El regreso de la fortaleza de la conservación: REDD y la apropiación verde de tierras en la Amazonía peruana

 

Me acuerdo de cuando los guardas del parque vinieron por primera vez a nuestra comunidad. Convocaron una reunión y dijeron «cojan sus cosas y hagan las maletas, no pongan en marcha más granjas y ya veremos dónde podrán reubicarse».

Esto es lo que dijo Miguel Ishwiza Sangama, exjefe de la comunidad de Nuevo Lamas, una pequeña comunidad indígena Kichwa del norte de Perú, al recordar el momento en que en 2007 los funcionarios del Área de Conservación Regional Cerro Escalera intentaron por primera vez realojar a su comunidad. Durante los años siguientes las autoridades del parque persistieron en sus esfuerzos pero, como la comunidad seguía resistiéndose, recurrieron a restringirle el acceso al bosque para cazar y recolectar, prohibiendo su sistema tradicional de rotación de cultivos. En 2010 presentaron cargos contra tres miembros de la comunidad por practicar la agricultura de rotación.

Nuevo Lamas es la única comunidad ubicada dentro del Área de Conservación Regional Cerro Escalera de 132 000 hectáreas (creada en 2005 por el Gobierno Regional de San Martín), pero hay otras comunidades que dependen de esta reserva para obtener recursos forestales vitales. Según explica Jaime Japulima, presidente de CEPKA[1], una de las cuatro federaciones indígenas que representan al pueblo Kichwa, «toda esta zona es nuestro territorio ancestral y sin embargo la reserva fue creada sin consultarnos». Como resultado, muchas comunidades se ven afectadas. Más recientemente se presentaron cargos contra ocho miembros de la comunidad de Alto Pucalpillo por deforestar 0,25 hectáreas con el fin de establecer un pequeño campamento en el que cultivar plátanos, maíz y árboles frutales que les sirvan de alimento durante sus expediciones de caza y recolección. Una de esas ocho personas describió así su experiencia:

Nuestra comunidad no tiene tierra, nuestro título de propiedad solo incluye nuestras casas. Este es nuestro único bosque, no tenemos ningún otro sitio donde cazar y recolectar sino la zona que ahora llaman reserva. Esta es nuestra tierra, siempre hemos ido allí para recolectar plantas medicinales y a cazar para los festivales de la comunidad, puede ver que está llena de rastros de nuestros ancestros, hay senderos antiguos, palmeras plantadas para luego hacer tejados, ¡incluso hay una mina de sal! Sin embargo, nunca nos consultaron para crear el parque, cuando nos enteramos ya estaba creado. Ahora, ¡si queremos ir a nuestro bosque tenemos que pedir permiso al Gobierno de San Martín!

Alto Pucalpillo es un caso típico. Aunque a algunas comunidades Kichwa les han reconocido una pequeña parte de sus tierras tradicionales con un título oficial de propiedad, muchas otras, como Alto Pucalpillo, solo tienen un título de propiedad para el área alrededor de sus casas, y muchas otras no tienen ni siquiera este nivel básico de reconocimiento. Según un estudio reciente que se está realizando en San Martín, hay al menos 32 comunidades como Alto Pucalpillo con títulos de propiedad que solo cubren sus casas, y al menos 13 que ni siquiera existen oficialmente[2].

Mientras las solicitudes oficiales de títulos de propiedad indígenas para áreas modestas acumulan polvo en los escritorios de los funcionarios del gobierno, el Área de Conservación Regional Cerro Escalera de 132 000 hectáreas ha sido creada junto con cientos de miles de hectáreas de concesiones privadas para la conservación otorgadas a ONG que defienden el medio ambiente y empresas privadas. Solamente en la región de San Martín incluye la mayor concesión de conservación que hay en Perú, la concesión Alto Huayabamba de 143 928 hectáreas, y más recientemente tres concesiones que cubren más de 313 687 hectáreas, que están solicitando a la Alianza para el Clima, Comunidad y Biodiversidad (CCBA por sus siglas en inglés) que valide un proyecto para el mercado voluntario de REDD[3].

Lamentablemente el de Cerro Escalera no es un caso aislado. El mes pasado el Forest Peoples Programme informó[4] desde la región del lago Imiría en Ucayali, donde las comunidades Shipibo han rechazado el Área de Conservación Regional Imiría establecida por el Gobierno Regional de Ucayali en 2010. Las comunidades han exigido su suspensión mientras se emprende un proceso genuino de obtención de su consentimiento libre, previo e informado (CLPI). Como en el caso de Cerro Escalera, esta área de conservación fue creada sin consultar a las comunidades, y no solo cubre las tierras tradicionales de los Shipibo sino que además incluye 7 comunidades con títulos legales. Al igual que en San Martín, la perspectiva de los créditos de carbono parece ser un importante incentivo para el establecimiento de la reserva.

Estos son únicamente dos de los muchos casos similares que se dan por todo Perú de tierras tradicionales de pueblos indígenas que siguen sin ser reconocidas, mientras se otorgan concesiones para la minería, el petróleo, el gas, la madera, el aceite de palma y ahora el carbono. Según los últimos estudios, más de 800 comunidades siguen sin tener un título de propiedad, mientras que más de 200 no tienen ni siquiera reconocida su existencia. De ahí que AIDESEP, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, haya insistido en que hasta que las demandas territoriales pendientes de los pueblos indígenas sean respetadas, la REDD[5] será una amenaza más que una oportunidad. A pesar de ello, el Gobierno peruano[6] ha continuado resistiéndose a invertir fondos para la REDD en asegurar tierras y territorios de pueblos indígenas. Sin embargo, recientemente el equipo de consultores contratado para elaborar la estrategia preliminar de Perú para el Programa de Inversión Forestal (FIP) del Banco Mundial ha destinado 7 millones de dólares americanos a poner en marcha el proceso. Aún no está claro si el Gobierno peruano lo respaldará.

A pesar de la presión para el realojamiento, Miguel y la comunidad de Nuevo Lamas siguen desafiantes:

«No vamos a ir a ningún sitio», dijimos a los guardias, y ellos nos dijeron que tendríamos que comprar la comida porque el cultivo de la tierra iba a ser restringido; así que le dije al ingeniero: «Bueno, pues tendrá que darme su salario para que pueda comprar mi comida».

A pesar de su actitud desafiante les preocupa que se abran más procedimientos judiciales contra miembros de la comunidad por utilizar su bosque, por lo que Miguel se pregunta:

No somos abogados, así que ¿quién nos va a defender...?.

[1] Consejo Étnico de los Pueblos Kichwa de la Amazonía, http://www.cepka.es.tl/Organizaci%F3n.htm

[2] Este estudio está siendo realizado por el Centro de Información y Planificación Territorial Aidesep (CIPTA) y su publicación está prevista para 2013, http://www.aidesep.org.pe/cipta/

[3] Proyecto de REDD+ Biocorredor Martín Sagrado, https://s3.amazonaws.com/CCBA/Projects/Biocarridor_Martin_Sagrado_REDD%2B_project/PDD_REDD_Martin_Sagrado_V3.0_-_PJ%5B1%5D.pdf

[4] http://www.forestpeoples.org/es/topics/el-derecho-la-tierra-y-los-recursos-naturales/news/2012/09/comunidades-indigenas-del-pueblo-s

[5] Programas y proyectos para reducir las emisiones debidas a la deforestación y la degradación forestal

[6] http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2012/08/CARTAIndfuor.pdf