¿Cuál es la posición del Banco Mundial en relación con los derechos humanos?

El Banco Mundial se encuentra en  las últimas etapas de revisión de sus procesos para la evaluación y la gestión de los riesgos ambientales y sociales a nivel de proyecto. Anunciadas originalmente en 2011, las consultas sobre el primer borrador tienen como fecha límite el 1ero de marzo de 2015. Se espera entonces que el proceso de revisión de las salvaguardias termine en algún momento durante 2015, luego de realizar consultas sobre un segundo borrador, y que el nuevo sistema de salvaguardias sea respetado a partir de 2016.

El Banco ha recibido muchas críticas de académicos, órganos internacionales de derechos humanos, pueblos indígenas y la sociedad civil por su propuesto proyecto de borrador de su Marco Ambiental y Social, hecho público en julio de 2014. No obstante, existen preocupaciones de peso no solamente acerca de la política y las normas propuestas, sino además en el proceso de consulta y participación con los titulares de los derechos principales y las partes interesadas en la revisión. Si bien algunas declaraciones y críticas poderosas se encuentran disponibles aquí, este artículo se centra en las implicaciones de los derechos humanos del borrador actual.

Implementación inadecuada

La nueva propuesta de salvaguardias del Banco Mundial contiene dos secciones separadas, la política ambiental y social (PAS) y las normas ambientales y sociales  (NAS). Estas nuevas salvaguardias propuestas necesitarán procesos de implementación nuevos significativamente mejorados para abordar debilidades graves identificadas en evaluaciones anteriores de la implementación de las salvaguardias del Banco, una atención renovada hacia los incentivos del personal y un movimiento radical hacia la unión de todos los niveles de la revisión y la evaluación de riesgos.

Las salvaguardias actuales del Banco Mundial están desactualizadas y no se encuentran sincronizadas con el estado corriente de pensamiento de desarrollo, el derecho en materia de derechos humanos, las prácticas de salvaguardias en la financiación pública y privada, y enfrentan graves deficiencias en la implementación. La revisión de aprendizaje de la política operacional 4.10 (OP4.10) realizada entre 2006-2008, por ejemplo, resaltó algunas fallas extraordinarias en la implementación, encontrando, entre otras cosas, que cuando los derechos a la tierra y los recursos están implicados, únicamente una pequeña minoría de proyectos abordan estos derechos de manera adecuada.

Ajustar solamente el contenido no es suficiente. La próxima fase de crear un marco a través del cual las nuevas salvaguardias sean implementadas es absolutamente vital para su éxito, y debe ser conducida de una manera abierta y transparente.

 ¿Qué viene después?

Existe cada vez más presión para que el Banco piense radicalmente la forma en la cual funcionarán las propuestas corrientes para un sistema nuevo de salvaguardias ambientales y sociales. Un número extraordinario de 27 titulares de mandatos especiales de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH) escribieron de manera colectiva  al presidente del Banco Mundial para dar a conocer sus preocupaciones. La Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, a través de su Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas, se comunicó de manera formal con el presidente del Banco Mundial resaltando las cuestiones críticas relacionadas con las propuestas contenidas en la NAS7 sobre pueblos indígenas. Los pueblos indígenas de Tanzania, que podrían sufrir enormemente debido a algunos de los nuevos cambios, escribieron de nuevo al Banco. Estas voces figuran entre muchas de las preocupaciones relativas al marco de implementación, el contenido de las normas individuales y la naturaleza de la posición del Banco en materia de derechos humanos fundamentales.

Derechos humanos para todos

Dentro de los nuevos documentos de proyecto, los derechos humanos se mencionan tres veces. La declaración de intenciones afirma que “las operaciones del Banco apoyan los derechos humanos y fomentan su respeto de una manera consistente con los artículos del Acuerdo del Banco”. En la NAS2  sobre la mano de obra y los estándares de trabajo, se establece que “[l]os trabajadores del proyecto recibirán información clara y comprensible […] que establecerá sus derechos según las leyes laborales nacionales”; y finalmente en la NAS7 se reconoce que el estatus económico, social y legal de los pueblos indígenas “frecuentemente limita su capacidad de defender sus derechos e intereses en las tierras, los territorios y los recursos naturales y culturales [...]”.

Solamente en uno de estos casos la referencia a los derechos cuenta con una responsabilidad identificada: en el caso de los derechos de los trabajadores en donde el trabajador debe ser informado de manera adecuada de estos derechos por el prestatario. En los otros dos caos los compromisos son poco claros. El Banco sostiene que los derechos humanos están protegidos en la práctica sin una referencia explícita, pero este argumento enfrenta a desafíos graves.  Uno de estos desafíos implica la inclusión del llamado “enfoque alternativo” en el que un gobierno puede solicitar la no aplicación de la totalidad de la NAS7, la norma sobre pueblos indígenas. Si bien se reconoce la necesidad de protecciones específicas para los pueblos indígenas, el Banco introduce simultáneamente un mecanismo para suspender dichas protecciones, una suspensión que probablemente sería solicitada por los gobiernos  para los cueles dicha protección es aún más necesaria.

El enfoque alternativo debe ser eliminado

Es nuestra opinión que la inclusión de este informe alternativo socava cualquier reclamo que le Banco pudiera liderar el campo de las protecciones sociales y ambientales, y pone fin a cualquier argumento de que el Banco está protegiendo los derechos en la práctica, aunque no de manera explícita. La retención de esta propuesta pone a riesgo de manera directa a los pueblos indígenas en todo el mundo, y no debe permitirse que se mantenga si se espera proteger los derechos e intereses de los pueblos indígenas en el nuevo sistema de salvaguardia.