Organizaciones indígenas solicitan al organismo de las Naciones Unidas que exhorte al Estado peruano a detener la conservación excluyente del Parque Nacional Cordillera Azul

Organizaciones del pueblo kichwa junto con organizaciones de derechos humanos han presentado una petición formal al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas (CERD), la cual solicita una acción urgente para detener la conservación excluyente del Parque Nacional Cordillera Azul (PNCAZ). Esta incluye el reconocimiento de los derechos territoriales de comunidades kichwa dentro del Parque; el proceso de consulta previa sobre la creación de este y de su Proyecto REDD+ garantizando el respeto al consentimiento libre, previo e informado (CLPI); la participación en la gestión del Parque; y el reconocimiento y la reparación de daños del modelo de conservación excluyente llevado a cabo durante dos décadas.

La petición formal fue presentada al CERD previo a su 107º período de sesiones que tendrá lugar entre el 8 – 30 de agosto de 2022 en Ginebra. La presentaron el Consejo Étnico de los Pueblos Kichwa de la Amazonía (CEPKA), la Federación de Pueblos Indígenas Kichwa de Chazuta (FEPIKECHA) y la Federación de Pueblos Indígenas Kichwa del Bajo Huallaga de la Región San Martín (FEPIKBHSAM), junto con la Coordinadora para el Desarrollo y Defensa de los Pueblos Indígenas de la Región San Martín (CODEPISAM). En ella solicitan al CERD una acción urgente de exhortación al Estado peruano que tome medidas inmediatas frente a la conservación excluyente del PNCAZ.

Descargue la Solicitud de acción urgente en español e inglés

La solicitud de las organizaciones detalla cómo el incumplimiento del Estado peruano de su obligación de proteger y garantizar los derechos de propiedad de los kichwas sobre sus territorios ancestrales está siendo explotado para el comercio de carbono a gran escala, con el fin de perpetuar un modelo de conservación excluyente impuesto a las comunidades.

Entre las formas de discriminación estructural enfrentadas por el pueblo kichwa, la solicitud resalta:

El PNCAZ ha despojado de territorio a comunidades al crearse en 2001 sin un proceso de consulta adecuado que buscara el CLPI de las comunidades. Cuando se creó el PNCAZ, el Perú ya había ratificado el Convenio 169 de la OIT en 1995, por lo que la consulta era una obligación. Incluso el Tribunal Constitucional del Perú (sentencia STC N°00025-2009-PI) aclaró posteriormente dicha obligación. Esto trae abajo la narrativa del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) que por no haber supuestamente marco nacional para la Consulta (Ley de Consulta Previa del 2011), esta no era obligatoria.

El PNCAZ ha significado graves restricciones al uso y acceso de las comunidades kichwa a sus territorios consuetudinarios. Al menos 28 comunidades se han visto afectadas. Desde exigencia de permisos para entrar al área protegida hasta limitaciones para realizar actividades consuetudinarias como la caza, la pesca, la recolección de alimentos y plantas medicinales, o la visita a lugares de importancia espiritual. Esto no solo ha resultado en afectaciones a medios de vida y seguridad alimentaria, sino también a la transmisión de conocimientos ecológicos tradicionales entre generaciones kichwas.

Estos ejemplos constituyen claras vulneraciones al Convenio sobre la Diversidad Biológica (preámbulo y artículos 8j y 10c), los objetivos de la AICHI relacionados con las áreas protegidas (objetivo 18) y otros acuerdos internacionales que reconocen la participación indígena en la conservación como esencial.

La solicitud también alerta al CERD específicamente sobre la exclusión de las comunidades kichwa de la toma de decisiones sobre las grandes ventas de carbono en sus tierras ancestrales. Con nulas transparencia y rendición de cuentas por parte del SERNANP, del Ministerio del Ambiente, y del Centro de Conservación, Investigación y Manejo de Áreas Naturales-Cordillera Azul (CIMA) como gestor del Parque, el pueblo kichwa ha tenido recurrir al Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información para obtener detalles del proyecto REDD+. Las ventas de créditos de carbono a compradores nacionales e internacionales por alrededor de 30.778.542 créditos por US$ 80.546.251,01 entre 2008 y 2022 permanecieron ocultas por años. Y ya las organizaciones indígenas también alertaron en otros espacios que el PNCAZ ha sido premiado injustamente por buena gobernanza por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) el 2018 en su Lista Verde.

