Los pueblos indígenas y las comunidades locales acogen las propuestas para exigir a las empresas del Reino Unido que aborden los derechos humanos y el impacto ambiental en el extranjero

Londres, 31 de marzo de 2020

Durante estos tiempos extraordinarios y muy difíciles, el FPP acoge con beneplácito el lanzamiento por parte del Gobierno del Reino Unido de un importante informe preparado por la Global Resource Initiative (Iniciativa de Recursos Mundiales) (GRI). [1] El informe, desarrollado con el aporte de más de 200 representantes de empresas británicas, del sector financiero, organizaciones de la sociedad civil y el gobierno en el transcurso de 18 meses, traza un camino estratégico y ofrece un paquete de medidas destinadas a reducir la huella mundial en la deforestación y la conversión de tierras asociadas con las importaciones de productos básicos del Reino Unido y el consumo interno.

Si bien es evidente que existen desafíos inmediatos serios para la política y la acción del Reino Unido, tanto en el país como en el extranjero, en lo que respecta al suministro de alimentos, la atención de la salud y el apoyo más amplio a las poblaciones afectadas por el Covid-19, en el presente informe se proponen medidas progresivas que pueden ser apoyadas por el Gobierno británico para permitir la tan necesaria transición hacia las cadenas de suministro y el comercio que sean sostenibles e equitativos en el futuro. 

Entre sus catorce recomendaciones, el informe propone que el Gobierno del Reino Unido “introduzca de manera urgente una obligación de diligencia debida[2] imperativa para las empresas que colocan en el mercado del Reino Unido productos básicos y derivados que contribuyen a la deforestación, y que tome medidas para garantizar que se apliquen principios similares a la industria financiera", una propuesta que ha sido acogida con cautela por los representantes de los pueblos indígenas, las comunidades locales y los representantes de la sociedad civil de los países tropicales que se encuentran en la línea de vanguardia de donde ocurren la deforestación y los abusos de derechos provocados por la producción perjudicial de productos.

Al comentar sobre la propuesta, Norman Jiwan de TuK INDONESIA, una asociación nacional con sede en Yakarta preocupada por la justicia social y ecológica, y los impactos en los derechos humanos de las políticas y desarrollos en Indonesia, dijo:

“Acogemos con beneplácito la propuesta de la GRI para crear los requisitos de diligencia debida en todas las cadenas de suministro mundiales de las empresas del Reino Unido. Es vital que la reglamentación del Reino Unido no sólo se centre en la deforestación, sino que también aborde el acaparamiento de tierras, las disputas por la tierra y la criminalización de los defensores indígenas, campesinos y del medio ambiente afectados por la producción de productos que conllevan un riesgo de deforestación”.

“La regulación debe crear un deber y una obligación de cuidado, y proporcionar una reparación para las violaciones continuas y futuras de los derechos humanos. También debe promover la responsabilidad compartida entre las empresas del Reino Unido y los proveedores con los que trabajan en los países productores, para garantizar que veamos un cambio real sobre el terreno", añadió.

En los últimos años, muchos países, entre los que se encuentra el Reino Unido,  han tomados medidas legislativas para fomentar o exigir que las empresas lleven a cabo procesos de diligencia debida con respecto a las cuestiones ambientales y de derechos humanos, incluido el Reino Unido (a través de la Ley de Esclavitud Moderna de 2015), Francia (mediante su Ley sobre el deber de vigilancia de 2017) y los Países Bajos (mediante su Ley de debida diligencia sobre el trabajo infantil de 2019), lo cual enfatiza aún más el hecho de que las medidas voluntarias de las empresas no han sido eficaces, como se esperaba en un principio. 

 “Los incentivos voluntarios actuales para la diligencia debida ambiental y los derechos humanos por parte de las grandes empresas no han funcionado en el caso de Liberia,” dijo la Directora del Programa de Empresarios Sociales para el Desarrollo Sostenible (SESDev) en Liberia, Mina Beyan. "Se necesita una diligencia debida obligatoria para todas las empresas del Reino Unido (pequeñas, medianas y grandes) cuyas actividades estén vinculadas a violaciones de los derechos humanos y a daños ambientales. Las normas del Reino Unido que incluyan oportunidades reales de aplicación de esos reglamentos y reparaciones para las víctimas de violaciones de los derechos humanos serían una buena noticia", dijo la Directora.

Este sentimiento fue repetido por Gabino Hernández del Proceso de Comunidades Negras de Colombia (PCN): “Es positivo que el Reino Unido esté buscando salvaguardias más fuertes para los impactos producidos por su comercio e inversión en las comunidades y nuestros territorios en Colombia y otros países. La regulación del Reino Unido es sin lugar a duda necesaria: debe garantizar que las empresas y los financiadores del Reino Unido no dañen la estructura social y los derechos fundamentales de nuestros pueblos”.

Helen Tugendhat del Forest Peoples Programme, quien participó en el proceso GRI, señaló: “La legislación de diligencia debida debe abarcar toda la producción de productos vinculados, directa o indirectamente, con las empresas del Reino Unido y su sector financiero, independientemente de la ubicación de los principales importadores o consumidores”.

Añadió: “A medida que salimos de este momento de dificultad y miramos hacia el futuro, será de suma importancia invertir en sistemas alimentarios sostenibles y responsables y construir cambios positivos en las cadenas de suministro. El informe GRI reconoce la importancia de las protecciones sociales y ambientales que se están construyendo en futuros acuerdos comerciales del Reino Unido. El FPP considera que esto es crucial para respaldar cambios sostenidos en la forma en que todos nos comportamos, protegiéndonos a todos, incluidos los pueblos y los bosques en riesgo”.

Este informe de GRI será un recurso importante para reconstruir un sistema social y económico más resistente, sostenible y justo, luego de los daños causados a las sociedades de todo el mundo por el Covid-19. La promoción de la producción y el consumo sostenibles debe ser una prioridad urgente de los gobiernos y las agendas intergubernamentales a medida que examinan e implementan nuevas políticas y medidas después de esta crisis mundial.

Para obtener una mayor información, por favor contacte a:

Helen Tugendhat, Forest Peoples Programme: helen@forestpeoples.org

Norman Jiwan:  normanjiwan@gmail.com  o jiwannorman18@gmail.com

Teléfonos: +6285691353429 o +6281315613536

Tom Dixon, Director de Comunicaciones, Forest Peoples Programme: tdixon@forestpeoples.org

 

[1] La Global Resource Initiative es un grupo de trabajo y un proceso de diálogo de múltiples partes interesadas, establecido por el Gobierno del Reino Unido a finales de 2018, con el fin de hacer recomendaciones acerca de la manera cómo el Gobierno británico puede reducir la huella climática y ambiental de las principales cadenas de suministro de productos básicos del Reino Unido. Los diálogos tuvieron lugar durante un período de 18 meses e incluyeron a más de 200 representantes de las empresas, el sector de las finanzas, el gobierno y la sociedad civil, y culminaros en un informe presentado el día 30 de marzo de 2020.

[2] Los derechos humanos corporativos y la debida diligencia ambiental es un concepto promovido por los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, y también respaldado por la Guía de la OCDE sobre la Conducta Responsable de los Negocios. Requiere que las empresas identifiquen y evalúen los impactos que tienen sus negocios sobre los derechos humanos y el medio ambiente, tomen medidas para prevenir y mitigar estos riesgos y proporcionen una reparación cuando sus actividades provoquen impactos negativos sobre los derechos humanos o el medio ambiente.