¿Luz en medio de la oscuridad de Copenhague?

Se han hecho muchos comentarios y análisis del resultado de la decimoquinta Conferencia de las Partes (CP15) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), celebrada en Copenhague el pasado mes de diciembre. El "Acuerdo" final fue preparado fuera de las reuniones oficiales por una minoría de Gobiernos y no fue adoptado oficialmente por la Conferencia de las Partes, sino que esta únicamente "tomó nota" del mismo. Tenía el fallo de no reconocer los retos y la urgente necesidad de establecer compromisos vinculantes y justos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y para proporcionar apoyo financiero y tecnológico con el fin de pasar a energías con un bajo nivel de emisiones de carbono.

También se ha hablado mucho sobre cómo la conducta de la presidencia danesa favoreció el fracaso. Asimismo se han planteado preguntas sobre la decisión de la Administración de EE. UU. y su presidente Barack Obama de negociar el "Acuerdo" con la recién creada coalición BASIC (Brasil, Sudáfrica, China e India), haciendo caso omiso de las reglas de acuerdo por consenso que aplica normalmente la CMNUCC. Los Gobiernos excluidos han condenado enérgicamente que las negociaciones se mantuvieran a puerta cerrada. La falta de transparencia del desarrollo del Acuerdo de Copenhague ha menoscabado gravemente la confianza necesaria para alcanzar el consenso sobre un asunto tan crucial.

En medio de tal crisis generalizada del proceso de negociación, las partes convergieron al dar un contundente mandato político para continuar apoyando y promocionando la REDD+ (reducción de las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación de los bosques en los países en desarrollo - más), gracias a un consenso que se había ido forjando a varios niveles antes de la CP15. Las propuestas resultantes de reuniones de alto nivel de la ONU y del Grupo informal de trabajo sobre la financiación interina para reducir las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación de los bosques (IWG-IFR por sus siglas en inglés) pasaron a ser prioridades de los programas del G20 y los países REDD.

Por lo tanto el Acuerdo de Copenhague da luz verde a la intensificación de los esfuerzos para tomar "medidas de iniciación rápida" relacionadas con la REDD+, y hace un llamamiento a países donantes para que proporcionen los medios financieros necesarios para alcanzar tal objetivo. Sin embargo el Acuerdo no menciona el respeto de las salvaguardias sociales, ambientales y de los derechos humanos, ni incluye ningún compromiso de respetarlas. De hecho, el progreso que había logrado el grupo de trabajo sobre la REDD durante el último período de sesiones del Grupo de Trabajo Especial sobre la cooperación a largo plazo en el marco de la Convención (GTE-CLP) no ha pasado de quedar recogido en un borrador.

La sección operativa del proyecto de decisión sobre la REDD que se remitió a la Conferencia de las Partes para que lo aprobara contenía una importante referencia explícita a la necesidad de salvaguardar los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales, y de respetar los conocimientos tradicionales, afirmando que estas salvaguardias "deberían ser promovidas teniendo en cuenta las obligaciones internacionales pertinentes". También afirmaba que la ONU ha adoptado la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas (DNUDPI) (aunque no decía explícitamente que la DNUDPI debe ser reconocida y respetada). Asimismo hacía referencia a la necesidad de abordar los impulsores de la deforestación y la degradación forestal, cuestiones relacionadas con la tenencia de la tierra, la gobernanza de los bosques y consideraciones de género a la hora de preparar y poner en práctica estrategias nacionales de REDD. Las organizaciones de pueblos indígenas habían estado haciendo mucha presión para asegurar una referencia clara a la necesidad de defender los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales en la REDD y en las políticas climáticas de ámbito más amplio que se adoptasen en Copenhague. Sin duda han logrado cosechar el apoyo de varios grupos, desde organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil a movimientos sociales.

Cuando la negociación pasó del nivel técnico al político en la Conferencia de las Partes, y en concreto en el Segmento de Alto Nivel de Jefes de Estado y de Gobierno, todos los proyectos de resolución enviados a la CP quedaron apartados, pero volverán a ser considerados en el período previo a la CP16. En este contexto, la labor reanudada por el GTE-CLP creará nuevas oportunidades para intentar mejorar aún más y consolidar referencias a los derechos de los pueblos indígenas, al Consentimiento libre, previo y informado , y al respeto de los conocimientos tradicionales. Mientras tanto, el Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico (OSACT) realizará su programa de trabajo sobre las implicaciones metodológicas de la REDD, que incluirá un debate sobre procedimientos y criterios para asegurar la participación efectiva de los pueblos indígenas en la supervisión, la presentación de informes y la verificación.

Por lo tanto, el resultado de Copenhague en lo que se refiere a la REDD+ puede tener diferentes lecturas. Por un lado indica la necesidad de volver a articular un análisis crítico de la REDD y las propuestas consiguientes que podrían permitir que la REDD+ y las compensaciones se conviertan en una salida fácil para los países que no quieren comprometerse con la justicia climática reduciendo sus emisiones y aceptando compensar su deuda climática. Por otro lado, a un nivel más pragmático, envía un mensaje urgente a las organizaciones de pueblos indígenas y a los movimientos sociales para que coordinen las actividades de defensa de sus ideales siguiendo vías diferentes pero convergentes dentro y fuera del proceso de la CMNUCC. De hecho, el resultado de la CP15 y las posiciones y declaraciones que han circulado desde entonces indican una pérdida de credibilidad de la CMNUCC y el consiguiente riesgo de que se automaticen las iniciativas multilaterales a favor de un enfoque plurilateral, lo que dejaría al margen la función de la CMNUCC en el período previo a la CP16.

En Copenhagen y poco después, varios Gobiernos anunciaron su decisión de asignar fondos a proyectos de REDD concretos (Amazon Fund, Indonesia REDD, etc.), mientras que otros anunciaron su intención de asignar un total de 3500 millones de USD a apoyar medidas de "preparación para la REDD" en 2010. Todos estos avances requieren una cuidadosa supervisión, tanto por sus implicaciones concretas como por el impacto que podrían tener sobre el proceso de la CMNUCC. En este sentido, el Forest Peoples Programme continuará trabajando en varios niveles: apoyando al Caucus de los Pueblos Indígenas que interviene en el proceso de la CMNUCC, trabajando sobre el terreno con socios de los pueblos indígenas en países REDD previamente seleccionados, y supervisando actividades y avances del Banco Mundial y el Programa ONU-REDD. El objetivo general es asegurar y contribuir a un fuerte compromiso con las obligaciones y los instrumentos internacionales relacionados con los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales, por ejemplo la DNUDPI, y el reconocimiento, entre otros, del derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo y informado para cualquier actividad relacionada con la REDD que pueda afectar a sus derechos y a sus tierras.