Experiencias de los pueblos indígenas de África con las políticas de salvaguardia - Ejemplos de Camerún y la cuenca del Congo

Samuel Nnah Ndobe

La noción de «pueblo indígena» ha sido muy controvertida en África. Hay quienes consideran que todos los africanos son pueblos indígenas liberados de los poderes coloniales, mientras que otros simplemente hacen hincapié en que es muy difícil determinar quién es indígena en África. El establecimiento en 2001 de un Grupo de Trabajo sobre las Poblaciones/Comunidades Indígenas por parte de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP) y el informe presentado por dicho grupo ante la CADHP y adoptado por ésta en 2003, han dado una nueva perspectiva a este problema. En ese informe se aceptaba unánimemente por primera vez la existencia de pueblos indígenas en África, y eso generó debates sobre cómo los diferentes países del continente podrían empezar a integrar los derechos de estos pueblos en la corriente predominante de los derechos humanos. Los pueblos indígenas del centro de África incluyen el pueblo comúnmente llamado Pigmeo, que se dedica principalmente a la caza y la recolección, y una serie de pueblos que se dedican al pastoreo. Estos pueblos aún sufren discriminación y desprecio como consecuencia del despojo de su tierra y la destrucción de sus medios de vida, sus culturas e identidades, la pobreza extrema, la falta de acceso y participación en la toma de decisiones políticas , y la falta de acceso a las instalaciones educativas y sanitarias.

Existen tendencias positivas relacionadas con la protección de los derechos de los pueblos indígenas en África.. La República Centroafricana ha ratificado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales, la República del Congo ha aprobado una ley especial sobre pueblos indígenas, y Kenia está haciendo progresos con políticas de respeto y protección de los derechos de los pueblos indígenas, todo lo cual ilustra dichas tendencias. Además, muchos países africanos votaron a favor de la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas (DNUDPI). Algunos países, como Camerún y la República Democrática del Congo (RDC), también están implementando en la actualidad planes nacionales de desarrollo de los pueblos indígenas a través de programas apoyados por el Banco Mundial. Sin embargo, la triste realidad es que muchos de esos programas solo existen sobre el papel y no están siendo traducidos a acciones concretas que generen verdaderos impactos para  los pueblos indígenas.

La DNUDPI, la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos y el Convenio 169 de la OIT son algunos de los instrumentos jurídicos y políticos internacionales que reconocen el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados, a dar o denegar su consentimiento libre, previo e informado y a participar en la gestión de los asuntos públicos y en cualquier iniciativa que pueda afectarles. Como ya se ha expuesto, en Camerún hay planes específicos de desarrollo de los pueblos indígenas adjuntos a programas de desarrollo apoyados por el Banco Mundial, como el Participatory Community Development Programme, comúnmente conocido por su acrónimo francés PNDP (Programa Nacional de Desarrollo Participativo), y el Forest and Environment Sector Programme o FESP (Programa Sectorial de Bosques y Medio Ambiente), que pretenden abordar los aspectos específicos de los pueblos indígenas.

Sin embargo las cuestiones clave deben ser la manera de integrar las salvaguardias en las políticas y programas y la manera de implementarlas. En Camerún, la mayor parte de los planes de desarrollo de los pueblos indígenas han sido bien redactados por asesores para cumplir los requisitos del Banco Mundial, pero su puesta en práctica deja que desear porque los principios que protegen apenas son respetados. Se han documentado varios casos de planes de desarrollo de los pueblos indígenas en Camerún que han sido implementados de mala manera y han acabado muy lejos de los principios que defienden. RACOPY, la red de acciones concertadas «Pigmeas» de Camerún, ha documentado casos en los que supuestamente el plan de desarrollo de los pueblos indígenas del FESP fue “supuestamente” puesto en práctica simplemente distribuyendo bolsas de arroz y otros alimentos, machetes, azadas y otras herramientas. Estas acciones fueron realizadas sin consultar a los pueblos indígenas y más tarde estos materiales fueron hallados en manos de Bantúes (pueblo no indígena).

