Liberia: La expansión de los agronegocios amenaza los bosques y los medios de subsistencia de comunidades locales

La expansión de los agronegocios en África supone una grave amenaza para los bosques y los medios de subsistencia de los pueblos africanos. Allí donde la gobernanza es débil y los derechos de las comunidades locales y los pueblos indígenas no están asegurados, el desarrollo agrícola está perjudicando a la población local.

La concienciación sobre los efectos sociales y ecológicos de la expansión de los agronegocios en el sudeste de Asia ha conducido a nuevas normas de desarrollo aceptable del negocio del aceite de palma. La Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible (RSPO por sus siglas en inglés), un proceso de certificación voluntaria por una tercera parte, ha adoptado una serie de principios y criterios que son esencialmente coherentes con un enfoque basado en los derechos, y con los que se pretende desviar la expansión del negocio del aceite de palma de los bosques vírgenes y las zonas de alto valor para la conservación, prohibiendo al mismo tiempo la ocupación de tierras consuetudinarias sin el consentimiento libre, previo e informado (CLPI) de las comunidades locales. El cumplimiento de la norma de la RSPO se está convirtiendo en un requisito para acceder al mercado europeo, y los principales conglomerados productores de aceite de palma que quieren conservar su cuota de mercado se han hecho socios de la RSPO.

En una conferencia de prensa celebrada a principios de septiembre de 2011 las comunidades locales de Grand Cape Mount, Liberia, denunciaron que el conglomerado malayo Sime Darby se había apoderado de sus tierras y las había arrasado para producir aceite de palma. Las comunidades locales presentaron una denuncia formal ante la RSPO a través del Forest Peoples Programme (Programa para los pueblos de los Bosques) y un representante legal elegido por ellas mismas: Green Advocates. En respuesta, Sime Darby congeló sus operaciones en la zona en disputa y, a través de la secretaría de la RSPO, accedió a mantener negociaciones bilaterales con las comunidades para resolver sus diferencias.

En diciembre de 2011 el Forest Peoples Programme facilitó una primera reunión entre las comunidades locales y altos cargos de Sime Darby de Malasia y Liberia para explorar formas de solucionar estos conflictos. En esta reunión bilateral hubo avances para lograr un acuerdo, pero poco después la insistencia del Gobierno liberiano en que las comunidades debían hablar con él y no directamente con Sime Darby provocó la ruptura de las negociaciones entre las comunidades y la empresa.

El 2 de enero de 2012 el Presidente de Liberia y varios ministros fueron a Grand Cape Mount para reunirse con las comunidades e informarles que tenían el deber de no obstruir la labor de Sime Darby y que no debían dejar que organizaciones de la sociedad civil les indujeran a error. Pero de todas formas las comunidades presentaron 14 cuestiones que querían resolver. El abogado de las comunidades, Alfred Brownell de Green Advocates, explicó la situación al Presidente, quien vino a decir que el Gobierno no había dado su consentimiento para el desmonte de las tierras de las comunidades con el fin de plantar palma de aceite. A continuación el Presidente formó un comité interministerial encabezado por el Ministerio del Interior para resolver estas cuestiones a través de tres subcomités encargados de la compensación, el agua y la tierra respectivamente. El Gobierno reiteró que las negociaciones entre Sime Darby y las comunidades no podían continuar, sino que debían celebrarse entre las comunidades y el Gobierno.

Mientras tanto, la RSPO recibió una carta, supuestamente enviada por Sekou Belloe, uno de los firmantes de la denuncia que las comunidades habían presentado originalmente ante la RSPO, con el fin de retirar dicha denuncia contra Sime Darby. Posteriormente, en febrero de 2012, las indagaciones del FPP en Liberia revelaron que la carta no había sido escrita ni autorizada por las comunidades.

A principios de febrero de 2012 varios empleados del FPP regresaron a Liberia para ayudar a las comunidades a continuar el proceso ante la RSPO y asegurar que Sime Darby atendía sus quejas. Dichos representantes del FPP visitaron a las comunidades y descubrieron que Sime Darby había destruido completamente sus bosques y granjas, los había arrasado hasta dejar solamente la tierra desnuda para plantar una variedad clonada de palma de aceite malaya. La compensación por destruir los cultivos de las comunidades (no hubo compensación por tomar posesión de la tierra) fue una miseria o no llegó a materializarse. Como comentó un miembro de la comunidad:

“Yo tenía 334 palmas pero solo me pagaron una compensación por 134. Me dijeron que si no aceptaba eso no  recibiría nada. No tuve elección. No pidieron permiso para tomar posesión de la tierra. Solo pagaban dinero por acre a los que tenían títulos de propiedad de sus tierras. Sime Darby dijo: ‘El Gobierno nos ha autorizado a hacer esto’. Si hubiéramos tenido el poder de resistir  no los hubiéramos dejado coger la tierra”.

La población local no había sido informada correctamente del grado de destrucción que iba a llevarse a cabo, y también les habían hecho creer que iba a haber una plantación de palma de aceite pero ellos iban a conservar sus granjas. No hubo oportunidad para decir que no al proceso: o aceptaban la compensación y dejaban que su tierra fuera destruida o no la aceptaban y su tierra era destruida de todas formas.

El FPP procuró desbloquear la situación manteniendo reuniones con Sime Darby, los ministerios del Gobierno de Liberia, organizaciones de apoyo a las comunidades, como Green Advocates y el Instituto de Desarrollo Sostenible de Liberia, y las propias comunidades. Gracias a esas reuniones, a reuniones paralelas entre el Director del FPP y personal de Sime Darby en Malasia, a un artículo contiguo a la página editorial del New York Times escrito por Silas Siakor del Instituto de Desarrollo Sostenible de Liberia, y a negociaciones de Alfred Brownell de Green Advocates, se están haciendo cambios importantes, sobre todo en la forma en la que el Gobierno está gestionando esta situación.

La Comisión Liberiana de la Tierra ha sustituido al Ministerio del Interior. Dicha comisión no solo ha prometido asegurar que las comunidades que han perdido sus granjas en Grand Cape Mount tengan su tierra demarcada y los conflictos relacionados con ella solucionados, sino que también ha anunciado una reorientación radical del tratamiento de los proyectos de desarrollo del negocio de la palma de aceite en Liberia. Además de congelar la autorización de nuevas concesiones, la Comisión hará lo necesario para regularizar las tierras “tribales” que se encuentran dentro de la zona de la concesión de Sime Darby antes de que la empresa se expanda más, y para solucionar los conflictos por la tierra a favor de las comunidades que viven en la zona en disputa de Grand Cape Mount. Si se sigue esta línea de actuación, las denuncias de las comunidades y sus organizaciones asociadas de la sociedad civil habrán sido efectivamente escuchadas y atendidas. Tanto la empresa como las comunidades han pedido al FPP que les ayude a mantener negociaciones en el futuro si son necesarias.

Todos estaremos vigilantes para comprobar que el Gobierno hace honor a su compromiso de actuación o para ver si hace falta más ayuda. Mientras tanto aplaudimos el compromiso de la Comisión de la Tierra de solucionar estos conflictos de una manera que respete los derechos de las comunidades, que permita que la empresa conserve su certificado de la RSPO, y que demuestre que el Gobierno cumple su deber de asegurar el bienestar de sus ciudadanos.