La pandemia del COVID-19 aumenta los riesgos para los pueblos de los bosques que ya se encuentran en situaciones amenazantes

Todas las comunidades del mundo están sintiendo los impactos ocasionados por la pandemia del coronavirus, y la cuarentena asociada, de maneras diferentes. Los pueblos de los bosques siguen siendo parte de las poblaciones más vulnerables.

Por ejemplo, en el sudeste de Asia, donde se aproxima la estación seca, existe una gran preocupación de que no se puedan controlar los incendios forestales, ya que la policía y los militares han sido desplegados a otros lugares, dejando que las comunidades indígenas y dependientes de los bosques combatan los incendios solos sin su apoyo. La desregularización que ha tenido lugar desde que el COVID-19 comenzó a extenderse está facilitando las quemas y los incendios de los bosques realizadas por las empresas y  los acaparadores de tierras.

Por otro lado, estamos escuchando del abuso de poder en otros lugares por parte de los gobiernos y la policía, quienes están haciendo cumplir toques de queda y desestimando los derechos de los titulares tradicionales de las tierras, en apoyo de los intereses de la agricultura industrial y las industrias extractivas. Además de los abusos a los derechos humanos y ambientales que esto implica, la afluencia de policías y trabajadores a los territorios indígenas en este momento crea riesgos de salud injustificables para las personas más vulnerables a la enfermedad.

Además, hay pueblos indígenas y comunidades locales que están atrapados en la intersección de conflictos y enfermedades. Muchas de estas personas también han sido desplazadas de sus hogares, y tienen que conciliar las órdenes de refugiarse en el lugar, donde sea que sea, con un creciente poder e influencia por parte de los grupos armados.

El conflicto armado y el desplazamiento

Las comunidades que han sido desplazadas por la violencia son altamente vulnerables al COVID-19, y los puntos de control establecidos por los grupos armados pueden evitar que los alimentos vitales y los suministros médicos lleguen a los más necesitados. En las Filipinas, los alumnos y maestros que se trasladaron a Manila hace tres años para escapar del conflicto en su provincia natal de Mindanao, se encuentran en la actualidad atrapados en la cuarentena. Según el Pacto de los Pueblos Indígenas de Asia (AIPP), entre ellos hay 68 estudiantes y maestros indígenas, algunos de tan sólo 11 años, y las condiciones de vida de hacinamiento en la ciudad hacen imposible el distanciamiento social.

Mientras Colombia se concentra en restringir la expansión y el contagio del coronavirus, se han hecho llamamientos para que los grupos armados ilegales depongan sus armas. Pero mientras que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha declarado un cese al fuego de un mes de duración como un "gesto humanitario", otros grupos no han seguido el ejemplo, y algunos han estado amenazando a los civiles en nombre de la "preservación de vidas". En gran parte del país, estos grupos han actuado durante mucho tiempo como los encargados de hacer cumplir la ley de facto en ausencia de la policía y otros órganos del Gobierno. Con la introducción de medidas de confinamiento, Human Rights Watch ha informado que los grupos guerrilleros han estado imponiendo toques de queda, el cierre de empresas y el distanciamiento social extremo, amenazando con que "los que no cumplan serán objetivos militares". Estos grupos guerrilleros actúan en lugares donde la presencia del Estado es mínima y/o disfuncional, haciendo que las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes se vean afectadas de manera desproporcionada.

Por su parte, las Naciones Unidas han expresado su preocupación de que la pandemia pueda obstaculizar el Acuerdo de Paz de Colombia que se logró con las FARC en 2016, ya que los procesos de reintegración se están estancando durante la cuarentena, mientras aumenta la violencia contra los líderes sociales y los ex miembros de las FARC.

Los abusos de poder

En tiempos de crisis, los abusos de poder pueden aumentar a medida que se intensifican los desequilibrios de poder existentes ,y el enfoque en la crisis significa que los perpetradores pueden actuar efectivamente con impunidad. Los gobiernos y las empresas sin escrúpulos pueden utilizar el COVID-19 como excusa para acosar o detener a los miembros de la comunidad, o aprovechar la falta de escrutinio para apoderarse de tierras y cometer abusos de derechos humanos.

A finales de marzo, dos defensores de derechos a la tierra en Uganda fueron arrestados por invasión criminal de su propiedad. Los soldados condujeron un tractor a través del campo de maíz de los hombres, antes de golpearlos y detenerlos. Un tercer agricultor fue detenido sin cargos después de quejarse de que los animales destruían sus cultivos. Los tres hombres fueron liberados el 3 de abril, pero los incidentes han puesto de manifiesto el acoso y la criminalización de los defensores de la tierra durante la cuarentena, situación que puede empeorar ya que la pandemia ha causado "la ausencia de sistemas de justicia penal y de mano de obra".

El enfrentamiento entre las comunidades indígenas Ifugao y una empresa dedicada a la extracción de oro en Nueva Vizcaya, en las Filipinas, se ha intensificado desde que se inició la cuarentena por el coronavirus. Mongabay informa que durante diez meses los miembros de la comunidad han bloqueado la entrada de vehículos al sitio minero desde que la licencia de explotación minera de OceanGold Philippines Inc (OGPI) expiró en junio pasado. Hace dos semanas, las fuerzas policiales regionales rompieron la barricada, compuesta por comunidades de Ifugao y de campesinos locales, a pesar de haber sido apoyada por el gobierno provincial a la luz de la licencia vencida. El aumento de los precios del oro durante la pandemia ha creado mayores incentivos para que las empresas mineras continúen sus operaciones, pero al continuar dichas operaciones en las minas cercanas a las comunidades y los territorios indígenas se corre el riesgo de que la enfermedad se propague entre algunas de las personas más vulnerables de Filipinas. El envío de docenas de policías para acompañar a los vehículos y romper las barricadas aumenta aún más este riesgo.

