Líder indígena del Perú viaja a Londres para denunciar la deforestación ilegal de 5000 hectáreas de la Amazonía peruana para el aceite de palma

[Londres, 2 de noviembre de 2015]: Robert Guimaraes Vásquez, un líder del pueblo indígena Shipibo-Konibo de la Amazonía peruana, ha viajado para participar en un foro mundial en Londres para tratar asuntos de negocios, deforestación y derechos humanos. Su objetivo principal es el de resaltar la destrucción de las tierras tradicionales de su pueblo por parte de un grupo internacional de agronegocios y miembro del RSPO (Mesa Redonda de Aceite de Palma Sostenible), la entidad mundial que certifica que las inversiones, producción y comercio del aceite de palma sean sostenibles y respetuoso de los derechos humanos.

“No entendemos como es posible que un miembro de RSPO puede estar violando sus propios reglas ambientales y vulnerando derechos a pesar de sus compromisos. La comunidad esta preparando una queja formal al respeto” dijo Sr Guimaraes.

El caso se refiere a la comunidad Shipibo de Santa Clara de Uchunya, cuyas tierras fueron adquiridas en 2012 por una empresa registrada en el Perú, Plantaciones de Pucallpa SAC, y uno de solo dos miembros formales peruanas del RSPO, en un acuerdo secreto con el gobierno regional de Ucayali.1 La comunidad únicamente se dio cuenta cuando las primeras excavadoras comenzaron a destruir el bosque. La resistencia firme y determinada de la comunidad, incluyendo la confiscación de la maquinaria de la empresa y la ocupación de las tierras combinada con una incidencia continúa ante las autoridades locales y el Gobierno central finalmente resultó en una investigación de alto nivel en agosto de 2015 por parte del Ministerio de Agricultura.

El 2 de septiembre, en una victoria histórica para la comunidad, el Ministerio de Agricultura ordenó la suspensión inmediata de todas las operaciones. La sentencia determinó que  toda la deforestación había sido completamente ilegal ya que no se había otorgado ninguno de los permisos ambientales necesarios para la tala del bosque. Para hacer todo aún más vergonzoso para el Gobierno, toda conversión del bosque primario, estimada en un 80% del área afectada, está expresamente prohibida en el Perú.

Sin embargo, el daño ya está hecho.  Hoy en día únicamente 25 hectáreas, o 0.3% de la parcela de tierra oficialmente adquirida por Plantaciones de Pucallpa in 2012, permanece en pie. En solo tres años más de 5200 hectáreas de bosques ancestrales de Santa Clara han sido destruidas.

El activista local Washington Bolívar describe el impacto en su comunidad: “Nuestras tierras han sido devastadas, todo el bosque ha desaparecido, y los quebradas están completamente turbias y bloqueadas. Solamente queda una quebrada que todavía podemos utilizar para agua potable.”

No obstante, lo que no destacó el Ministerio de Agricultura fue la propia confabulación del Gobierno central en esta destrucción.  El Gobierno peruano tiene la obligación legal de garantizar que las tierras tradicionales de los pueblos indígenas, como los habitantes de Santa Clara, son debidamente reconocidas. Sin embargo, a pesar de las demandas continuas para la resolución de sus derechos a la tierra durante décadas, Santa Clara es una de por lo menos 1174 comunidades en la Amazonía peruana para la cual sigue pendiente su exigencia del reconocimiento legal pleno de sus tierras. AIDESEP, la organización indígena nacional de Perú estima que, en total, aproximadamente 20 millones de hectáreas de las tierras indígenas en el Amazonas siguen sin ser reconocidas en la legislación peruana. Este fracaso ha sido identificado por un estudio reciente a nivel nacional realizado por AIDESEP y el FPP como una de los obstáculos principales que impide al Gobierno peruano cumplir su objetivo de reducir la deforestación a cero para el año 2021.*

El fracaso en el reconocimiento de estas tierras y en asegurar la presencia de las salvaguardias adecuadas se tradujo en la venta  en 2012 de las tierras de Santa Clara por parte del gobierno regional de Ucayali a la empresa Plantaciones de Pucallpa. Hoy en día, el pueblo, que es el hogar de más de 500 habitantes cuyos medios de vida dependen casi exclusivamente de la caza, la pesca y la recolección de recursos forestales, tiene aproximadamente el título oficial de 200 hectáreas de tierra. Los miembros de la comunidad explican cómo esto ya no es suficiente para satisfacer sus necesidades agrícolas básicas.

El señor Bolívar culpa de frente al gobierno local de esta situación: “Sólo se puede culpar a una parte, el gobierno regional de Ucayali que vendió nuestras tierras sin ni siquiera hablar con nosotros. Únicamente cuando empezamos a protestar la empresa y los funcionarios del Gobierno intentaron adularnos, pero ya es muy tarde, no hay nada que discutir. Nuestras demandas son simples, queremos que la empresa se retire inmediatamente de nuestras tierras y rinda cuentas por la destrucción que ha causado, queremos que se tomen  medidas para regenerar el bosque y para que se compense a la comunidad”.

