Los planes forestales y climáticos de Guyana continúan generando controversia y manteniendo al margen a los pueblos indígenas

Aunque la ONU ha nombrado este año al Presidente de Guyana «Campeón de la Tierra» por esforzarse en conseguir el apoyo internacional para la protección de los bosques y el crecimiento «basado en un bajo nivel de emisiones de carbono», algunos líderes indígenas y organizaciones de la sociedad civil del propio país y del extranjero continúan exponiendo y pidiendo explicaciones por las profundas contradicciones de los planes forestales y climáticos del Gobierno. En junio de 2010 el Presidente de la Asociación de Pueblos Amerindios (APA) hizo una larga declaración en la sexta reunión del Comité de Participantes del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF) del Banco Mundial en Georgetown, en la que preguntó por qué cuestiones claves sobre los derechos a la tierra planteadas repetidamente por APA siguen sin ser abordadas en las últimas propuestas de preparación para la REDD+ de la Comisión Forestal de Guyana (GFC por sus siglas en inglés).

Al plantear la misma pregunta más tarde en octubre a representantes del Banco Mundial, estos se limitaron a contestar a la APA que «el balón está en el campo de Guyana». Los representantes del Banco explicaron que el FCPF no puede definir requisitos mínimos para abordar las cuestiones relacionadas con los derechos a la tierra en ningún acuerdo futuro de subvención en apoyo de la planificación de la REDD en Guyana, hasta que tenga una visión clara de los planes del propio Gobierno para resolver las reclamaciones territoriales pendientes.

Los líderes indígenas de Guyana están insistiendo en que no se debería aprobar ninguna subvención del Banco Mundial hasta que haya planes y garantías efectivos para reconocer sus derechos a la tierra, incluidas medidas para corregir los graves problemas existentes con los procedimientos de demarcación y concesión de títulos. Señalan que cualquier acuerdo precipitado de subvención sin aclarar sus derechos a la tierra sería una violación directa de las políticas de salvaguardia del Banco Mundial y una posible violación de la obligación internacional de Guyana de defender los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

Los líderes amerindios de las regiones 7 y 8 han expresado recientemente el malestar que les ha causado la presión a la que se está sometiendo a los miembros del Consejo Nacional de Toshaos (NTC por sus siglas en inglés) para que firmen una resolución pública apresurada en apoyo de la Estrategia de Desarrollo Basado en un Bajo Nivel de Emisiones de Carbono (LCDS por sus siglas en inglés) del Gobierno. Estos líderes dicen que no están dispuestos a firmar declaraciones de apoyo para la LCDS cuando ni ellos ni el resto de los miembros de sus comunidades entienden todavía las implicaciones del plan para sus tierras, bosques, medios de vida y forma de vida. Algunos líderes abandonaron la conferencia, mientras que otros se negaron a firmar el controvertido documento. Algunos líderes sí lo firmaron, pero posteriormente declararon que se habían sentido presionados a ratificar la resolución del NTC. Esta experiencia ha generado nuevas preguntas acerca  del riesgo de un «consentimiento manipulado» en Guyana, y del uso del CLPI (consentimiento libre, previo e informado) por parte del gobierno para acomodarse a sus propias normas. También ha resaltado aún más la necesidad de establecer mecanismos potentes para que Guyana cumpla su compromiso de respetar el derecho de los pueblos indígenas al CLPI.

Diversas ONG internacionales también han expresado su preocupación por la decisión que tomó Noruega en agosto de excluir las condiciones sociales a las que estaba sujeta su financiación bilateral de la REDD en Guyana. Aparentemente, bajo una fuerte presión por parte del Gobierno de Guyana, Noruega accedió a cancelar las «condiciones habilitantes» para el primer desembolso de 30 millones de USD que fue depositado en el Fondo de Inversión en REDD de Guyana (GRIF por sus siglas en inglés) en octubre de 2010. Ahora Noruega explica que estos requisitos habilitantes, incluida la elaboración transparente de un Plan de Gobernanza y Desarrollo de la REDD y la verificación independiente de memorandos de entendimiento se aplicarán al segundo desembolso de dinero noruego.

