“¿Cuántos asesinatos más vamos a esperar?”: Los pueblos indígenas del Perú demandan que el Estado acabe con la violencia y la impunidad

El padre de Diana Ríos fue asesinado en septiembre de 2014 por defender su territorio. En la audiencia, ella manifestó que seis años después de la muerte de los cuatro líderes de su comunidad, siguen las amenazas por las mafias y la corrupción, sin contar con seguridad efectiva de parte del Estado peruano. Diana Ríos indicó que:

“Hasta la fecha los asesinos siguen libres. Desde el 2014 sólo veo corrupción que impide avances en la investigación por el asesinato y aún no se sanciona a los responsables, que incluye a empresarios. El Estado siempre ha favorecido a las empresas, a las mafias”

• Comunidad Nativa de Santa Clara de Uchunya en Ucayali – Efer Silvano 

Para la comunidad shipiba de Santa Clara de Uchunya, no es la primera vez que acuden a la Comisión. Efer Silvano, el presidente de dicha comunidad, recordó este hecho como ejemplo de que las promesas del Estado no avanzan. Con su caso en el Tribunal Constitucional del Perú esperando sentencia ya más de un año de la audiencia realizada, la comunidad se ha visto obligada a solicitar medidas cautelares ante la misma CIDH este año.

Recordando cómo fue invadido el territorio de su comunidad y luego deforestado en 7 mil hectáreas de bosques por mafias que involucraron a traficantes de tierras, al Gobierno Regional de Ucayali y a la empresa de palma aceitera Plantaciones de Pucallpa (hoy Ocho Sur P), Efer expresó las actuales consecuencias de dicho despojo territorial:

“donde antes encontrábamos nuestra medicina natural, ahora todo está destruido, puras quebradas contaminadas. Es duro, pero es la realidad de nuestra comunidad” y “Solo entre agosto y setiembre [del 2020], los invasores han seguido entrando a la comunidad sin que la Fiscalía o Policía hayan podido detenerlos. Los traficantes armados siguen ahora mismo dentro de nuestra comunidad. Ya basta de tanta impunidad.”

• Comunidad Nativa Nuevo Amanecer Hawái, Ucayali – Maribel Casancho

Maribel Casancho, cuyo suegro y esposo fueron asesinados por la defensa del territorio de su comunidad, denunció que los asesinos de sus familiares continúan impunes, en un contexto de invasión de empresas madereras saqueando sus bosques y con una Dirección Regional de Agricultura otorgando derechos a invasores y traficantes de tierras.

Maribel recordó además que el caso de Nuevo Amanecer Hawai ya tiene dos años en el Tribunal Constitucional peruano, sin mayores avances. Maribel recordó la violencia que vivió:

“El 17 de mayo, tiempo de pandemia, asesinaron a mi esposo. Yo vi eso, estuve en ese lugar, cuando nos golpearon, nos secuestraron, nos llevaron a un lugar desconocido, hasta que le dispararon a mi esposo, y a mí desfiguraron el rostro y me dieron por muerta. De milagro estoy con ustedes hablando, con ese recuerdo doloroso que nunca voy a olvidar, y esas cicatrices que quedaron marcadas para toda mi vida. Ahora soy padre y madre para mis hijos. Exijo al Estado que acabe con esta violencia.”

• Comunidad Nativa Unipacuyacu, Huánuco - Jesus Cahuasa 

“Las mafias pudieron impedir que lleguemos a esta audiencia” inició su presentación Jesús Cahuasa, líder de la comunidad nativa Unipacuyacu, comunidad fundada en 1979 y que, hasta el día de hoy, no cuenta con seguridad jurídica sobre sus territorios, con un Estado que ha fomentado la parcelación individual y no la propiedad colectiva, favoreciendo a invasores y colonos coludidos con las mafias.

Jesús recordó que la comunidad ha experimentado ya asesinatos en el 2013, 2016, 2017 y 2020 de comuneros involucrados en la defensa territorial y comprometidos con el proceso de titulación de la comunidad, y que la justicia es volátil ya que “jueces y fiscales están coludidos con el narcotráfico y la corrupción.”

La necesidad de protecciones efectivas para los defensores de la Amazonía peruana.

Para todas las comunidades representadas en la audiencia faltan medidas de protección reales y concretas para quienes defienden sus territorios de la corrupción estatal articulada con las mafias que buscan despojarlos de sus bosques y sus medios de vida. Miguel Guimaraes, presidente de la FECONAU dijo:

“¿Quién nos va a defender? No queremos morir más por chocar contra estas mafias poderosas que las empresas están utilizando dentro de los aparatos del Estado ¿Por qué cuando nos vamos a quejar con instituciones del Estado, resulta que estas mismas instituciones están involucradas?"

¿Qué exigen las comunidades a la CIDH?

