Balance de la COP26: Una revisión rápida y un análisis crítico de los resultados y sus posibles implicaciones para los derechos de los pueblos indígenas

Los pueblos indígenas han pedido por mucho tiempo que se introduzcan acciones nacionales y mundiales que permitan detener las causas fundamentales de la crisis climática y de la biodiversidad y los abusos de derechos asociados. Además, han exigido que todas las políticas, la financiación y las iniciativas internacionales sobre el clima respeten y protejan sus derechos, culturas y conocimientos. Han insistido repetidamente en que se les reconozca y compense como titulares de derechos y como actores clave en el diseño y la implementación de soluciones climáticas locales, nacionales y globales. Sin embargo, las políticas e iniciativas climáticas internacionales desarrolladas e implementadas hasta la fecha a menudo  han marginado a sus comunidades y no han defendido ni hecho valer sus derechos.

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¿Cambió eso la 26ª Conferencia de las Partes (COP26) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC)?[1] Este documento de política se basa en un documento publicado en el período previo a la COP26 que revisó críticamente los derechos de los pueblos indígenas en las políticas y finanzas climáticas internacionales.[2] Busca hacer un balance y analizar algunos de los resultados oficiales del proceso de la CMNUCC, así como las iniciativas y promesas de los gobiernos y el sector privado al margen de la COP26, y evaluar preliminarmente algunas de las posibles implicaciones para los pueblos indígenas. Este documento constata que, a pesar de la visibilidad sin precedentes de los pueblos indígenas en la COP26, así como una creciente atención prestada a la importancia de los conocimientos indígenas, las protecciones y garantías efectivas de sus derechos en los resultados de la COP26 siguen siendo limitadas. Si bien las brechas restantes pueden plantear importantes amenazas potenciales para los pueblos indígenas, también existen oportunidades que deben explorarse.

Amenazas y desafíos en breve:

Los documentos finales oficiales de la CMNUCC de la COP26, como el Pacto de Glasgow para el clima y el reglamento de los nuevos mercados mundiales de carbono regulados (artículo 6 del reglamento), contienen referencias generales a los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, no se incluyen protecciones explícitas de sus derechos a la tierra o los recursos. Tampoco se incluye el importantísimo principio del consentimiento libre, previo e informado (CLPI) que, de conformidad con el derecho internacional en materia de derechos humanos, se requiere para cualquier acción que pueda afectar a los pueblos indígenas, sus tierras y territorios. En consecuencia, los nuevos mercados de carbono y de ecosistemas en crecimiento plantean importantes riesgos potenciales de impulsar la expropiación de tierras así como los cercamientos de tierras y bosques en nombre de proyectos y compensaciones climáticas verdes. Las promesas de los países donantes al margen de la COP26 contienen compromisos más progresistas, incluyendo el reconocimiento de los derechos  de los pueblos indígenas y el fortalecimiento de su participación.[3] Sin embargo, las posibles vías a través de las cuales los Estados planean implementar estos compromisos no incluyen actualmente protecciones efectivas en materia de derechos humanos (por ejemplo, el diálogo FACT y las propuestas de regulación legal de la cadena de suministro). Los compromisos de detener la deforestación en las cadenas de suministro y las carteras, y de integrar la naturaleza en toda la financiación realizados al margen por empresas agroindustriales, inversionistas institucionales e instituciones financieras de desarrollo, carecen en gran medida de compromisos para respetar los derechos de los pueblos indígenas. En general, el respeto y la protección de los derechos de los pueblos indígenas en la implementación de las políticas climáticas y la financiación asociada siguen dependiendo principalmente de la aplicación de las leyes a nivel nacional (que en muchos países no brindan las protecciones acordadas internacionalmente para los derechos de los pueblos indígenas). [4],[5]

Oportunidades en breve:

Dentro del proceso de la CMNUCC, la Plataforma de las comunidades locales y los pueblos indígenas (LCIPP, por sus siglas en inglés) y la continua elaboración de normas para la puesta en marcha del artículo 6, representan aperturas a través de las cuales los pueblos indígenas pueden seguir promoviendo el respeto de sus conocimientos, papeles y derechos en la financiación  y las soluciones climáticas internacionales. El lenguaje explícito en una promesa de los donantes de 1.7 mil millones de dólares para fortalecer la tenencia de la tierra y los derechos a los recursos de los pueblos indígenas y las comunidades locales a través del apoyo a los procesos nacionales de reforma de la tenencia de la tierra y los bosques, también puede abrir un espacio político y ayudar a las personas defensoras indígenas que piden la alineación de los marcos jurídicos nacionales con la legislación internacional en materia de derechos humanos (aunque el compromiso de financiación está especialmente dirigido a los pueblos indígenas que viven en los bosques). [6] Los compromisos de la misma promesa de asociarse con los pueblos indígenas en "el diseño y la implementación de los programas e instrumentos financieros pertinentes" son positivos y representan una oportunidad para que los titulares de los derechos indígenas y sus defensores influyan en un cambio hacia la financiación más directa de los donantes para sus pueblos y comunidades.

[1] La COP26 tuvo lugar en Glasgow, Escocia, entre el 31 de octubre y el 12 de noviembre de 2021.

[2]https://www.forestpeoples.org/index.php/es/informe/2021/politicas-climaticas-financiacion-cop26-indigena

[3] Véase, por ejemplo, https://ukcop26.org/glasgow-leaders-declaration-on-forests-and-land-use/ y https://ukcop26.org/the-global-forest-finance-pledge/

[4] Véanse aquí los estudios de caso que explican las deficiencias de las leyes nacionales cuando se trata de proteger los derechos de los pueblos indígenas en varios países: https://www.forestpeoples.org/en/rights-land-natural-resources/briefing-paper/2022/preventing-human-rights-violations-associated 

[5] En muchos países, los pueblos indígenas están sufriendo incluso un debilitamiento de la protección de los derechos en los marcos legales y políticos nacionales en respuesta a la pandemia de Covid19. Véase, https://www.forestpeoples.org/es/node/50696  

[6] Un número de procesos /iniciativas revisados en este documento, y las amenazas y oportunidades relacionadas que se resaltan, cuentan con un enfoque específico en los bosques. Cabe anotar que los pueblos indígenas que no habitan en los bosques también necesitan financiación y apoyo político para defender y proteger los ecosistemas en los que viven y de los cuales dependen.