Indigenous organizations in Peru meet with congress peoples and prime minister to demand territorial protection (Spanish only)

Las y los defensores del territorio agradecieron a las congresistas y a la primera ministra en sus reuniones respectivas por el espacio brindado y alertaron sobre las graves amenazas bajo las cuales se encuentran sus comunidades, evidenciadas en el permanente contexto de violencia, asesinatos de líderes, pistas de aterrizaje clandestinas y pozas de maceración de drogas que han invadido sus territorios. Por todo ello exigieron una Comisión de Alto Nivel para enfrentar estas problemáticas.

Berlin Diques, presidente de Organización Regional Aidesep Ucayali - ORAU, señaló:

 

“No es la primera vez que nos reunimos. Hemos dotado de mucha información y muchos documentos desde AIDESEP y las organizaciones regionales con la finalidad de tomar acciones. De una manera estructural, nosotros estamos planificando otras acciones más adelante, con el fin de reforzar las demandas de los pueblos indígenas principalmente lo territorial”.

 

Por su parte, el apu Cleofas Quintori explicó la problemática en torno a los sembríos de hoja de coca que se expanden de manera ilegal en las comunidades amazónicas. Y que los procesos de seguridad jurídica deberían contemplar un proceso de titulación y protección integral del territorio. Esto se vincula estrechamente con la situación de vulnerabilidad de la vida de las y los dirigentes, sobre todo cuando suceden estas amenazas incluso en comunidades indígenas que ya lograron su seguridad jurídica, como es el caso de Flor de Ucayali, del pueblo shipibo-konibo:

“No es una sola comunidad, es de la Amazonía, es la siembra de hoja de coca y otros actores que están presionando afuera. No son internos, están dentro del territorio. Están viniendo de afuera y eso es para nosotros una preocupación. Hay como 12 áreas liberadas para el sentido de hoja de coca y eso es lo que está acechando. Así como eso hay una cuestión y eso de dónde, por qué ocurren esas cosas. Si eso está ocurriendo en una comunidad que está titulada, saneada jurídicamente reconocida, ¿qué pasará con las comunidades que no están reconocidas? Y eso es lo que quiero que entiendan. Mientras no garantizamos la seguridad jurídica de los territorios de comunidades nativas, estamos expuestos a estas cosas. Está muriendo nuestro líder, en un solo año más de 8 líderes muertos, sólo por defender sus territorios. No estamos demandando cosas pequeñas, estamos cuidando la vida de nuestros líderes. Recuerden una vez más que, un territorio sin título y sin pueblo indígena, es un territorio que está expuesto a ser desaparecido”

Con carácter de urgencia, la delegación solicitó también las medidas de protección a las personas defensoras de los derechos humanos. Robert Guimaraes, comunero de Flor de Ucayali y parte del equipo técnico FECONAU, llamó la atención sobre la responsabilidad del Ministerio del Interior y MINJUSDH para salvaguardar la vida de las comunidades con acciones efectivas:

“No podemos seguir con más líderes asesinados. Mi comunidad vive bajo amenaza. Hemos solicitado garantías personales en el nivel que corresponde. Entonces ¿Qué acciones ha implementado el ministro del Interior, para proteger a los defensores? En tema de competencia, el Ministerio de Cultura, ha realizado mecanismo de protección a defensores amenazados. También se tendría que pedir un informe el señor ministro de Justicia, ¿qué acciones ha implementado para proteger el territorio, la vida colectiva y principalmente la vida de los líderes y lideresas indígenas que han sido amenazados? En Ucayali, ya varios líderes han sido asesinados. Es de carácter urgente que los ministerios adopten medidas, porque es de competencia ministerial, protejan los territorios. Porque estamos hablando de territorios donde no hay internet, la presencia del Estado es nula o ausente, y eso se repite en las cuencas amazónicas del país. Nos sentimos extranjeros, en nuestro propio país. También hemos informado a la comisión de pueblos indígenas amazónicos el año pasado. El caso de Flor de Ucayali es el de una comunidad que, a pesar de ser titulada, sufre la misma desprotección del Estado. Y ese caso se repite en muchas comunidades de donde venimos. Propongo que se convoque a un diálogo amplio por los hostigamientos, amenazas, temor con MINJUSDH, MIMP, MININTER. En mi comunidad han quemado casas, en cuestión de días, pero no tenemos una protección policial. De esa manera se recoge testimonios desde MINJUSDH y MININTER. En términos de acercamientos y buena fe, sería una buena señal del Estado. Que se abran posibilidades de hablar con los altos funcionarios del Estado”

