Los socios del Forest Peoples Programme en Colombia enfrentan una nueva ola de violencia y discriminación a pesar de los Acuerdos de Paz

La situación de violencia, discriminación y discursos de odio contra indígenas, afrodescendientes y campesinos socios del Forest Peoples Programme en Colombia ha empeorado drásticamente en los últimos meses, a pesar de los Acuerdos de Paz de 2016 que le valieron al entonces presidente Santos el Premio Nobel de la Paz.

Con algunos comandantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) amenazando con volver a tomar las armas ante el fracaso del gobierno colombiano en la implementación de los acuerdos de paz, y las elecciones municipales programadas para octubre, el temor se está extendiendo, ya que la violencia volverá a aumentar contra los defensores de los derechos humanos que hablan en defensa de sus derechos territoriales.

Front Line Defenders y Global Witness ya han documentado cómo Colombia se encuentra entre los dos lugares más peligrosos del mundo para los defensores y defensoras de los derechos humanos y de la tierra. Adicionalmente, como ha denunciado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando las elecciones municipales se mezclan, el letal brebaje que estimula. Hoy la reanudación de la violencia es alarmantemente.

De hecho, las tierras rurales de los grupos indígenas, afrodescendientes y campesinos en Colombia se encuentran entre las más codiciadas por los intereses económicos lícitos e ilícitos. Sus riquezas mineras, de agua y forestales, y su ubicación estratégica como potenciales corredores para el narcotráfico, son algunas de las razones por las que estas tierras son fuertemente disputadas por facciones en conflicto, que tienen un gran interés en los resultados de las elecciones políticas.  

En FPP, estamos recibiendo informes casi diarios de estas realidades que nuestros socios están enfrentando.

Las comunidades afrodescendientes en el Palenke Alto Cauca, en el norte del Cauca, han sido víctimas de los gránadas lanzados en medio de las reuniones comunitarias, y están recibiendo una ola de nuevas amenazas de muerte por parte de grupos armados ilegales. La semana pasada, como informó la CIDH, una candidata a alcaldesa del municipio de Suárez fue brutalmente asesinada, su cuerpo incinerado junto con sus guardaespaldas en un automóvil proporcionado por la Unidad Nacional de Protección de Colombia.

El líder indígena Héctor Jaime Vinasco, del Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta en Caldas, se vio obligado a abandonar su territorio temporalmente a raíz de las crecientes amenazas de asesinato, a pesar de ser el beneficiario de guardaespaldas y un coche blindado suministrado por la UNP. Él ha estado defendiendo activamente la ley indígena sobre la minería en su territorio, y trabajando en la implementación de una victoria del Resguardo en un litigo ante la Corte Constitucional T-530 que ordena la demarcación del Resguardo Colonial. Esto ha provocado el retroceso de los terratenientes y otros con intereses en las tierras de los resguardos, incluyendo al ex presidente Uribe, quien ha estado catalizando el descontento entre la élite de la zona.

A través de videos que se han vuelto virales, ha estado reuniendo a la élite para luchar contra lo que perversamente está siendo interpretado como 'acaparamiento de tierras' por el Resguardo. Esto está llevando a una nueva ola de discursos de odio contra el Resguardo y sus líderes. Pero también intenta utilizar el marco legal del país para erosionar la victoria de la Corte Constitucional de Resguardo, a través de un proyecto de ley 354 que interferiría con el proceso de delimitación ya en marcha. Varias organizaciones de la sociedad civil, incluida FPP, se han pronunciado en contra de este proyecto de ley regresiva, que ha sido redactada sin consulta ni consentimiento previo, libre e informado. La violencia también está aumentando debido a las elecciones municipales, especialmente en Riosucio, un área urbana que invade el territorio del Resguardo, donde los conservadores están tratando de derrotar a la actual alcaldía indígena.

En FPP hacemos eco de la grave preocupación de la CIDH por la espiral de violencia que viven actualmente los líderes sociales de Colombia. Con renovada urgencia, continuamos apoyando los esfuerzos de nuestros socios en la defensa del territorio, el fortalecimiento de sus mecanismos autónomos de autoprotección, como la Guardia Indígena y la Guardia Cimarrona, y el diálogo permanente con los organismos del Estado. Estamos observando de cerca la situación en Colombia, y extendemos nuestra solidaridad a todos los líderes indígenas, afrodescendientes y sociales de Colombia.