ONU cuestiona al Estado peruano por violaciones de derechos indígenas por Parque Nacional Cordillera Azul y Proyecto REDD+

El 28 de abril de 2023, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas (CERD) envió una comunicación formal al Estado peruano, en el marco de su procedimiento de alerta temprana y acción urgente, sobre las afectaciones a los derechos humanos y territorios del pueblo Kichwa y otros pueblos indígenas por el Parque Nacional Cordillera Azul (PNCAZ) y su Proyecto REDD+, conocido a nivel internacional por vender decenas de millones de créditos de carbono a grandes empresas sin consultar a las comunidades kichwa en cuyos territorios se desarrollan. 

La carta del CERD se produce en respuesta a una petición formal presentada por organizaciones del pueblo Kichwa previo a su 107º período de sesiones, que tuvo lugar en agosto de 2022 en Ginebra. La presentaron el Consejo Étnico de los Pueblos Kichwa de la Amazonía (CEPKA), la Federación de Pueblos Indígenas Kechwa Chazuta Amazonía (FEPIKECHA) y la Federación de Pueblos Indígenas Kichwa del Bajo Huallaga San Martín de la Región San Martín (FEPIKBHSAM), junto con la Coordinadora para el Desarrollo y Defensa de los Pueblos Indígenas de la Región San Martín (CODEPISAM). En ella pidieron al CERD una acción urgente de exhortación al Estado peruano para que tome medidas inmediatas frente al proyecto de conservación excluyente que se está llevando a cabo en el PNCAZ de espaldas a los derechos del pueblo Kichwa.

Descargue la carta del CERD al Estado peruano en español

El CERD resalta que el PNCAZ fue creado en 2001 sin obtener el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas afectados, al mismo tiempo que el lento proceso de reconocimiento estatal de las comunidades indígenas bajo la figura de “comunidades nativas” ha resultado en la falta de protección jurídica de sus territorios y recursos naturales. La carta también detalla las restricciones al uso y acceso impuestas por el PNCAZ sobre los pueblos indígenas y los impactos negativos que esto ha conllevado para sus medios de vida, seguridad alimentaria y la transmisión de sus conocimientos ecológicos tradicionales.

Asimismo, el CERD recuerda la falta de consulta para la implementación del Proyecto REDD+ Cordillera Azul en 2008, así como la falta de información y transparencia en su gestión por parte de la ONG de conservación, el Centro de Conservación, Investigación y Manejo de Áreas Naturales. Esto también se ha reflejado en una falta de participación de las comunidades indígenas en la gestión del Parque y Proyecto REDD+.

El CERD también resalta casos de intimidación, amenazas y ataques en contra de defensores de derechos humanos del pueblo Kichwa. Cabe recordar que en marzo de 2022, FEPIKECHA, la Comunidad Nativa Kichwa de Anak Kurutuyacu, la Comunidad Nativa Kichwa de Santa Rosillo de Yanayacu, Forest Peoples Programme (FPP) y el Instituto de Defensa Legal (IDL) presentaron una solicitud de acción urgente al CERD frente a un aumento de los actos de discriminación estructural por parte del Estado peruano, con una falta de avances en los procesos de titulación prolongando la desprotección de los territorios colectivos kichwas, que luego se traducía en intimidación, amenazas y ataques contra los defensores kichwas e impunidad por la deforestación y la destrucción de territorios kichwas sin título. 

En vista de esta situación, el CERD le solicita al Estado peruano información hasta el 21 de julio de 2023, sobre:

a) Las medidas adoptadas para evaluar el impacto social y ambiental que tiene el establecimiento del Parque Nacional Cordillera Azul y del Proyecto REDD+ antes mencionados en las comunidades de los pueblos indígenas kichwa y kakataibo afectadas;

b) Las medidas concretas adoptadas para proteger la supervivencia física y cultural del pueblo kakataibo que se encuentran en aislamiento voluntario;

c) Los mecanismos implementados para garantizar que los pueblos indígenas cuyos territorios y recursos naturales hayan sido o puedan ser afectados por la creación del Parque y la implementación del proyecto REDD+ sean debidamente consultados con miras a obtener el consentimiento libre, previo e informado;