Mientras tanto, las algunas ONG y algunos miembros de la sociedad civil también están alarmados por las propuestas del Gobierno de utilizar una gran parte del primer desembolso de dinero noruego destinado al GRIF para ayudar a construir una gran presa en las cataratas Amaila (en el río Kuribrong, un afluente del río Potaro). Esta presa afectará a las tierras tradicionales de comunidades amerindias, y conllevará la tala e inundación de miles de hectáreas de bosques maduros. Los planes también incluyen la construcción de una carretera de acceso de 100 km que amenaza con abrir áreas forestales remotas a las industrias extractivas. Según advierten algunos expertos ambientales, el proyecto Amaila podría preparar el camino para un programa más amplio de construcción de presas por todo el interior de Guayana que podría provocar daños sociales y ambientales devastadores.

Ciertos funcionarios de la Iniciativa Climática y Forestal de Noruega (NCFI por sus siglas en inglés) afirman que todavía no se ha tomado ninguna decisión sobre la financiación de la presa Amaila con fondos del GRIF. Hacen hincapié en que cualquier proyecto del GRIF debe cumplir los requisitos de las políticas de salvaguardia de las agencias de implementación. En este caso, eso supondría que ningún fondo del GRIF sería aprobado o liberado hasta que la propuesta cumpliese plenamente los requisitos de las Políticas de Evaluación Ambiental y Pueblos Indígenas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre otras normas operacionales. Actualmente el BID está llevando a cabo una evaluación de impactos de la presa propuesta y está previsto que complete su estudio en 2011. Una serie de grupos de justicia ambiental y social, incluido el FPP, están presionando al BID para que se asegure de que cualquier evaluación de los posibles impactos de la presa incluya los impactos indirectos y acumulativos de los proyectos mucho más amplios de construcción de presas y carreteras que el Gobierno propone vinculándolos al proyecto de las cataratas Amaila. 

 En paralelo a estas cuestiones, ciertas ONG y expertos forestales están cuestionando las cifras recientes publicadas por el GFC y algunos consultores para definir la base histórica de referencia de Guyana para la deforestación, que parecen indicar un aumento de la pérdida forestal durante el primer año de cooperación con Noruega (aunque los niveles de deforestación siguen siendo bajos). Esta situación también ha conducido a un posible resultado adverso, ya que Guyana podría recibir dinero por el aumento de la deforestación según estimaciones erróneas de las tasas de deforestación. En noviembre unos funcionarios noruegos explicaron que las cifras recientes del GFC tenían que ser analizadas más detenidamente y que era probable que las cifras de referencia fuesen revisadas en 2011 para eliminar tales contradicciones. Ahora las ONG y el público están vigilando de cerca las cifras y algunos observadores continúan defendiendo que toda la formulación de los pagos para la REDD es errónea y debe ser rediseñada.

 Más información:

1. Our Land, Our Future. Promoting Indigenous Participation and Rights in Mining, Climate Change and other Natural Resources Decision-making in Guyana. Marcus Colchester and Jean la Rose. May, 2010. Forest Peoples Programme (FPP), Amerindian Peoples Association (APA) and North-South Institute (NSI).

2. Guyana: Amaila Falls Hydro: Social and Environmental Aspects. Robert Goodland, former World Bank Environmental Specialist. On the Bank Information Center (BIC) website. October 19^th, 2010.

3. Eight Upper Mazaruni toshaos reject conference pact – say were not consulted. Stabroek News. November 3^rd, 2010.

4. Norway’s climate aid to Guyana slated for hydro dam in pristine rainforest. Development Today, 16/2010.

5. McREDD: How McKinsey ‘cost-curves’ are distorting REDD. Dyer, N and Counsell, S (2010). Rainforest Foundation UK, London.