Ministerio Público acusa por primera vez a empresa Ocho Sur por usurpación agravada contra la comunidad de Santa Clara de Uchunya

En octubre del 2023, la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Campo Verde dictó una acusación formal contra la empresa Ocho Sur P S.A.C. por la comisión del delito de usurpación agravada en perjuicio de la comunidad de Santa Clara de Uchunya, el caso con expediente número 00102-2022-90-2406-JR-PE-01. De acuerdo con el Ministerio Público, la empresa de palma aceitera ingresó violentamente en el territorio de la comunidad para abrir una carretera que facilite sus operaciones agroindustriales. En respuesta, el fiscal provincial pidió cuatro años de cárcel para el gerente general Serge Georges Verhaert y el apoderado Renzo Puyen Rivera, así como una reparación civil de 10 mil soles a favor de la comunidad.

El 2020 ni la crisis política a nivel nacional ni la pandemia del COVID-19 detuvieron las operaciones ilegales y desboques por actores acostumbrados a estas prácticas. No solo la empresa Ocho Sur P S.A.C. operaba exponiendo a sus trabajadores y poblaciones aledañas al contagio, sino que fue más allá y entró al territorio ancestral de Santa Clara de Uchunya y lo deforestó sin permiso. El motivo: hacer con maquinaria pesada una carretera hacia la puerta de la plantación de palma ilegal.

Los hechos ocurrieron precisamente entre noviembre a diciembre de dicho año, donde la maquinaria terminó afectando bosques naturales y algunas plantaciones de árboles frutales en un área de 3 kilómetros por 20 metros de ancho. Los comuneros, al estar asentados al otro lado del río, se dieron cuenta tardíamente, pues el modus operandi de la empresa era actuar por las noches hasta la madrugada para luego retirarse. El área afectada forma parte de las 1544.2025 hectáreas dadas en titulación (ampliación territorial) a la comunidad en febrero de 2020 e inscritas en los Registros Públicos el 2022.

En un primer momento, la Fiscalía solicitó el archivo del caso, a lo cual la defensa técnica de la comunidad presentó un recurso de oposición. El Juzgado de Investigación Preparatoria de Campo Verde, al no estar de acuerdo, elevó en consulta el caso a la autoridad fiscal superior, la cual discrepó con la opinión de la Fiscalía Provincial y ordenó acusar a la empresa al existir suficientes elementos probatorios en su contra.

 

“Queremos que haya justicia por haberle hecho daño a la comunidad. Ellos piensan que no podemos reclamarles justicia porque somos indígenas. Así le veo yo. Nosotros estamos aquí para defender nuestro bosque. Los shipibos tenemos esa capacidad para luchar y salir adelante por nuestra lucha ¿Cuándo van a reparar el daño que han hecho? Ese bosque era como un ser humano, le han matado”, Luisa Mori, presidenta de la Asociación Frente de Defensa por los intereses de la comunidad nativa Santa Clara de Uchunya (AFDPISCU).

 

Pese a que el Grupo Ocho Sur dice que no ha tocado ningún árbol desde que llegó al territorio shipibo-konibo, esta acusación formal dejaría por los suelos la narrativa que pretende usarse para justificar y legitimar su presencia en la región de Ucayali, pretendiendo expandir los cultivos de una u otra manera dentro del territorio de la comunidad nativa.

Es preciso recordar que ya las organizaciones indígenas y de derechos humanos han acudido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y al Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la cuestión de los Derechos Humanos y las Empresas Transnacionales, con relación a violaciones de derechos humanos y daños ambientales ocasionados por una plantación de palma aceitera operada por el grupo Ocho Sur.

Al 2023 Ocho Sur P SAC sigue trabajando en la ilegalidad pues no cuenta ni con las autorizaciones forestales ni los permisos ambientales requeridos por normativa nacional. Donde incluso, la propia Contraloría de la República señala que la empresa no tiene asidero legal para regularizar la deforestación ilegal sobre la que se ubican sus plantaciones, suelos con aptitud forestal, sobre los cuales existe prohibición legal para la autorización y el cambio de uso para fines agropecuarios. En diciembre de este año, además, vence el plazo de investigación donde la Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada contra la Criminalidad Organizada (FECOR) de Lima debe hacer pública su posición con relación a las denuncias contra la empresa por delitos ambientales y de crimen organizado.

El caso de usurpación agravada de Ocho Sur en agravio de Santa Clara de Uchunya queda ahora en manos de la justicia y se espera que culmine pronto con una sanción ejemplar que refleje por fin mecanismos de rendición de cuentas para las empresas del sector palmicultor en la Amazonía peruana.

 

“Me siento alegre, pero con cautela. Ojalá haga bien su trabajo el juez. Vivimos en un país difícil en el acceso a la justicia. Dios mediante haga bien su trabajo el juez”, Efer Silvano Soria, ex apu de la comunidad y vicepresidente de la AFDPISCU.