Como caso emblemático, la solicitud al CERD denuncia la venta en marzo de 2021 de US$ 84.740.000 dólares de créditos de carbono por CIMA a Total Nature Based Solutions SAS - parte del grupo corporativo Total Energies, una de las mayores compañías petroleras del planeta. Los kichwa señalan que este contrato fue redactado y firmado entre CIMA y TNBS sin el conocimiento ni el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos kichwa, de otras comunidades indígenas de la región o de organizaciones indígenas representativas a nivel regional o nacional. Dicho contrato representa la mayor venta de créditos de carbono en la historia de Perú y la mayor hasta la fecha entre los compradores privados del mundo.

Además, pese a que el contrato con TNBS estipula que CIMA está obligada a “respetar los derechos humanos reconocidos internacionalmente durante la realización de las actividades dentro del Parque, respetando a los grupos más vulnerables, incluyendo, entre otros, a las comunidades indígenas con respecto al Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI)” y a “llevar a cabo actividades permanentes de diligencia debida para identificar, prevenir, mitigar e implementar acciones de contingencia para hacer frente a cualquier impacto adverso sobre los derechos humanos”, esto no ha sucedido. Por el contrario, CIMA y SERNANP siguen considerando de simples “vecinas” a las comunidades kichwas a las que el Parque les despojo su territorio.

Finalmente, en su solicitud, las organizaciones indígenas le recuerdan al CERD que éste en sus Observaciones finales sobre los informes periódicos 22º y 23º combinados del Perú, ya destacó su preocupación por las graves violaciones de derechos de los pueblos indígenas. De esta manera, el CERD recomendó al Perú, entre otras cosas, que garantice la protección de los derechos de los pueblos indígenas a la tenencia segura de sus tierras, territorios y recursos tradicionales; que garantice la consulta a los pueblos indígenas y la obtención de su CLPI antes de la adopción de medidas que afecten a sus derechos; y que investigue y prevenga los actos de acoso, amenazas y violencia contra los defensores de los derechos indígenas.

Sin embargo, se siguen contraviniendo directamente las claras recomendaciones del Comité y las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas han seguido proliferando y aumentando en los últimos cuatro años, representado afectaciones serias a las comunidades kichwa.

Para Nelsith Sangama, lideresa del pueblo kichwa, ex dirigenta del CEPKA y actual dirigenta de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) reitera que esta solicitud al CERD es importante para el pueblo kichwa:

 

“Definitivamente desde las bases indígenas llevamos este clamor a las Naciones Unidas (CERD). Es que no todo es maravilla en el Parque Nacional Cordillera Azul. Y hay que visibilizar entonces esas graves violaciones del Parque ¡Mira! Un trabajo donde no involucran a la gente. Se están comprando y llevando las riquezas del territorio del pueblo indígena a través del proyecto de carbono de nuestros bosques, pero nosotros los indígenas no sabemos nada ni nos toman en cuenta. Un parque no consultado sin consentimiento del pueblo indígena. Digamos, todo es una realidad diferente, no es como el SERNANP y CIMA lo dicen, eso no se ve en el campo, se ve todo lo contrario. Por eso es bueno que las Naciones Unidas estén enteradas”.

 

En concreto, la petición al CERD por parte de las organizaciones indígenas pide:

1) Tomar medidas inmediatas para cumplir con su responsabilidad de reconocer y proteger los territorios indígenas de las Comunidades y tomar medidas para proteger estos territorios de las acciones de terceros, incluyendo sus propios funcionarios, que socavarían su integridad, incluyendo ordenar al SERNANP y al Parque Nacional Cordillera Azul que permitan a las Comunidades kichwas afectadas proceder a la delimitación y demarcación de sus tierras tradicionales que han sido superpuestas por el Parque;

2) Realizar un proceso de consulta previa sobre el Parque Nacional Cordillera Azul y el Proyecto REDD+ Cordillera Azul, garantizando el respeto al consentimiento libre, previo e informado de las Comunidades kichwa;

3) Tomar medidas concretas para garantizar la participación efectiva de los kichwa en la administración y gestión, incluyendo los roles y procesos clave de toma de decisiones, del Parque Nacional Cordillera Azul;

4) Garantizar que las Comunidades kichwa y otros pueblos indígenas afectados participen equitativamente en cualquier beneficio del Parque Nacional Cordillera Azul, incluyendo la compensación por los créditos de carbono ya comercializados y en curso, así como el reconocimiento y la compensación por el papel efectivo de conservación que desempeñan continuamente las Comunidades a través de sus patrullas territoriales y otras formas de protección y gobernanza territorial;

5) Reconocer y reparar los daños causados durante 20 años de la imposición de un modelo de conservación excluyente por el Parque Nacional Cordillera Azul, mediante la compensación de las pérdidas sufridas.

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