¿Modelo verde o plan forestal «de arriba abajo» para la RDC?

El Fondo para el Carbono de los Bosques del Banco Mundial aprueba un nuevo concepto de reducción de las emisiones en medio de continuas polémicas sobre los impactos en los derechos y los medios de vidaEn la novena reunión del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF por sus siglas en inglés), celebrada en Bruselas del 9 al 11 de abril, se aprobó una controvertida nota de ideas para un programa de reducción de emisiones (ER-PIN por sus siglas en inglés) para la República Democrática del Congo (RDC), a pesar de que varias organizaciones internacionales, entre ellas el FPP, la han criticado duramente por sus graves impactos sociales negativos. La ER-PIN de la RDC fue aprobada junto con propuestas de Ghana, México y Nepal, mientras que las ER-PIN de la República del Congo y de Chile quedaron pendientes para ser consideradas durante la próxima reunión del Fondo para el Carbono, programada para junio de 2014.¿Modelo verde?La propuesta para la ER-PIN de la RDC cubre un área de 12,3 millones de hectáreas en el Distrito (y futura provincia) de Mai-Ndombe, donde el programa de REDD afectará directamente a los medios de vida de entre 1,5 y 1,8 millones de habitantes de bosques y poblaciones rurales, entre ellos cazadores y recolectores, pequeños agricultores que viven de la rotación de cultivos y productores de «carbón de matorral». La ER-PIN describe el proyecto piloto como «modelo de programa provincial de desarrollo verde que ofrece alternativas y premia el rendimiento a la hora de abordar los retos del cambio climático, la reducción de la pobreza, la conservación de los recursos naturales y la protección de la diversidad biológica». Según los planes recogidos en la ER-PIN esta intervención consistiría en:

• Agrosilvicultura en tierra degradada para producir alimentos y leña
• Intensificación agrícola y eliminación progresiva de la agricultura de corta y quema (énfasis añadido)
• Control de incendios forestales (se espera una gran regeneración del bosque virgen)
• Reforestación
• Silvicultura y conservación comunitarias
• Incentivos para una explotación forestal con impactos reducidos, la certificación forestal, etc.

Si bien hay quien ha aplaudido la propuesta de la RDC describiéndolas como modelo de «desarrollo verde»  y las recientes aprobaciones de ER-PIN por parte del FCPF como «punto de inflexión en el que se pasa de las elevadas deliberaciones políticas teóricas a acciones reales sobre el terreno para salvar los pulmones verdes de nuestro planeta y nuestro clima mundial», hay ONG locales e internacionales que han criticado duramente el inadecuado tratamiento que el FCPF ha dado a los derechos, los medios de vida y la participación en los beneficios en el proceso de desarrollo de la ER-PIN de la RDC. Posibles violaciones de derechos y riesgo de pobrezaAunque en la actual ER-PIN de la RDC se reconoce la necesidad de respetar los derechos territoriales consuetudinarios, sus propuestas no incluyen ningún plan sólido para defender los derechos consuetudinarios de tenencia de la tierra o asegurar los bosques comunitarios. Un examen crítico de la ER-PIN llevado a cabo por la FERN y el FPP critica duramente al FCPF por no asegurar un riguroso análisis de los riesgos sociales y el riesgo de pobreza como parte del diseño del proyecto. La misma crítica identifica graves carencias que podrían tener efectos sociales negativos y perjudicar a los medios de vida de pueblos y comunidades que dependen de los bosques, entre ellas las siguientes:

• falta de compromisos claros de respeto del derecho de las comunidades a dar su CLPI;
• evaluaciones erróneas de la deforestación, culpando principalmente a las comunidades de la destrucción de bosques;
• tratamiento débil de cuestiones relacionadas con la tenencia comunitaria de la tierra que afectan a muchas personas que viven en la zona y dependen de los recursos forestales y de esa tierra para sus economías de subsistencia;
• planes defectuosos para la delimitación de zonas de uso de la tierra, medios de vida alternativos y acciones para limitar las actividades de subsistencia locales.

También genera una gran preocupación que el proceso de consulta pública sobre la ER-PIN haya sido acelerado y haya tenido graves defectos, ya que los documentos clave, incluidas las últimas versiones de la ER-PIN de 2014, no han estado disponibles en francés antes de ser validados. Además la «validación» oficial de la propuesta final (necesaria según las reglas del FCPF) no permitió que el público criticara o rechazara abiertamente el plan de la ER-PIN, lo cual planteó graves dudas sobre la credibilidad de dicha validación.

Aunque en varias etapas del desarrollo de la propuesta han participado múltiples interesados directos, el procedimiento de consulta durante el proceso de diseño ha tenido carencias evidentes, especialmente para la revisión del documento en 2014. No hay pruebas de una consulta significativa a comunidades locales o a organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la propia zona del proyecto. El hecho de que la población local no entienda ni se sienta propietaria del proyecto suscita una gran preocupación, y es probable que conduzca a problemas durante la implementación del proyecto.

Falta de condiciones clarasAunque el Fondo para el Carbono del FCPF (resumen del Presidente) ha pedido al Gobierno de la RDC que «describa cómo el (futuro) programa de reducción de las emisiones contribuirá a aclarar la tenencia de la tierra y de los recursos en el área de la contabilidad», no ha exigido ninguna revisión específica del documento de la ER-PIN. La resolución número 2 del Fondo para el Carbono no menciona explícitamente ninguna cuestión social o en relación con los derechos, aunque exige que haya conformidad con el marco metodológico del Fondo. Aunque este marco hace referencia a salvaguardias sociales, también ha sido criticado por estar demasiado centrado en los beneficios para el carbono y por contener incentivos adversos para la nacionalización de reservas de carbono forestales. Por su parte el Gobierno de la RDC ha prometido atender las preocupaciones de las organizaciones de la sociedad civil con relación a la ER-PIN, mantener la moratoria actual en las concesiones madereras industriales y tomar medidas para avanzar hacia el Decreto de Silvicultura Comunitaria que lleva parado desde 2010. Las ONG y las comunidades locales se han propuesto vigilar al Gobierno para que cumpla su palabra.Varias organizaciones internacionales, entre ellas la FERN y el FPP, continuarán haciendo un seguimiento de este proceso para evaluar el cumplimiento de los compromisos sociales y los estándares acordados por el FCPF y por las iniciativas de REDD del Programa de Inversión Forestal (FIP) y del Programa ONU-REDD que estén relacionadas.El documento informativo de la FERN y el FPP se puede obtener aquí