Orden judicial en el caso Kichwa es un hito judicial para Perú

El 13 de diciembre de 2024 fue un día que pasará a la historia como un día de celebración  para la comunidad Kichwa de Puerto Franco, en la región de San Martín (Perú), tras una sentencia judicial histórica que ordena la titulación de su territorio ancestral, una zona que se solapa con el Parque Nacional Cordillera Azul y varias concesiones madereras.

La comunidad fue despojada de gran parte de su territorio hace más de 20 años, cuando el Gobierno peruano creó el parque nacional sin obtener su consentimiento previo. El tribunal ordenó que el Estado realizara la “consulta previa” en retrospectiva.

Además, el tribunal ordenó que se respetara el derecho de la comunidad a beneficiarse de las actividades de conservación llevadas a cabo en su territorio. Es significativo que la sentencia ordene al Estado distribuir dichos beneficios entre todas las comunidades indígenas cuyos territorios se solapan con el parque nacional, incluso aquellas que el Estado no ha reconocido oficialmente. Estas comunidades ahora se beneficiarán del proyecto de reducción de emisiones REDD+ del parque. 

La sentencia marca un hito en la búsqueda de la justicia constitucional e histórica para los pueblos indígenas de Perú. Por primera vez, un tribunal ha reconocido que la creación de áreas protegidas en tierras ancestrales de pueblos indígenas sin su consentimiento libre, previo e informado viola sus derechos territoriales; ha ordenado la restitución de sus tierras dentro del parque; y ha ordenado al Servicio de Parques Nacionales que garantice el derecho de todos los pueblos indígenas cuyas tierras se superponen con el parque a participar en su manejo teniendo autoridad para la toma de decisiones.

La sentencia también exige que el Estado reconozca y proteja la integridad del territorio ancestral de la comunidad de Puerto Franco, incluyendo su propiedad sobre los bosques que han utilizado de manera consuetudinaria dentro del parque y de los cuales depende su subsistencia. Además, por primera vez se registrará una escritura de propiedad colectiva a favor de la comunidad tras un proceso de demarcación y titulación.

Antes de la presentación del caso, la jurisprudencia constitucional de Perú no reconocía plenamente la propiedad indígena de las tierras forestales, por lo que la sentencia representa un avance significativo en el reconocimiento de la propiedad consuetudinaria indígena de las tierras ancestrales en la Amazonía peruana.

El FPP ha apoyado las luchas territoriales del pueblo Kichwa desde 2016, brindándoles apoyo legal y técnico. También proporcionamos financiación a los abogados de San Martín que lideran el litigio en nombre de la comunidad de Puerto Franco.