Las controversias del aceite de palma se globalizan
En abril el Parlamento Europeo aprobó, por una considerable mayoría de todos los partidos, un informe que pone de relieve las violaciones de los derechos humanos, los abusos laborales, el acaparamiento de tierras y la destrucción del medio ambiente asociados con la producción de aceite de palma.
El informe fue especialmente crítico de la forma como el aceite de palma, utilizado para el biodiésel y la generación electricidad, es aceptado como “biocombustible” cuando en realidad, lejos de mitigar el cambio climático, la mayor parte de la producción de aceite de palma provoca altas emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de la tala de bosques, la desecación de pantanos de turba y los incendios. Según el informe, el 46 % del aceite de palma importado a Europa se destina a biocombustibles.
Al presentar el informe, el eurodiputado alemán Stefan Eck resumió los costos reales del aceite de palma barato:
“La producción de aceite de palma es sumamente perjudicial para la biodiversidad y ha destruido grandes extensiones de bosques tropicales. Muchas especies han perdido su hábitat y van camino a la extinción. El aceite de palma también es perjudicial para los seres humanos, ya que el acaparamiento de tierras por parte de las grandes corporaciones está llevando a las comunidades indígenas a la ruina. Las personas, los animales y la naturaleza están pagando por el bajo precio del aceite de palma”.
Aunque reconociendo los esfuerzos que realizan órganos como la Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible (RSPO por sus siglas en inglés) para certificar el aceite de palma sostenible y los compromisos de algunas grandes marcas con políticas “sin deforestación, sin turba y sin explotación”, el Parlamento pidió normas más estrictas, una aplicación más efectiva y una reducción de la confusión creada por la proliferación de etiquetas. El informe provocó la ira de los Gobiernos de Indonesia y Malasia, que han anunciado planes para enviar misiones comerciales a Europa con el fin de justificar su producto. Más del 80 % del aceite de palma que se comercia mundialmente proviene de estos dos países.
Preocupaciones similares por los impactos de la producción de aceite de palma en la biodiversidad y la equidad social han llevado a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) a establecer un Grupo de tareas sobre la palma de aceite, que comenzará su labor en junio.
Mientras tanto los esfuerzos para reformar la producción a través del mecanismo de quejas de la RSPO siguen enfrentándose a años de retrasos, en algunos casos décadas. En Sarawak, Malasia, la corporación IOI continúa estancada en un largo conflicto con las comunidades dayak locales por la propiedad de sus tierras, las cuales fueron ocupadas sin su consentimiento y sin que el Gobierno reconozca que les pertenecen. El mayor comerciante de aceite de palma del mundo, Wilmar International, todavía no ha resuelto un conflicto por la propiedad de unas tierras en el oeste de Sumatra, a pesar de que el Panel de quejas de la RSPO ya ha dictaminado que dicha empresa debe devolver las tierras que ocupó sin el consentimiento de la comunidad Kapa.
Los conflictos de PT MAS, filial de la empresa con sede en Kuala Lumpur denominada Sime Darby, en el distrito de Sanggau en Kalimantan Occidental, Indonesia, por la propiedad de las tierras y con pequeños agricultores de comunidades Dayak locales siguen sin resolverse. Seis años después, los conflictos por la propiedad de tierras en las operaciones de Golden Veroleum Limited en Liberia continúan. En Perú los esfuerzos del pueblo Shipibo para que la RSPO detenga el acaparamiento de tierras por parte de Plantaciones de Pucallpa llevaron a dicha empresa a salirse de la RSPO. En Colombia continúan las acusaciones de acaparamiento de tierras, de violencia y de intimidación por parte de Poligrow, que es miembro de la RSPO.
Mientras tanto Golden Agri Resources, con sede en Singapur, cuyos planes de expansión en 18 concesiones en Indonesia fueron congelados por el proceso de quejas de la RSPO en 2014 hasta que se resuelvan los conflictos de acaparamiento de tierras y con pequeños agricultores, sigue dando largas al tema. La extrema lentitud con que progresan las compensaciones por las tierras tomadas sin el debido proceso y la asignación de minifundios a aquellos que han accedido a entregar las suyas está agravando las tensiones en las comunidades afectadas.
En abril el FPP y su socio Pusaka junto con Greenpeace y EIA presentaron una nueva queja a la RSPO en relación con la engañosa notificación de Goodhope Asia Holdings sobre una “nueva plantación” en Papúa. La notificación oficialmente auditada disfrazaba un conflicto sin resolver con la población local por la propiedad de las tierras y afirmaba falsamente que no se estaban talando bosques primarios. Sin embargo en imágenes satelitales muestran claramente que ya se han talado bosques primarios, sin informar a la RSPO y antes de realizar una evaluación del impacto ambiental.
La mayoría de estas empresas son miembros destacados de la RSPO y están representados en la Junta Directiva y los comités de la RSPO. Los casos continúan a pesar de los decididos esfuerzos por parte de las ONG para que la RSPO fortalezca la transparencia, la autoridad y la eficacia de su Panel de Quejas. Las largas demoras de las actuaciones de la secretaría de la RSPO para que se ejecute una firme resolución adoptada por la Asamblea General de la RSPO en 2015 con el fin de adoptar rigurosos procedimientos que garanticen la independencia de las auditorías, la minuciosidad de las evaluaciones y la supervisión de los procedimientos para “nuevas plantaciones” han generado un creciente escepticismo entre los observadores.
Marcus Colchester
Enlaces útiles:
http://www.forestpeoples.org/es/node/6332
http://www.forestpeoples.org/es/node/6331
http://www.guengl.eu/news/article/parliament-approves-gue-ngl-report-on-sustainable-palm-oil