Colombia

Colombia es un país con una gran diversidad cultural y biológica. De un total de 53 millones de habitantes, más de 5 millones se autoidentifican como indígenas, mientras que el 10% de la población nacional es de origen afrodescendiente, y muchos grupos rurales y urbanos comparten una identidad étnica mixta. La diversidad lingüística es especialmente alta, con 100 idiomas distintos, incluyendo 51 lenguas indígenas en la región amazónica colombiana.

Colombia es reconocido como un país “megadiverso”, con una geología y unos paisajes variados que sustentan más de 300 tipos de ecosistemas diferentes, hábitats que representan cerca del 10% de la biodiversidad mundial.

Situación actual

Si bien las leyes colombianas que protegen los derechos humanos son sólidas en teoría, esto no siempre se traduce en una protección efectiva de los derechos sobre el terreno. El Gobierno ha ratificado la mayoría de los tratados internacionales sobre derechos humanos y medio ambiente, y cuenta con un marco constitucional nacional que reconoce que el país es pluricultural y está sometido a una jurisdicción plurijurisdiccional. Sin embargo, la implementación de estas normas suele ser deficiente o inexistente.

Al mismo tiempo, el conflicto armado persiste en muchas regiones del país a pesar de la firma de un Acuerdo de Paz entre el Gobierno y el grupo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016. En aquellas áreas víctimas de violencia y conflicto, los territorios de los pueblos indígenas y afrodescendientes se ven desproporcionadamente afectados por la presencia de grupos armados ilegales compuestos tanto por disidentes, así como por mafias y carteles involucrados en la producción y el tráfico ilícito de drogas.

Titulares de derechos y territorios amenazados

En 2023, Colombia fue (nuevamente) categorizado como uno de los países más peligrosos del mundo para las personas defensoras de las tierras y de los derechos humanos. Los líderes y las lideresas de comunidades indígenas, negras y de pequeños agricultores que desafían el abuso por parte de las empresas y los daños ambientales ocasionados por las empresas mineras, de energía agronegocios e infraestructura se enfrentan a violencia, amenazas de muerte y criminalización por parte de actores corporativos, grupos paramilitares y otros grupos armados.

Mientras tanto, las regulaciones defectuosas de concesión de licencias ambientales aún tienden a “invisibilizar” a las comunidades indígenas y afrodescendientes con el fin de agilizar las propuestas oficiales de cambio de uso de la tierra y asegurar la inversión extranjera directa. Para ello, evitan la activación de los requisitos legales de consulta previa, consentimiento libre, previo e informado (CLPI) y realización de evaluaciones de impacto social y ambiental.

En 2025, se encuentran en aumento las presiones ejercidas sobre los territorios de los pueblos indígenas por parte de las industrias extractivas, a pesar de las promesas de Colombia de eliminar progresivamente el uso de hidrocarburos como parte de sus objetivos de emisiones netas cero de gases de efecto invernadero y en virtud de las políticas públicas recientemente adoptadas sobre una transición energética justa.

El Estado está impulsando el aumento de la minería de minerales de transición y megaproyectos de infraestructuras, además de abrir fronteras remotas para los monocultivos a gran escala. En la Amazonía, la deforestación sigue siendo impulsada por la especulación de tierras y la ganadería, que se acerca rápidamente a territorios indígenas intactos. Al mismo tiempo, los mecanismos de financiación emergentes y los mercados de la naturaleza están experimentando un auge en Colombia, generando impactos tanto positivos como negativos en las comunidades de los bosques de todo el país.

En muchos casos, los pueblos indígenas y los dueños consuetudinarios de la tierra enfrentan una sopa de acrónimos y con demasiada frecuencia descubren que es difícil acceder a información clara sobre las políticas ambientales, los mercados de naturaleza, los programas climáticos y la financiación que afecta directamente a sus territorios.

Soluciones de base

Los pueblos indígenas y los pueblos de los bosques se han organizado, en respuesta a estos desafíos, para defender sus territorios y exigir el pleno respeto de sus derechos fundamentales mediante sofisticadas estructuras organizativas a nivel nacional, subnacional y territorial. Las organizaciones titulares de derechos están utilizando acciones legales nacionales e internacionales para hacer valer sus derechos, lo que en ocasiones resulta en sentencias judiciales progresivas. Una prioridad para muchos pueblos es presionar al Estado y a los

actores relacionados para que cumplan con sus obligaciones de acatar las sentencias judiciales que defienden los derechos territoriales y la libre determinación.

Los movimientos indígenas y otros movimiento sociales en todo el país trabajan para fortalecer la resiliencia cultural, establecer estructuras más sólidas de autogobierno y fortalecer las capacidades de sus jóvenes para abordar las injusticias históricas y actuales. A pesar de las barreras que impiden una participación efectiva, los pueblos de los bosques continúan trabajando para aprovechar las oportunidades emergentes, tanto locales como globales, para impulsar el desarrollo sostenible y libremente determinado.

Socios locales y colaboración con el FPP

El programa del FPP en Colombia tiene como objetivo proporcionar acciones de solidaridad en apoyo de estas luchas locales. Lo hacemos a través de acompañamiento técnico y jurídico para facilitar las iniciativas de base de los pueblos de los bosques que les permitan lograr la realización de sus derechos a la libre determinación, el acceso a la justicia y una transición justa hacia economías sostenibles, sanas y agroecológicas.

Con este fin, el FPP acompaña a las comunidades en sus propios esfuerzos autodeterminados para obtener la restitución de tierras, establecer sus propios límites territoriales, titular sus tierras tradicionales, recuperar prácticas culturales, reapropiarse de los conocimientos tradicionales y promover las lenguas nativas. El FPP aplica un enfoque de abajo hacia arriba que busca acompañar a las comunidades en sus esfuerzos por impulsar sus propias propuestas para la conservación de los bosques, el uso sostenible y la protección y reproducción del patrimonio cultural vivo.

• A nivel nacional, el FPP trabaja en colaboración con la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) en una variedad de temas, incluidos los derechos territoriales, el monitoreo ambiental indígena y la conservación dirigida por la comunidad.
• A nivel local, el trabajo de colaboración con los titulares de derechos también incluye iniciativas de restauración forestal, incluso en apoyo a las iniciativas de reforestación del Pueblo Emberá Chamí del Resguardo Indígena Colonial Cañamomo Lomaprieta (RCMLP) en Caldas.
• En la región amazónica, el FPP tiene un programa de acompañamiento a largo plazo centrado en el fortalecimiento institucional y la gobernanza territorial de los Gente de Centro en alianza con las autoridades tradicionales y el Consejo Regional Indígena del Medio Amazonas.
• En Putumayo, el FPP trabaja con ONG colombianas aliadas dando apoyo a los Cabildos Indígenas y a los resguardos campesinos afectados por las industrias extractivas.
• En el Norte del Cauca, el FPP es un aliado a largo plazo del Palenke Alto Cauca (PAC) y de la Guardia Cimarrona, lo que permite acciones de apoyo a las actividades de autoprotección colectiva y la recuperación de los conocimientos agroecológicos tradicionales.