Los Derechos de los Pueblos Indígenas, las Políticas Climáticas y la Financiación a Nivel Mundial

Una breve revision crítica con miras hacia la COP26 y más allá

RESUMEN

Los pueblos indígenas han pedido desde hace mucho tiempo que se tomen medidas nacionales y mundiales para hacer frente a las causas fundamentales de la destrucción del clima y el medioambiente y el abuso de los derechos colectivos asociados. Además, han exigido que todas las políticas, financiación e iniciativas internacionales sobre el clima respeten y protejan sus derechos, culturas y conocimientos. Han insistido repetidamente en que se les reconozca y recompense como actores clave en las soluciones climáticas. Sin embargo, de acuerdo a su experiencia, las políticas climáticas mundiales desarrolladas e implementadas hasta la fecha a menudo han marginado a sus comunidades y no han respetado sus derechos.

 

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Este informe presenta una rápida revisión de los programas y la financiación para el clima existentes y su impacto sobre los pueblos indígenas. También este análisis señala varias de las nuevas iniciativas de financiación "verde" y políticas de comercio sostenible, así como diferentes fondos e instrumentos basados en el mercado que están siendo presentados por los gobiernos, las grandes ONG y las grandes empresas en la 26ª Conferencia de las Partes (COP) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), en adelante COP26. Estas iniciativas, a ser lanzadas durante la COP26, se proponen como posibles soluciones a la crisis climática que afecta al planeta y a toda la humanidad.

OPORTUNIDADES

Un mayor enfoque por parte de los principales donantes bilaterales (como el Gobierno del Reino Unido) en la importancia de garantizar los derechos indígenas a las tierras podría brindar una nueva oportunidad para abordar el problema de la inseguridad de la tenencia de la tierra a la que se enfrentan muchos pueblos y comunidades indígenas en todo el mundo. Aunque empequeñecidos por los flujos financieros del sector privado para la extracción y el comercio de productos básicos, estos compromisos públicos emergentes en materia de pueblos indígenas pueden indicar mejoras importantes en la voluntad de los gobiernos donantes de apoyar de forma directa las cuestiones de seguridad de los derechos de tenencia colectiva de los pueblos indígenas como parte de la lucha contra el cambio climático y la pérdida de la biodiversidad. La aplicación de un enfoque solido en derechos junto con un énfasis renovado en la financiación directa, en donde las organizaciones de apoyo y las agencias internacionales son vistas como facilitadores de la acción local, cuenta con el potencial de empoderar a los pueblos indígenas no solo para poseer, sino también para gobernar, controlar y mantener sus territorios y tierras, y construir economías sostenibles. Un consenso mundial emergente sobre la necesidad de garantizar que todas las políticas ambientales formuladas estén en línea con el derecho internacional en materia de derechos humanos, lo promuevan y no lo violen, es también un paso muy importante en la creación de alianzas para lograr una acción eficaz.

RIESGOS Y POSIBLES RESULTADOS PERVERSOS

Sin garantías sólidas para la protección de los derechos de los pueblos indígenas, especialmente en aquellos países en donde dichos derechos están débil o inadecuadamente protegidos, muchas de las soluciones propuestas para abordar la crisis climática corren el riesgo de permitir el “acaparamiento verde de tierras” que conduzca a la expropiación de las tierras, los territorios y recursos de los pueblos indígenas y otras comunidades consuetudinarias. Al mismo tiempo, las soluciones mundiales basadas en una búsqueda de políticas defectuosas de emisiones “netas cero” amenazan con permitir que las cosas sigan como hasta ahora, no ejercen presión para lograr reducciones reales y rápidas de las emisiones y permiten que continúe el desarrollo destructivo. Los defensores indígenas y los movimientos de justicia social y climática están pidiendo nuevamente a los líderes mundiales que pongan los derechos humanos en el centro de las políticas ambientales y climáticas. También, deben a la vez exigir medidas rápidas y sólidas para frenar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) eliminando gradualmente la dependencia de los combustibles fósiles y la agricultura industrial y deteniendo los megaproyectos perjudiciales.