Colombia revierte los derechos humanos fundamentales en medio de la crisis COVID-19 causando gran indignación

30 de abril de 2020

Las comunidades indígenas y de afrodescendientes en Colombia están indignadas por lo que llaman “un abuso pleno del poder” por parte del Gobierno nacional. En medio de la pandemia del COVID-19, el organismo encargado de defender sus derechos al consentimiento libre, previo e informado (CLPI) ha propuesto seguir adelante con estos procesos de manera virtual, cediendo a los intereses del sector privado.

El día 20 de abril, el Ministerio del Interior hizo un giro de 180 grados en su propuesta inicial, anunciando la revocatoria de las medidas. Sin embargo, la propuesta original señala una intención muy preocupante de revertir los derechos debido a las presiones del sector privado, que continuarán a pesar de haber derogado la propuesta.

Los actores económicos “pretenden convertir la pandemia en una oportunidad para el despojo y han pedido al gobierno que siga haciendo las licencias ambientales más flexibles y limitando el derecho fundamental a la consulta previa”, señala una declaración conjunta emitida el 16 de abril por las organizaciones indígenas, afrodescendientes y campesinas.

De hecho, en respuesta directa a las demandas del sector privado, el Ministerio del Interior de Colombia anunció en una carta circular externa (ver circular adjunta) que tiene la intención de imponer procesos de consulta virtuales sobre los titulares de derechos a la luz de las restricciones de distanciamiento social que no permiten que se lleven a cabo procesos en persona.

La respuesta del Ministerio es “inconstitucional, ominosa y vergonzante,” subraya la declaración conjunta de las organizaciones de los pueblos indígenas, los afrodescendientes y las comunidades campesinas. También, contraviene el Convenio 169 de la OIT, la Constitución de Colombia, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y la jurisprudencia nacional e internacional, como lo ha dejado en claro el Procurador General de la Nación.  Además, contraviene las propias leyes y protocolos de consulta y consentimiento de los pueblos indígenas, como la Resolución 048 del Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta, el protocolo elaborado por los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta y el protocolo de la comunidades negras del Palenke Alto Cauca. Es importante decir además que no todas las comunidades tienen acceso al Internet.

“Es ilógico e inaudito para nosotros pensar en consultas virtuales u otros inventos diferentes a los adoptados por nuestros pueblos”, se subrayó en la declaración conjunta.

Sin embargo, es el momento elegido para este anuncio lo que está causando indignación.

Incluso sin el COVID-19, los pueblos indígenas, los afrodescendientes y campesinos luchan contra la discriminación estructural profunda, el despojo territorial y las condiciones de extrema pobreza, la precariedad y la violencia provocadas por el conflicto armado de Colombia y las políticas económicas extractivistas. Con la pandemia están sufriendo desproporcionadamente, algunos sin agua ni alimentos, otros sujetos a toques de queda impuestos por actores armados, ninguno con acceso suficiente a equipos de protección personal u otras medidas para combatir la pandemia.

Este es un momento inusualmente cruel para que el Gobierno colombiano revierta la protección de los derechos.

El Forest Peoples Programme seguirá monitoreando esta situación de cerca. Hacemos eco de las demandas de las organizaciones indígenas, afrodescendientes y campesinas en su declaración del 16 de abril, e instamos a:

• Que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales suspenda todos los procesos de licenciamiento ambiental en los territorios donde el COVID-19 y el conflicto armado han profundizado las vulnerabilidades de las comunidades étnicas y campesinas, y particularmente aquellos territorios donde la escasez de alimentos, la contaminación del aire y la falta de acceso al agua potable pongan en peligro la vida y la integridad de las comunidades indígenas, negras y campesinas.
• Que el Ministerio del Interior asegure que todos los proyectos desarrollados cumplen con los estándares mínimos de consentimiento libre, previo e informado, especialmente en este momento de mayor vulnerabilidad en el que la supervivencia cultural y física de los pueblos pende aún más de un hilo con la arremetida del COVID-19.
• Que la Presidencia de la República - en cumplimiento de las normas internacionales que obligan a la protección especial de las poblaciones indígenas, afro y campesinas, y la Constitución de Colombia, que reconoce el carácter multiétnico y pluricultural de su población - informe sobre las medidas especiales de protección que está adoptando, indicando en detalle:
  • a) los recursos asignados para atender la salud, la seguridad alimentaria y otros derechos inherentes al mantenimiento de sus culturas, el origen de estos recursos y la población beneficiaria.
  • b) las medidas para garantizar el suministro de agua potable en las comunidades que no tienen acceso a dicho recurso, informando sobre los recursos invertidos, los operadores logísticos contratados y los mecanismos utilizados para garantizar una implementación adecuada.

Solicitamos además al Ministerio del Interior:

• Una copia de las minutas de consulta y consentimiento firmada por la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas y el Espacio Nacional de Consulta Previa de las Comunidades Negras, respecto a la propuesta del Gobierno de adelantar virtualmente las consultas previas.
• Una copia de la norma que faculta al Ministerio para regular el derecho fundamental a la consulta previa a través de su circular externa CIR 2020-29-DMI-1000 del 27 de marzo de 2020.

A pesar del giro de 180 grados del Ministerio del Interior, la industria seguirá ejerciendo una enorme presión para revertir la protección de los derechos. Las demandas de la declaración conjunta siguen siendo críticas y necesitan una respuesta rápida.  

Para obtener una mayor información, favor contactar a:

Héctor Jaime Vinasco, Resguardo Colonial Cañamomo Lomaprieta, +57 3183972770

Gabino Hernández Palomino, Palenke Alto Cauca-Proceso de Comunidades Negras, +57 3122393228

Tom Dixon, Forest Peoples Programme [email protected] +44 1608 690760