Retroceso en las salvaguardias sociales y ambientales en tiempos del COVID-19

Resumen

Los países han respondido a la pandemia del COVID-19 debilitando o eliminando las protecciones legales y de política de los derechos de los pueblos indígenas. La nueva evidencia revela una tendencia peligrosa. En los cinco países con las áreas más grandes de bosque tropical del mundo,[i] es decir Brasil, Colombia, la República Democrática del Congo, Indonesia y Perú, los gobiernos han ido reduciendo leyes, reglamentaciones y salvaguardias sociales y medioambientales por “necesidad económica” y el oportunismo de la explotación.

En estos cinco países, la pandemia del COVID-19 se ha caracterizado por políticas y prácticas que violan los derechos de los pueblos indígenas. Estas incluyen cambios legislativos y regulatorios; la exclusión de los pueblos indígenas de los procesos de toma de decisiones; la expansión de las actividades industriales; el aumento en el acaparamiento de tierras; la explotación minera y la tala ilegales en o cerca de los territorios indígenas; el crecimiento alarmante de la criminalización, y la violencia contra los defensores de los derechos humanos de los pueblos indígenas.

Principales resultados

1. Los Estados están dando prioridad a la expansión del sector energético, la infraestructura, la minería, la tala y el desarrollo de la agricultura industrial en o cerca de los territorios indígenas, y no pueden proteger los derechos de los pueblos indígenas a la tierra y a la libre determinación, incluyendo su derecho al consentimiento libre, previo e informado sobre los proyectos que afectan sus tierras y vidas.
2. Los Estados no están haciendo cumplir la legislación nacional o el derecho internacional prohíbe el acaparamiento de tierras, y están facilitando la tala ilegal, la expansión de los agronegocios y minería en o cerca de los territorios de los pueblos indígenas. A pesar de una desaceleración económica general, la deforestación está en aumento y es probable que empeore en 2021 a medida que los gobiernos continúen promoviendo la expansión de las actividades de la industria extractiva a escala industrial.
3. Los Estados han desarrollado y están promulgando políticas de uso de la tierra y ordenamiento territorial, así como regulaciones potencialmente dañinas que violan los derechos de los pueblos indígenas. Además, han debilitado de forma unilateral las regulaciones para la consulta previa, agravando el daño causado por la reglamentación y las políticas existentes.
4. Los pueblos indígenas que intentan afirmar sus derechos enfrentan un aumento en la violencia, las detenciones y los procesos penales, en un clima de mentiras provocadoras y de desinformación.

Este proceso de desregulación y las políticas y prácticas asociadas que violan los derechos, cuyo alcance total aún se desconoce, puede empeorar a medida que los gobiernos sigan favoreciendo la recuperación económica por encima de los derechos humanos y el medioambiente. Durante la pandemia, los gobiernos han tratado la salud y las vidas de los pueblos indígenas como algo menos importante que la expansión de la minería, la tala y la agricultura industrial en sus territorios o cerca de ellos. A menudo, esto ha ayudado a propagar el COVID-19 dentro de sus comunidades.

La explotación de la pandemia para acaparar tierras para la minería, la tala y la agricultura industrial es una amenaza importante no solo para los pueblos indígenas, sino también para grandes áreas de bosque tropical dentro de sus tierras y territorios consuetudinarios.

Los pueblos indígenas afirman sus derechos

Los pueblos indígenas han tomado medidas para proteger sus derechos, por ejemplo: seguir autodemarcando y monitoreando sus tierras, territorios y recursos; desarrollar leyes y protocolos sobre el consentimiento libre, previo e informado; presentar impugnaciones legales contra la desinformación gubernamental, las propuestas de desregulación perjudiciales y las acciones abusivas; utilizar mecanismos nacionales, regionales e internacionales sobre derechos humanos para llamar la atención sobre su situación, y buscar reparaciones.

La incidencia se ha centrado en el fortalecimiento de las instituciones autónomas de autogobierno de las comunidades indígenas y en asegurar la tenencia y el control territorial necesario para que puedan alcanzar un desarrollo libremente determinado y una resiliencia económica.

¿Qué se necesita hacer inmediatamente?

• Todos los gobiernos deben implementar una recuperación económica de acuerdo con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas; asegurar el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación de su desarrollo; respetar y cumplir sus obligaciones de Estado en virtud de los tratados internacionales de derechos humanos; y mostrar apoyo político y compromiso con la promoción de la implementación efectiva de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
• Las instituciones financieras internacionales y las corporaciones multinacionales con cadenas de suministro en países con bosques tropicales deben cumplir con sus obligaciones para asegurar que sus prácticas empresariales no se beneficien de las violaciones de los derechos indígenas y la deforestación, y no contribuyan a ellas ni al consiguiente aumento en el calentamiento global.
• La pandemia se está utilizando como excusa para justificar los retrocesos en el cumplimiento de los estándares internacionales sobre los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas. Por lo tanto, los gobiernos donantes, las instituciones financieras internacionales y otros organismos internacionales y multilaterales deben exigir que los gobiernos de los países con bosques tropicales garanticen los derechos de los pueblos indígenas para que puedan administrar libremente sus territorios y recursos. Estas garantías deben incluir la protección de los líderes indígenas y los monitores comunitarios que protegen sus territorios de las actividades patrocinadas por el Estado, realizadas sin la consulta y el consentimiento de “buena fe”.
• Los sistemas tradicionales indígenas de protección forestal y manejo de tierras han demostrado ser mucho más eficientes y eficaces que las políticas estatales de conservación. Por lo tanto, las instituciones internacionales de desarrollo, las organizaciones de conservación y quienes las financian deben redirigir sus fondos a los pueblos indígenas y sus instituciones, programas de manejo y monitoreo forestal.
• Los gobiernos donantes y las instituciones internacionales de desarrollo deben alentar a los gobiernos de los países con una gran cobertura de bosques tropicales a proporcionar, proteger y financiar sistemas de participación indígena, en todos los niveles, en las decisiones sobre programas y proyectos que puedan afectar los territorios indígenas.
• Las organizaciones que ofrecen financiamiento o programas de respuesta y recuperación del COVID-19 deben mejorar su debida diligencia y los sistemas de salvaguardia social y ambiental conexos, realizar un monitoreo riguroso y proporcionar mecanismos de reclamo accesibles y efectivos para garantizar que las salvaguardias sociales y ambientales se implementen plenamente. Estas medidas son particularmente importantes para las organizaciones internacionales que ofrecen financiación o asistencia técnica a sectores de alto riesgo, como la minería, la agroindustria, la energía y la infraestructura a gran escala, y que ayudan a dar forma a las políticas públicas y la legislación.
• Todos los gobiernos deben promulgar leyes que exijan a sus empresas la debida diligencia en materia de derechos humanos y medio ambiente en toda su cadena de suministro. Deben celebrarse consultas con los pueblos indígenas para conocer sus puntos de vista sobre las medidas de debida diligencia.

 

[i] Rhett Butler, “Largest area of tropical forest, by country,” Mongabay,, 11 de enero de 2016.