Incendios y deforestación

El comienzo de la estación seca en Indonesia es el mes de mayo, y con ella llegan los incendios, los cuales han aumentado su severidad en los últimos años. En aquellas regiones propensas a los incendios, muchas de las cuales han reportado casos de COVID-19 (vía Kompas, Indonesia), existe la preocupación de que los niveles peligrosos de contaminación del aire causados por la quema de bosques y turberas exacerbarán los impactos de esta enfermedad respiratoria. Investigadores de la Universidad de Aarhus demostraron los vínculos entre la mala calidad del aire y las tasas de mortalidad más altas del coronavirus en Italia (Journal of Environmental Pollution). Aunque se predice que la estación seca de 2020 podría ser menos árida que otras, el riesgo de incendio es grande ya que el COVID-19 "ha eclipsado la preparación para la prevención y el control de incendios forestales y terrestres". Este se ve agravado por el despliegue la policía y los militares en las ciudades con el fin de controlar la propagación del virus, y las dificultades de acceso al bosque para los conservacionistas y los guardabosques. Por lo tanto, en los bosques de Indonesia y la vecina Malasia, las comunidades indígenas y otras comunidades que dependen de los bosques están bajo una mayor presión para proteger estos hábitats. Sin embargo, la Agencia de Investigación Ambiental ha enfatizado que esto los pondrá en mayor riesgo de violencia a manos de empresas forestales y agronegocios industriales, y de actores ilegales, ya que "las personas sin escrúpulos siempre se aprovecharán cuando vean una oportunidad".

En el norte de Tailandia, los pueblos indígenas y las comunidades locales están luchando para hacer frente simultáneamente al coronavirus y a los incendios forestales. La cuarentena ha causado escasez de alimentos en la región, y ahora la falta de equipo de protección y de lucha contra incendios está amenazando también a estas comunidades. La persona responsable de la Red de Pueblos Indígenas de Tailandia, Sakda Saenmi, dijo: "el COVID-19 ciertamente ha complicado la lucha contra la ocurrencia de incendios forestales, ya que las personas tienen que cooperar y trabajar juntas. Ninguna familia o comunidad aislada en cuarentena puede apagar un incendio forestal por sí sola". Esta cuestión se complica aún más por el hecho de que la mayoría de los focos para los incendios se encuentran en parques nacionales, que generalmente están fuera del alcance de los miembros de la comunidad. Pero sus aldeas, situadas cerca de las fronteras de los parques, están amenazadas.

Si bien el COVID-19 hace que sea más difícil combatir los incendios, también puede ser que esté facilitando el iniciarlos. En Colombia, se registraron 4691 incendios en marzo de 2019. Para marzo de 2020, el mes en que comenzó la cuarentena debido al coronavirus, se presentaron casi 13 000 incendios. Corpoamazonia, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia, afirma que las "mafias" deforestadoras están aprovechando las medidas de confinamiento por el coronavirus para quemar y tumbar bosque. Algunos de estos incendios han diezmado los resguardos indígenas, hogar de algunos de los pueblos  más vulnerables de Colombia, que de hecho ya se encuentran viviendo con la amenaza de los grupos armados, los narcotraficantes y los agronegocios.

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Esta es nuestra segunda actualización centrada principalmente en los impactos del COVID-19 sobre los pueblos indígenas. Nuestra edición anterior destacó las respuestas locales a estos impactos, incluidas las campañas de sensibilización, la publicación de carteles informativos, podcasts y canciones en los idiomas locales, y el resurgimiento de las prácticas tradicionales que históricamente han mantenido a las comunidades indígenas a salvo de este tipo de amenazas.

Seguiremos publicando una serie de boletines informativos ofreciendo diferentes perspectivas de la pandemia, incluyendo una actualización dedicada a los asuntos de género, y otra en la que se destacan las historias desde el terreno, proveniente de nuestros socios y de las comunidades dependientes de los bosques.

Lea una mayor información

• El Pacto de los Pueblos Indígenas de Asia (AIPP) ha publicado esta actualización rápida sobre los impactos del COVID-19 sobre los pueblos indígenas de todo el continente, con un artículo de seguimiento centrado en las lecciones aprendidas.
• Servindi discute cómo proteger los derechos sin salir de la comunidad, en un momento en que la movilización social y las reuniones con las autoridades son imposibles.
• El Centro de Recursos sobre Empresas y Derechos Humanos tiene una sección dedicada a los defensores de los derechos humanos y las libertades cívicas en el contexto de la pandemia, con enlaces y preguntas frecuentes. Otra sección se centra en las implicaciones para la vigilancia, la censura y la privacidad.
• La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH) ha publicado un comunicado de prensa sobre una declaración del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos y el medio ambiente: COVID-19: “no es una excusa” para retroceder en la protección y aplicación medioambiental.