En muchos países africanos la discriminación de los pueblos indígenas se refleja en las políticas y programas formulados por el estado. Hay leyes y políticas discriminatorias que privan a los pueblos indígenas de los bosques de sus tierras y recursos. Las leyes relativas a la tierra y los proyectos de desarrollo que afectan a territorios indígenas suelen reflejar el hecho de que el estado no reconoce los derechos territoriales ancestrales. Los pueblos indígenas Bagyeli (también llamados «Pigmeos») que dependen de los bosques de Camerún se vieron gravemente afectados por el proyecto de construcción del oleoducto Chad-Camerún (financiado en parte por el Banco Mundial) que atraviesa una porción considerable de su territorio forestal, acarreando diversos tipos de problemas como la reducción de los recursos forestales, una compensación inapropiada, nuevas formas de conflictos con los Bantúes vecinos y el desalojo debido a la creación del Parque Nacional de Campo Ma’an. Este proyecto fue construido contraviniendo las salvaguardias del Banco Mundial que protegen a los pueblos indígenas, tal y como se detalla en un largo informe del Panel de Inspección[1].

Durante la construcción del oleoducto Chad-Camerún las poblaciones indígenas cuyas tierras estaban siendo atravesadas no tuvieron derecho a compensación porque según la Ley  de tenencia de las tierras de Camerún de 1974 no tenían títulos de propiedad de la tierra reconocidos legalmente, y sus actividades de caza y recolección no eran vistas como algo que valorizara la tierra, siendo por lo tanto actividades “invisibles” bajo las leyes nacionales injustas y obsoletas.

En virtud de la política de pueblos indígenas del Banco Mundial, los Baka, Bagyeli, Bakola y Bedzang (todos cazadores-recolectores indígenas de Camerún) están considerados «pueblos indígenas» y el gobierno ha reconocido y ha asumido como propios los planes de desarrollo de los pueblos indígenas/Pigmeos del oleoducto Chad-Camerún, el Programa Nacional de Desarrollo Participativo y el Programa Sectorial de Bosques y Medio Ambiente.

A pesar de esto, el término oficial del gobierno para los pueblos indígenas de Camerún en otros contextos no relacionados con proyectos del Banco Mundial es «pueblos marginados». Este término los engloba con grupos como los discapacitados, los ancianos y otras personas socialmente vulnerables. Esta agrupación no tiene sentido, ya que dentro de los pueblos indígenas tenemos discapacitados, ancianos y otros segmentos sociales vulnerables exactamente igual que cualquier otro segmento de la población. Además, los pueblos indígenas no son identificados por su nivel de vulnerabilidad sino por sus relaciones específicas con las tierras y los recursos, y por los derechos que se derivan de estas relaciones. No está claro por qué Camerún no quiere llamar oficialmente pueblos indígenas a los cazadores-recolectores y pastores, que es la forma como los presenta las Naciones Unidas.

En diciembre de 2005 unas organizaciones de la sociedad civil congolesa, entre las que se incluían representantes de pueblos indígenas que dependen de los bosques, denunciaron los impactos de las reformas del sector forestal apoyadas por el Banco Mundial ante el Panel de Inspección del mismo. En la denuncia alegaron que el Banco no cumplía sus políticas de salvaguardia al promocionar esas reformas del sector forestal, como por ejemplo la delimitación de zonas forestales y el sistema de asignación de concesiones, y que probablemente eso causaría daños a los pueblos indígenas que dependían de los bosques. El Panel llegó a la conclusión de que efectivamente el Banco no había respetado sus políticas de salvaguardia, incluidas las que protegen los derechos de los pueblos indígenas. Además, muy recientemente, un estudio de los inspectores del propio Banco, el Grupo de Evaluación Independiente, ha mostrado que las inversiones de los últimos 10 años en el sector forestal han servido de poco para reducir la pobreza, mejorar la conservación, abordar el cambio climático o beneficiar a las comunidades locales en países en desarrollo (para obtener mayor información acerca de esto véase el artículo 9). Está claro que la mera existencia de salvaguardias no es suficiente. Para que se note su impacto en los resultados de un proyecto, las salvaguardias tienen que contar con una financiación y una dotación de personal adecuadas, y tienen que ser correctamente aplicadas. La implementación de los requisitos de las salvaguardias también debe tener en cuenta las realidades políticas de cada país, y apoyar los derechos en los que estas se basan en vez de disminuir su importancia.

Las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones de pueblos indígenas de África continuarán supervisando la aplicación de las políticas de salvaguardia de las instituciones financieras internacionales para asegurarse de que tanto los derechos como las tierras ancestrales de los pueblos indígenas están protegidos.

Información adicional

El Banco Africano de Desarrollo va a introducir normas sobre pueblos indígenas por primera vez 

www.forestpeoples.org/es/topics/african-development-bank-afdb/news/2013/04/el-banco-africano-de-desarrollo-va-introducir-norm

[1] http://siteresources.worldbank.org/EXTINSPECTIONPANEL/Resources/ChadInvestigationReporFinal.pdf