d) Las medidas específicas adoptadas para proteger las formas tradicionales de vida y de subsistencia, así como el valor ancestral y cultural de los territorios indígenas afectados por el Parque Nacional Cordillera Azul;

e) Las medidas adoptadas para garantizar la participación efectiva de los pueblos indígenas afectados en la gestión e implementación del proyecto REDD+ y para definir su participación en los beneficios obtenidos del mismo;

f) Las medidas para prevenir e investigar los actos de hostigamiento, intimidación, represalia y de violencia en contra de los líderes y defensores de los derechos de los pueblos indígenas kichwa.

Esta comunicación del CERD salió a tan solo dos semanas de la notificación de una sentencia histórica del Juzgado Mixto de Bellavista de la Corte Superior de Justicia de San Martín a favor de la comunidad Puerto Franco del pueblo Kichwa, ordenando que se inicie la titulación de su territorio ancestral, cuya mayor parte se superpone con el PNCAZ. Además, se reconoce por primera vez en el Perú, el derecho de las comunidades a los beneficios que las actividades de conservación generan, como el de la venta de créditos de carbono a través del Proyecto REDD+ del Parque. 

A pesar de que el fallo de primera instancia pueda ser objeto de impugnación por las entidades demandadas, entre ellas CIMA y SERNANP, consideramos que genera un buen precedente en la lucha para el reconocimiento de los derechos territoriales de las comunidades kichwa, validando un esquema de conservación que respeta los derechos humanos.

 

“Para mí como dirigente de las comunidades nativas del Bajo Huallaga, es una noticia grata saber que las Naciones Unidas están dándonos atención justo y necesaria para amonestar y llamar la atención a gestores del Parque, que han hecho mucho abuso y discriminación de las comunidades kichwas del Bajo Huallaga. Yo creo que es una comunicación totalmente acertada que nos ampara y cobertura sobre todo en defender los derechos humanos de nuestras comunidades. Un gusto saber esta noticia. Este no es un resultado de la noche a la mañana, si no parte del trabajo articulado. Algo se está avanzando. El Estado peruano en todo aspecto vulnera los derechos humanos de nuestras comunidades en salud, educación y en el territorio. Está bien que se atiende desde el Comité, pues se ha creado el PNCAZ vulnerando derechos (...)” dijo Samuel Pinedo, presidente de FEPIKBHSAM.

 

 

“En cuanto a la discriminación y exclusión de los pueblos indígenas en el mercado de carbono, el extractivismo de este gobierno fomenta el cambio climático llevándonos al punto de no retorno y expulsándonos de nuestros territorios. Se han incrementado iniciativas privadas globales para reducción de emisiones, pero son falsas soluciones. No son concretas. No hay una norma que pueda decir: “el mercado de carbono está estandarizado y éstos son los estándares”. El financiamiento climático se sigue diseñando y promoviendo sin la participación de nosotros los pueblos indígenas. Los beneficios son mínimos para nuestros pueblos y la mayor parte queda en el Estado y ONGs (…) Siguen las malas prácticas del capitalismo que deben romperse. El actual modelo de mercado de carbono presenta riesgos para los pueblos indígenas por la falta de entendimiento de los contratos, la falta de condiciones para una negociación justa y teniendo compradores finales que contaminan el planeta. Es algo preocupante. No sabemos a quién lo venden. Algunos capitalistas que contaminan en una parte no pueden venir a lavarse la mano diciendo que están aportando a la mitigación del cambio climático comprando carbono por actividades hechas por la comunidad. Preocupante que el Estado peruano no dice nada de los piratas de carbono. Desde AIDESEP hemos elaborado REDD+ Indígena Amazónico (RIA), que redefine REDD+ con la cosmovisión indígena, nuestros planes de vida plena, la seguridad territorial, el manejo holístico integrado del bosque (…) Seguimos planteando el financiamiento directo a los pueblos indígenas, no a la reventa de créditos de carbono, y que normas nacionales e internacionales regulen el mercado de carbono, y creación de mecanismos independientes de quejas por áreas naturales protegidas en nuestro territorio. Nosotros los pueblos no nos hemos superpuesto ¡Que lo tengan claro el Estado peruano y el mundo! Son ellos quienes se han superpuestos a nuestros territorios ancestrales que hemos cuidado y somos parte de ellos. Y así, pedimos también que el relator de pueblos indígenas de Naciones Unidas debe convocar al trabajo articulado con pueblos indígenas para recomendaciones a Estados sobre la regulación del mercado de carbono (…) Ya no más exclusión, discriminación sistemática a los pueblos indígenas. Eso debe cesarse. Como CODEPISAM seguimos en suma con los pueblos”, manifestó Wilfredo Tsamash, pamuk de la CODEPISAM.