Frente al actual patrón de violaciones sistemáticas a los derechos de los pueblos indígenas, donde actúan economías legales e ilegales con la aquiescencia del propio Estado, Álvaro Másquez Salvador del Instituto de Defensa Legal (IDL) señaló que el Estado “ha incumplido sus obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y reparar las graves violaciones a los derechos humanos que han sufrido las comunidades”. Además, que el Estado peruano es responsable por no “adoptar las medidas necesarias para contrarrestar situaciones de riesgo real e inmediato que ya conocía o debía conocer” agregó.

Las comunidades indígenas le solicitan a la Comisión: 

i) Realizar una visita a in loco a las comunidades,  

ii) Enviar una comunicación formal al Estado exhortándolo a tomar acciones concretas para proteger a los defensores y defensoras de los bosques y sus territorios,  

iii) Requerirle información sobre el impacto de la corrupción en los casos de las cuatro comunidades, así como sobre el estado de los procesos judiciales en curso para combatir la impunidad.

La indolencia del Estado con instrumentos con poco alcance en la práctica para la protección de defensores

La delegación del Estado peruano estuvo compuesta por representantes del  Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la coordinación de Fiscalías anticorrupción y  Ministerio de Cultura.

La delegación estatal hizo hincapié en una “sincera voluntad de diálogo” y presentó sus avances en los temas de corrupción y derechos humanos y políticas públicas para personas defensores en materia de derechos humanos. Entre estas acciones se resaltaron el Plan Nacional de Derechos Humanos (PNDH) 2018 – 2021, el “Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de Derechos Humanos”  el “Registro sobre Situaciones de Riesgo de personas defensoras de derechos humanos y aprueba los Lineamientos para su funcionamiento en tiempos de gran riesgo para los defensores ambientales”.

Asimismo, el Estado aseguró que la titulación de los territorios indígenas es un compromiso clave, esperando e"alcanzar hasta el año 2021, el 90.5 % de las comunidades nativas saneadas” según el representante del MINJUSDH.

Sin embargo, ya lo había advertido Jesús Cahuaza, líder de la comunidad nativa de Unipacuyacu: “El Perú volverá a mentir y a decir que ha hecho esto y el otro, pero, sin embargo, ha contribuido con el narcotráfico y asesinato de nuestros hermanos”.  

Como lo remarcó Álvaro Másquez del IDL, el Estado peruano no mencionó que el Protocolo de Defensores carece de un presupuesto suficiente y de un alcance multisectorial, además de ser cuestionable la verdadera efectividad del Plan Nacional de Derechos Humanos mencionado ya que éste no alcanza a las actividades ilegales e ilícitas que afectan a los cuatros casos presentados enla audiencia. Menos el Estadoabordó  la real prevención de la violencia hacia defensores y defensoras. “Muchos de los defensores asesinados habían pedido garantías, y a los que se les había concedido, nunca se les acerco un efectivo policial”, mencionó.

La interpelación de la CIDH al Estado peruano

La comisionada Margarette May Macaulay fue tajante: “Sigue pasando. ¿Cuándo va parar? Concuerdo cuando hablan de impunidad ¿Cuándo va a parar la impunidad? El Perú aparece seguido en el proceso Interamericano muy seguido en relación a los derechos pueblos originarios, la impunidad que ocurre, el robo de sus territorios, la violencia que sufren, la pérdida de vidas, etc. Esto sigue pasando.”

“¿Cuándo las concesiones, las cuales son hechas sin consentimiento previo, libre e informado, van a parar? ¿Cuándo el Estado hará algo para prevenir los ingresos ilegales en los territorios indígenas por parte de gente que los desplaza, ataca, mata, roba tierras, permanece y obtienen los títulos antes que los pueblos originarios? Esto es ridículo. Tiene que terminar”, agregó la comisionada.

Asimismo, mencionó que “combatir la impunidad es investigar a quienes cometen los crímenes a los pueblos indígenas, procesarlos y sancionarlos, y asegurando que los pueblos indígenas reciban reparaciones por las violaciones que sufren.”

Finalmente, la comisionada mencionó que la CIDH monitoreará el compromiso de saneamiento jurídico de los territorios indígenas al 2021, que hizo la delegación peruana.  

[1] Las organizaciones participantes en la audiencia fueron: 

• La Federación de Comunidades Nativas de Ucayali y Afluentes (FECONAU) 

• La Federación Nativa de Comunidades Kakataibo (FENACOKA) 

• La Organización Regional de AIDESEP Ucayali (ORAU) 

• Las comunidades nativas de Alto Tamaya-Saweto del pueblo Ashéninka, Nuevo Amanecer Hawái del pueblo Asháninka, Santa Clara de Uchunya del pueblo Shipibo-Konibo y Unipacuyacu del pueblo Kakataibo.  

• El Instituto de Defensa Legal (IDL) 

• Proética - El capítulo peruano de Transparencia Internacional 

• Rainforest Foundation United States (RFUS).