E-Boletín FPP Diciembre 2013 (PDF Version)

Queridos amigos:

¿Qué perspectivas hay de proteger los derechos territoriales de los pueblos indígenas, las comunidades locales y las mujeres en un futuro cercano?

En el informe del Grupo de Alto Nivel de Personas Eminentes sobre la Agenda de Desarrollo Post-2015, puesto en marcha por el Secretario General de las Naciones Unidas, se establece la siguiente meta significativa como parte del objetivo 1 de «erradicar la pobreza»: «Aumentar en x%  la proporción de mujeres y hombres, comunidades y empresas con garantía del derecho a tierras, propiedades y otros activos».

La importancia de la tierra para conseguir un crecimiento económico socialmente inclusivo, la sostenibilidad del medio ambiente, la paz y la seguridad, la seguridad alimentaria y el desarrollo rural y urbano sostenibles está adquiriendo relevancia en la agenda política, no solo en las Naciones Unidas sino en todo el amplio espectro de la sociedad.

En la reciente Conferencia Global de Mujeres Indígenas celebrada en Lima, Perú, el pasado mes de octubre más de 200 participantes hicieron la siguiente declaración: «Hoy, en estos momentos en que nos enfrentamos a las crisis combinadas del cambio climático y la inminente pérdida irreversible de diversidad biológica, las mujeres indígenas subrayan el deber de los Estados de proteger los territorios de los pueblos indígenas como áreas cruciales para la recuperación social, cultural y ecológica y para la capacidad de resistencia de la humanidad y el mundo natural». En otra conferencia mundial sobre los derechos territoriales de las comunidades celebrada en Interlaken, Suiza, se estableció la meta de duplicar en un plazo de cinco años la cantidad tierras comunitarias con derechos asegurados (para el año 2018).  

Para alcanzar estas ambiciosas metas relativas a los derechos a la tierra de las comunidades será necesario que las diversas instituciones pertinentes fortalezcan sus acciones relacionadas con la gobernanza de la tierra. Tal y como se resalta en algunos artículos de este boletín informativo, los fallos de la gobernanza de la tierra se manifiestan en el recrudecimiento de conflictos por la tierra y los recursos naturales, como los del sector del aceite de palma mencionados en dichos artículos.  

Iniciativas del sector privado como la RSPO pueden y deben desempeñar una función importante en lo que se refiere a impulsar la reforma jurídica y mejorar la gobernanza de la tierra en los países en los que tienen actividades las empresas que la integran, de manera que dichas empresas estén en mejores condiciones de realizar sus actividades de una manera sostenible. 

La gobernanza de la tierra nos incumbe a todos, y deben contribuir los Gobiernos, las instituciones financieras, la sociedad civil, los pueblos indígenas, las comunidades locales y las empresas. 

En Kenia la comunidad Ogiek de Chepkitale ha documentado por primera vez sus estatutos consuetudinarios con el fin de asegurar la conservación continuada de sus tierras ancestrales y recursos naturales. En el documento aparece la siguiente declaración: «Nosotros no hemos conservado nunca. Es nuestra forma de vivir la que conserva». Inmediatamente después de este acto de gobernanza comunitaria los Ogiek informaron a las diferentes autoridades de la existencia de los estatutos que gobiernan sus tierras, y les pidieron apoyo para aplicarlos.

En reuniones recientes del Convenio sobre la Diversidad Biológica y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático se han negociado proyectos de decisión relativos al papel de los pueblos indígenas y las comunidades locales en la gestión y la restauración de los ecosistemas, la mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo.

Espero que disfruten leyendo más sobre estos temas en esta edición de nuestro E-Boletín.

Joji Cariño, Directora