Despidiéndose de la Impunidad: Enfrentar las causas de la violencia y la destrucción forestal en la frontera agroindustrial y extractivista en la Amazonía peruana: un análisis basado en los derechos

El informe Despidiéndose de la Impunidad encuentra que los pueblos indígenas, quienes se enfrentan a la frontera extractivista de las cadenas globales de mercancía, a menudo afrontan intimidación por defender sus territorios y derechos colectivos, frente a la expansión de la tala, la agricultura industrial, los proyectos e inversiones extractivas y la producción de narcóticos.

El informe señala como el Estado peruano asigna tierras y otorga concesiones a colonos y empresas, con frecuencia exponiendo los territorios indígenas al despojo por no reconocer ni proteger sus bosques y tierras comunales. El Estado luego abandona en gran medida a las comunidades afectadas mientras se enfrentan a la violencia y a la represión por defender sus derechos colectivos y buscar justicia ante las violaciones y destrucción ambiental.

El reporte comparte testimonios, historias y estudios de caso como el de la comunidad shipibo-konibo de Santa Clara de Uchunya en Ucayali y el de la comunidad kichwa de Santa Rosillo de Yanayacu en San Martin. Comunidades impactadas como éstas han estado defendiendo sus territorios en contra de invasiones, la tala, y la expansión de los agronegocios, enfrentándose en este proceso a amenazas de muerte, golpes y disparos. En vez de apoyar estos esfuerzos de protección territorial colectiva, el Estado ha respondido con indiferencia, como mucho ofreciendo protocolos ineficaces para la protección de personas defensoras de derechos humanos que no abordan de manera explícita las causas subyacentes estructurales de los conflictos.

 

“De acá, más antes, nos íbamos a montear, hasta hacer una cama. Allí parábamos ocho días, quince días… hoy en día, si nos ven allí, se ponen esas personas como matones, como si fuéramos ladrones. Libremente que andábamos. Se están acabando las costumbres de nosotros. ¿Quiénes son los responsables? El mismo Estado”.

 

- Wilson Barbaran Soria, líder de Santa Clara de Uchunya, cuyas tierras ancestrales han sido deforestadas y convertidas en plantaciones de palma aceitera.

La expansión de la frontera extractivista y agroindustrial que causa la violencia y los conflictos ambientales a cadenas de suministros (ya sean “legales” o ilegales) con frecuencia está financiada por inversores extranjeros con base en Estados Unidos, el Reino Unido, Europa y paraísos fiscales. Estos inversores internacionales no rinden cuentas y están escondidos tras las estructuras complejas y opacas de finanzas internacionales privada.

En el terreno, la violencia contra las comunidades y las personas defensoras de los derechos indígenas suele ser dirigida por grupos armados que participan en la extracción ilegal de recursos, el tráfico de tierras o la producción de narcóticos ilícitos vinculada al comercio de drogas regional y global.

Este informe concluye que los sistemas administrativos y judiciales del Perú están fracasando en su obligación de prevenir las violaciones de los derechos, al no ofrecer protección eficaz para las personas defensoras de derechos y negar reparaciones efectivas en respuesta a las denuncias comunitarias. Actores empresariales e inversores extranjeros también están ignorando las graves violaciones a los derechos humanos, los conflictos de tierra y la tala de bosques.

Este informe concluye con una serie de recomendaciones al Gobierno del Perú y a las empresas y los inversores nacionales e internacionales sobre las acciones necesarias para atender las causas estructurales de la violencia. Incluye medidas para poner fin a la impunidad de los responsables que provocan la violencia contra las comunidades y la destrucción de la Amazonía peruana. Estas incluyen-

• Respetar y la proteger los territorios indígenas: el Gobierno del Perú debe abstenerse de otorgar derechos a terceros que podrían afectar territorios indígenas no titulados u otros recursos indígenas en la Amazonía hasta que existan mecanismos efectivos para salvaguardar estos territorios tradicionales, de acuerdo con las obligaciones de derechos humanos del Perú.
• Apoyar iniciativas comunitarias de protección territorial: el Gobierno debe avalar, valorar y —siempre que sea necesario— apoyar las iniciativas de los pueblos indígenas para defender y proteger sus territorios, incluido el monitoreo y la vigilancia por las comunidades y sus propias guardias.
• Apoyar a las defensoras y los defensores indígenas y a los sistemas comunitarios de prevención y protección: el Gobierno debe reconocer y proveer recursos para apoyar los sistemas comunitarios para la prevención de y protección contra amenazas y violencia.
• Establecer sistemas de diligencia debida y detener las inversiones destructivas: las compañías y los inversores deben establecer un sistema práctico y más riguroso de diligencia debida para asegurar que sus operaciones e inversiones en el Perú respeten los derechos humanos de los pueblos afectados por sus proyectos, incluidos los derechos de los pueblos indígenas.

Mientras la pandemia de COVID-19 ha dado lugar a una crisis de salud devastadora en toda la Amazonía peruana, las comunidades indígenas afectadas y las defensoras y defensores ambientales se enfrentan a una intensificación de las presiones en sus territorios, sufriendo amenazas, ataques y asesinatos. Esta violenc­ia ha cobrado la vida de por lo menos media docena de defensores desde que el Estado peruano declaró el estado de emergencia sanitaria en marzo del 2020.

A inicios de octubre, la organización indígena ORAU (Organización Regional de AIDESEP Ucayali) reportó que uno de sus trabajadores había sido asaltado y herido de bala el 1 de octubre, evento que tuvo lugar en el distrito de Yarinacocha en la ciudad de Pucallpa. A la mañana siguiente, amenazas dirigidas a los líderes indígenas Berlín Diques y Jamer López fueron encontradas en las puertas de la oficina de ORAU.

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