Por su parte, Rose Lozano, parte del equipo de la ORAU, destacó la amenaza que significa la tala ilegal, cómo afecta a las comunidades vivir bajo amenaza, y las responsabilidades que el Estado debería asumir ante el riesgo que corren:

“Lo que nosotros estamos pidiendo es que inicien los trámites para garantizar la legalidad jurídica. Nuestros hijos ya no tienen la paz que tenían hace 40 años; nuestros líderes están siendo asesinados. Nosotros no tenemos la capacidad de protegernos porque ellos llegan con armas y simplemente nos matan. Como primer punto pedir la agilidad de legalidad jurídica de los territorios y también los mecanismos de protección de los defensores a través del Ministerio de Justicia.  También ver un tipo de mecanismo para los hijos de las víctimas caídos. Tenemos muchos líderes que, en un año, o muchos líderes que han sido muertos y estos han tenido familias, tienen niños, esposas y también en la desprotección económica. Entonces necesitamos que el Estado nos escuche, pero no solamente nos inviten a escuchar, también nos de la protección que necesitamos mediante presupuestos que pedimos nosotros ahora. Entonces estamos viviendo en el diálogo y lo vamos a hacer hasta agotar esto y después veremos qué medidas nosotros, como pueblo indígena, vamos a tomar”

Ante ello, la congresista Sigrid Bazán se comprometió e impulsar las demandas de las organizaciones en la comisión de Vivienda y Saneamiento, mientras que la congresista Ruth Luque mencionó que, desde el Grupo de Trabajo encargado de analizar la situación y problemática que vienen atravesando los defensores de los derechos humanos del Congreso de la República, se convocará a una reunión con personas defensoras en los próximos meses donde se espera que lideres y lideresas compartan sus testimonios para mejorar la atención del Estado peruano a la gravedad de sus situaciones. La parlamentaria manifestó que es importante organizar una audiencia para escuchar los testimonio de las y los defensores como parte de la Comisión de Justicia, así como a realizar incidencia frente al ejecutivo:

“En el marco del trabajo que estamos haciendo en el Grupo de Trabajo tenemos como plazo el mes de enero sacar un informe que recoja testimonios para conocer en los hechos cómo se está aplicando el mecanismo de protección de personas defensoras y emitir recomendaciones al mecanismo como tal, sino también ver la manera de cómo se construye una iniciativa legislativa. Como grupo de trabajo estamos pensando en viajar en enero, de 15 o 20 personas que puedan relatar el impacto, pues la presencia del Estado es precaria y me comprometo a garantizar, y seguir reforzando los acuerdos en el ejecutivo”.

Asimismo, la congresista Luque se comprometió a impulsar una iniciativa legislativa para desarrollar estrategias que garanticen la calidad de vida de niñas, niños y adolescentes de quienes sus padres y madres hayan fallecido por defender el territorio:

 

“Podríamos pensar una opción legislativa de reparación integral donde podamos plantear una pensión para las víctimas de las personas defensoras de los derechos humanos”.

 

El 2020, la FECONAU y la Federación de Pueblos Indígenas Kechua Chazuta Amazonas (FEPIKECHA) ya habían solicitado al Congreso de la República a través de un informe a la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología que se interceda ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) para concretar reparaciones efectivas a familiares de las víctimas asesinadas en su ejercicio de defensa de los derechos humanos. En base a las respuestas de la congresista Luque a la comisión de lideresas y líderes indígenas, sería importante que el poder legislativo retome seriamente los esfuerzos por la creación de este mecanismo de reparación.