En última instancia, la comunidad exige la resolución de su problema de tierras de larga data. Por lo tanto, en marzo de 2015 presentó una solicitud oficial para una “extensión” de tierra que abarque el resto de sus tierras tradicionales que ahora han sido designadas como concesión forestal. La comunidad destaca que, a pesar de sus esfuerzos, hasta que se reconozcan estos derechos la deforestación de sus tierras, bien sea por su venta para la explotación maderera o las plantaciones de aceite de palma, o al ser invadida por los acaparadores de tierra, probablemente continuará.

Plantaciones de Pucallpa es una de las muchas empresas registradas en el Perú que han sido expuestas por investigaciones recientes como parte de una red compleja de empresas que parecen estar controladas efectivamente por Dennis Melka, un empresario que fundó la empresa de agronegocios Malasia Asian Plantations, cuyas operaciones han sido igualmente controvertidas en Sarawak, Malasia.**

La rendición de cuentas por parte de los responsables está obstaculizada por un modelo utilizado por el grupo Melka tanto en el Perú y como en Sarawak. Esto se basa en múltiples capas de empresas ficticias y el registro de muchas de ellas en paraísos fiscales extranjeros, en donde se oculta la identidad de los inversionistas y propietarios. En el caso de Plantaciones de Pucallpa, la empresa madre aparentemente es United Oils Ltd. SEZC, una empresa registrada en los Islas Caimán.

“La complejidad de la cadena de suministro de un producto como el aceite de palma significa que los consumidores y los compradores ni siquiera son capaces de rastrear los orígenes de su aceite. Sabemos que Plantaciones de Pucallpa es miembro del RSPO pero quien realmente es dueño de y controla esta empresa? Si ni siquiera podemos averiguar quién está realmente detrás de esta destrucción de los bosques, ¿cómo pueden comunidades como Santa Clara hacer que las empresas como ésta rindan cuentas?” dijo Tom Griffiths del Programa de Financiación Responsable del FPP.

Desafiar la deforestación ha traído sus consecuencias para los miembros de la comunidad. Los líderes como los señores Guimaraes y Bolívar han sido víctimas de continuas amenazas.

“Recibo amenazas de muerte constantemente, mi vida está en peligro y me tengo que trasladar de un lugar a otro. Vivo aterrorizado, siempre hay gente que me sigue y recibo llamadas amenazadoras en mi teléfono. Han amenazado incluso a mi hermana.”

El señor Guimaraes resaltó que este es un problema para todos los pueblos indígenas en la Amazonía peruana y en particular para aquellos de Ucayali. Esto llamó la atención internacional en 2014 con el infame caso de Saweto, cuando cuatro líderes indígenas, incluyendo al premiado Edwin Chota, fueron asesinados al luchar por asegurar el título de la tierra para su comunidad por sicarios vinculados a la poderosa mafia de tala de madera con intereses en las tierras de Saweto.

“Es bueno que haya una protesta y que las instituciones declaren su solidaridad, pero los defensores de derechos humanos necesitan el apoyo en este momento, no sólo queremos los premios cuando ya estemos muertos. Además, a pesar del alto perfil del caso de Saweto hasta ahora no hay ninguna persona que ha sido sentenciada. El mensaje para nosotros es claro. Para los que matan a los pueblos indígenas hay una impunidad total en el Perú.”

El señor Guimaraes hablará sobre las cadenas de suministro, la deforestación y los derechos humanos en un evento internacional que se celebrará en Londres, en donde participarán los principales operadores de la agroindustria mundial y los formuladores de las políticas.***

Para obtener una mayor información sobre los antecedentes relacionados con esta cuestión, por favor lea: www.forestpeoples.org/node/5931

El señor Guimaraes  estará en Londres entre el 2 y el 4 de noviembre. Para solicitar una entrevista y obtener imágenes pertinentes por favor contacte a Conrad Feather, conrad@forestpeoples.org, 00 44 7792979817 o Tom Griffiths, 00 44 7889 343 380.----

1. Posteriormente se aclaró que Plantaciones de Pucallpa adquirió sus tierras a través de la compra de 222 títulos de propiedad individuales que habían sido emitidas por las autoridades locales. Sin embargo, Plantaciones de Ucayali, que también es un miembro del grupo Melka y están desarrollando plantaciones en la misma zona, adquirió sus tierras a través de la compra directa del gobierno regional de Ucayali.

*http://invisibleperu.com/deforestation-case-study/**http://eia-global.org/images/uploads/EIA_Peru_Palm_Report_APRIL_7.pdf***http://innovation-forum.co.uk/deforestation-london-2015.php