 

 

“El Estado no tiene en cuenta a las comunidades ni respeta a los pueblos indígenas. Solamente tratan de visibilizar algunas cositas en avances interculturales, pero para el Estado en bosque ni en territorio existimos. Esperamos que el Estado a raíz de esta comunicación de las Naciones Unidas, que nos consideren nuestros reclamos territoriales como pueblo kichwa y nuestra participación total en los planes de conservación y el cuidado del ecosistema y de los bosques” Nelsith Sangama, dirigente nacional de AIDESEP.

 

 

“La presidenta del Perú carece de legitimidad y ha causado la muerte de más de 60 personas. Y eso que no incluye a los asesinados por la defensa de la Amazonía peruana y sus territorios ancestrales para que las futuras generaciones tengan donde vivir y compartir con respeto a las deidades que existen. Los mecanismos de defensores no funcionan. Recalco que los asesinatos siguen y el último líder indígena fue Santiago Contoricón de la nación asháninka”, agregó el pamuk Wilfredo Tsamash, sobre la situación de hostigamiento a líderes y lideresas indígenas kichwas y en general en la Amazonía peruana.

“La resistencia del pueblo kichwa se encuentra más fortalecida hoy más que nunca. Nuestra historia es persistencia y perseverancia. Después de demandar históricamente nuestros derechos humanos y territoriales, hoy podemos ver que nuestra incidencia de muchos años empieza a cosechar frutos. Que nuestras voces sean escuchadas por las Naciones Unidas para nosotros es un símbolo de fortaleza y que nos anima a seguir de pie con nuestra lucha, para que nos devuelvan nuestros territorios. Vivimos en un espacio heredado por nuestros ancestros, pero que a su vez el Estado peruano se ha encargado de despojarnos de nuestros espacios de vida. Vulneran y nos excluyen de nuestros territorios, para trabajar falsas soluciones climáticas, crean áreas protegidas sin nuestro consentimiento, para lavar imagen de empresas trasnacionales que se dedican a destruir nuestro medio ambiente. Nosotros levantamos la voz en rechazo a estas falsas soluciones climáticas y no descansaremos hasta que nuestros derechos territoriales sean recuperados, y así heredar un territorio saneado para nuestra futura generación. Hoy, más que nunca, estamos fortalecidos y no nos detendremos hasta lograr nuestra titulación y no permitiremos que el Estado siga vulnerando nuestros derechos y haciendo oídos sordos a muestras demandas. Rechazamos esta situación a la que nos han expuesto nuestros gobernantes por una ambición que no tiene límites. Los defensores y defensoras del medio ambiente siguen con amenazas, pero aún así seguimos enfrentando a un Estado que desconoce los derechos de los pueblos indígenas y que no respeta los convenios internacionales. El caso del Parque es un ejemplo claro de áreas protegidas de áreas excluyentes a los pueblos indígenas, de una administración y gestión que no considera a los pueblos indígenas y sus posesiones tradicionales. Que hoy nuestra voz sea escuchada en espacios internacionales y que tengamos respaldo de mucha relevancia, significa que estamos empezando a ver un punto de esperanza y que sé y tengo fe, que vamos a cosechar otros frutos. ¡No descansaremos hasta que nuestros niños y niñas hereden una seguridad jurídica de su territorio y por ende, una seguridad y soberanía alimentaria!” Marisol García, presidenta de la FEPIKECHA.