 

“No vamos a permitir que nos sigan asesinando. Hay muchas viudas y huérfanos. Ni el MINJUS, ni el MINCU, ni el MIDIS ni el Ministerio de la Mujer han tomado acciones concretas. No podemos seguir así (…) quisiéramos que desde el Congreso se hagan cosas más prácticas y no solo después de nuestra insistencia”. Berlin Diques, presidente de ORAU.

 

Un punto crucial en la agenda de la delegación indígena fue también acerca de la urgente necesidad de continuación del Proyecto de Catastro, Titulación y Registro de Tierras Rurales en el Perú – Tercera Etapa (PTRT3), específicamente en el lote 2 , el cual comprende Ucayali, Junín y Huánuco. El Proyecto, financiado por Banco Interamericano de Desarrollo (BID) mediante la modalidad de préstamo al gobierno peruano tuvo la intención de titular 403 comunidades nativas, pero el logro concreto de sus metas ha sido paupérrimo.

Así mismo, el Proyecto ha tenido serios problemas de ejecución con las firmas consultoras que operaron en los lotes 1, 3 y 4, llegándose a posibles arbitrajes internacionales con el Estado peruano. En ese sentido, la delegación indígena mencionó no comprender la razón de la no continuación del lote 2, pese a que se había avanzado con varias comunidades que podrían estar tituladas en los próximos meses y teniendo en cuenta que el plazo del contrato de préstamo con el BID vence en febrero del 2022, y que desde agosto se cuenta con la Carta de No Objeción emitida por el BID.

 

“Hay un proyecto de titulación que está suspendido. El viceministro de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego y el director de la Unidad Ejecutora Gestión de Proyectos Sectoriales están obstaculizando la continuidad del Lote 2 y buscan crear una modalidad de titulación que aparentemente nunca ha funcionado”. Berlin Diques, presidente de ORAU.

 

 

“…terminen de concluir el proceso de titulación que se encuentra avanzado al 90 %. Son solo cuatro actos administrativos los que faltan de 48 comunidades nativas” Max Silva, abogado de ORAU.

 

Además, Waldir Eulogio, coordinador del Centro de Información y Planificación Territorial Aidesep (CIPTA) precisó del largo y burocrático camino que las comunidades y las organizaciones indígenas han atravesado para alcanzar la titulación, por lo cual sería un duro golpe interrumpir la ejecución del lote 2 del PTRT3.

Por todo ello, las organizaciones precisaron sus demandas:

1. Continuidad el proceso de titulación del lote 2 de PTRT3, área que comprende Ucayali, Huánuco y Junín.
2. Declaración de Derechos de Pueblos Indígenas de Naciones Unidas debe ser vinculante, tal como el Convenio OIT 169
3. Anulación del artículo 11 de la ley de Comunidades Nativas, para que no se elimine la clasificación de tierras para otorgar la titulación: todo el espacio territorial debe ser entregado en propiedad, sin cesión en uso
4. Impulsar desde el Legislativo el proyecto de Anotación Preventiva para cautelar territorios indígenas que se encuentran sin la seguridad jurídica correspondiente y que hasta la fecha no hay mayores avances del proyecto de Decreto Supremo avanzado por el ejecutivo a través del MIDAGRI y la Dirección General de Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro Rural (DIGESPACR).
5. La protección a los pueblos indígenas se debe realizar de manera intersectorial, articulando el Ministerio del Interior y de Defensa, fortaleciendo la justicia y vigilancia indígena, y asegurando que los defensores no sean judicializados ni perseguidos

Finalmente, durante la reunión con Mirtha Vásquez, la premier se comprometió a tener esta semana una respuesta favorable para la ejecución de la titulación de las comunidades en el área del lote 2 de PTRT3.