera ilegal y la caza furtiva, y la imposición de los proyectos de gas y petróleo.

Los últimos datos sobre la deforestación, documentados en este informe, al igual que los datos mundiales, muestran que las tasas de deforestación en los territorios indígenas son significativamente menores que las tasas nacionales de deforestación, y que más del 75% de toda la deforestación en el Perú tiene  lugar por fuera de los límites de los territorios indígenas y las áreas protegidas.

Aunque el Gobierno ha reconocido las contribuciones de los pueblos indígenas a la conservación de los bosques, su apoyo a un mayor reconocimiento de las tierras indígenas y el manejo forestal comunitaria permanece únicamente en papel, mientras que los esfuerzos indígenas para proteger los bosques siguen siendo socavados por leyes contradictorias y débiles y una persecución política.

Haciendo caso omiso de las verdaderas causas de la deforestación

El informe estima que en 2013 por lo menos el 20% de la deforestación en el Perú fue atribuible a la minería de oro ilegal en Madre de Dios y a los desarrollos de la palma aceitera en Loreto y Ucayali. Se prevé que estas tasas de deforestación aumentarán masivamente, con por lo menos 100 000 hectáreas del bosque de Loreto solicitadas para plantaciones de palma aceitera y para más de 50 grandes represas  planeadas (cada una con una capacidad mayor de 100MW), amenazando con inundar miles de hectáreas de bosque y desplazar a sus habitantes indígenas.

“A pesar de la inmensa expansión, la palma aceitera no se discute mucho en estos debates sobre la deforestación” dijo Alberto Pizango Chota, presidente de AIDESEP. “Es ‘invisible’, como los derrames masivos de petróleo, las represas múltiples que se han programado, las grandes autopistas, la fiebre del oro y la mafia maderera. Este silencio oficial muestra la necesidad de este estudio, la necesidad de hacer visible lo que no se habla, y exponer lo que está oculto.”

Para los pueblos indígenas que viven en y dependen de estos bosques, los impactos producidos son a menudo devastadores, tal y como lo demuestran los desastres ambientales y de salud declarados recientemente en las cuencas de los ríos Tigre, Corrientes, Marañón y Pastaza, luego de 40 años de operaciones petroleras.

Muchos de los nuevos proyectos se están llevando a cabo a instancias de las organizaciones criminales poderosas, frecuentemente asociadas con funcionarios gubernamentales corruptos.  Por ejemplo, un alto funcionario del Ministerio de Energía y Minas fue expuesto en 2012 por tener propiedad parcial de un exportador principal de oro, que estaba abasteciéndose del oro de Madre de Dios, en donde se estima que el 97% de toda la minería es ilegal.

“En el sector ‘La Pampa’ hay 30 000 mineros que controlan a los coroneles, la policía y los jueces. Los policías ganan sueldos miserables pero ahora tienen grandes casas y cuatro por cuatro de lujo. Los funcionarios aparentan que el Estado está interviniendo pero en realidad no se hace nada.” Líder indígena, Madre de Dios. 

El informe identifica un sesgo sistemático en la planificación del uso de la tierra en el Perú, que favorece constantemente a los desarrollos extractivos de gran escala, particularmente los proyectos petroleros, gasíferos y mineros, por sobre las consideraciones ambientales y los derechos de las comunidades locales y de los pueblos indígenas. Un ejemplo de ello es la reducción del Parque Nacional Ichigkat-Mujat a favor de los intereses mineros en 2007.

“Lamentablemente el MINAM [Ministerio del Ambiente] se ha creado con este objetivo de conservar el bosque pero en vez de esto está negociando los recursos,” dijo Teobaldo Chamik, un líder Wampis del río Santiago. “Nuestro territorio y los recursos se han vuelto como un negocio para entregar a los capitalistas e inversionistas. Crean las áreas protegidas...pero el Estado mismo sobrepone estas áreas con concesiones mineras y petroleras.”

¿Compromisos de verdad?

La 20ª sesión de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático comienza en Lima, Perú, el 1ero de diciembre de este año. Perú tiene la esperanza de establecerse como uno de los líderes en la lucha para proteger los bosques tropicales y los derechos de los pueblos indígenas como parte de un compromiso más amplio para la mitigación del cambio climático. De hecho, el país ha asumido compromisos públicos sin precedentes en los últimos años para proteger sus bosques, incluyendo un compromiso en 2010 para reducir la deforestación neta a cero en 2020. El presidente Humala reiteró este compromiso en septiembre de 2014 y anunció un importante acuerdo con Alemania y Noruega para financiar y apoyar esta visión. Sin embargo, el anunció llegó inmediatamente después de aprobar una ley (Ley 30230) en julio para promover la inversión que debilita las leyes ambientales ya débiles del Perú, y más grave aún, podría permitir la confiscación de las tierras indígenas a fin de facilitar los proyectos de desarrollo a gran escala.

El informe destaca los pasos clave  a seguir para abordar la deforestación y la violación de los derechos de los pueblos indígenas. Esto incluye:

•  la resolución de las demandas territoriales de los pueblos indígenas, respetando a la vez sus derechos a determinar sus propios caminos de desarrollo,
• proporcionándoles el apoyo legal, financiero y técnico para implementar esta visión.  
• el cierre de los vacíos jurídicos que siguen permitiendo la destrucción de los bosques, el control de las prácticas ilegales
• la implementación de mecanismos de planificación sólidos e independientes para asegurar que los intereses económicos no sobrepasen todas las demás consideraciones.

“El Perú se encuentra en un encrucijada,” dijo el principal autor de este informe Michael Valqui del Centro para la Sostenibilidad Ambiental de la Universidad de Cayetano Heredia. “Se han hecho las promesas, las soluciones existen y los fondos están disponibles, pero la voluntad parece estar ausente si se sigue ignorando las causas reales de la destrucción de los bosques.”

Lamentablemente, el caso de Perú está lejos de ser único. Una evaluación detallada de nueve países llevados a cabo por FPP revela una intensificación de una crisis forestal mundial y el aumento de las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas y comunidades dependientes de los bosques. La revisión concluye que, para lograr la reducción de la deforestación de manera eficaz y sostenible, las políticas de mitigación del cambio climático y conservación deben tomar como eje central los derechos humanos y específicamente los derechos territoriales comunales. El informe será lanzado en una audiencia el 8 de diciembre en Lima, en la presencia del relator de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas.

Notas:

El estudio será presentado oficialmente el día 5 de diciembre en el Pabellón indígena (Recinto oficial - 10am) y en la Maloca de los pueblos indígenas (Voces del Clima - 330pm).

El estudio global será presentada el dia 8 de diciembre en el Mueso de Arte en Lima (MALI) -

www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/private/news/2014/10/Hearing%20Flyer%20-%20Espanol.pdf

Contactos:

(Peru): Segundo Chuquipiondo Chota, Coordinador de comunicaciones AIDESEP - Pabellón Indígena CMNUCC COP20 - Móvil: 973975916- Correo: schuquipiondo@gmail.com(Peru): Conrad Feather, Project Officer, Forest Peoples Programme: Peru mobile 198 4347263 conrad@forestpeoples.org  (International Press Enquiries): Coimbra Sirica, Burness Global, csirica@burnesscommunications.com, +13019433287(UK/Europe): James Harvey, Communications Manager: +44 (0) 1608 652 893 james@forestpeoples.org