Alerta a la comunidad internacional sobre graves violaciones a las libertades y derechos fundamentales en Colombia en el contexto de una política estatal de vulneración de los derechos e intimidación

Un llamado al Gobierno de Colombia y a la comunidad internacional

Destacando la relevancia de una fiscalización nacional e internacional en relación a las denuncias de graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos perpetradas en el contexto de las protestas sociales los últimos días, el FPP en solidaridad con los pueblos y las organizaciones sociales en Colombia insta:

Al Gobierno nacional y al Estado colombiano a:

• Adoptar de inmediato las medidas necesarias para el cese del uso desproporcionado de la fuerza por parte de las Fuerzas de Seguridad en el marco de las protestas sociales.
• Condenar el uso desproporcionado de la fuerza por parte del estado y las autoridades, y a exigir el estricto cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos sobre la materia que requieren de legalidad, necesidad, proporcionalidad y no afectación a grupos especialmente protegidos.
• Asegurar que las fuerzas de seguridad que intervengan para proteger y controlar el desarrollo de las manifestaciones y protestas tengan como prioridad la defensa de la vida y la integridad de las personas que ejercen su derecho a la protesta. Considerando la repetición de violaciones de DDHH en el marco de protestas, es evidente la necesidad de desmontar el Escuadrón Móvil Antidisturbios.
• Promover el estándar interamericano según el cual los funcionarios públicos tienen el deber de abstenerse de realizar declaraciones que estigmaticen o inciten a la violencia contra las personas solo por el hecho de participar en una protesta.
• Adoptar de inmediato las medidas necesarias para garantizar el acceso a la justicia y reparación integral por parte de todas las personas que se han visto vulneradas en sus derechos, investigando con la debida diligencia y sancionando a todos los agentes del estado responsable en las violaciones a los derechos humanos. 
• Detener cualquier intento de reformas legales y políticas que representen regresividad en los derechos, entre estos el proyecto de reactivar la fumigación aérea con glifosato y los intentos de reglamentar y limitar el derecho al consentimiento libre, previo e informado.
• Dar origen a reformas institucionales, la restructuración de los sectores de la seguridad y la justicia, y la creación de acciones afirmativas que aseguren acceso de grupos vulnerables a planes sociales destinados a superar las brechas de desigualdad.

A la comunidad internacional, los Estados, las organizaciones intergubernamentales, las instituciones financieras internacionales, los inversionistas, y las empresas a:

• Condenar este tipo de hechos y abusos cometidos por el Gobierno nacional y hacer un llamado para que el Gobierno colombiano detenga de inmediato la represión violenta de la protesta.
• Evaluar los apoyos que recibe las Fuerzas de Seguridad colombiana provenientes de la cooperación internacional, cuando se mantiene una doctrina estatal que, en vulneración a los estándares y normas internacionales que regulan el uso de la fuerza, en especial contra la población civil en el contexto de protesta social y pandemia, permite el carácter generalizado de graves e impunes violaciones de DDHH incluidos homicidios.
• Exigir una investigación pronta y de oficio en cumplimiento de la debida diligencia, para cumplir con las obligaciones estatales de sancionar proporcional y oportunamente a todas las personas responsables en delitos de esta magnitud.
• Abstenerse de contribuir al financiamiento de sectores que amenacen los derechos fundamentales de la población, entre ellos la vida y la integridad.
• Abstenerse de autorizar inversiones en un país con graves cuestionamientos a su estado de derecho e institucionalidad democrática, especialmente mientras se mantengan las serias vulneraciones a las libertades fundamentales y su ejercicio en el espacio cívico.
• Aplicar una debida diligencia rigurosa para respetar los derechos de los pueblos indígenas, comunidades negras y poblaciones campesinas a través de todas sus cadenas de valor y sus inversiones actuales y planeadas en Colombia, incluyendo salvaguardias específicas para proteger a las personas defensoras de derechos humanos.

• Alerta aqui