Perspectivas para los pueblos de los bosques de Indonesia con el nuevo presidente

Este año Indonesia ha pasado por un proceso democrático histórico eligiendo directamente un presidente para que sustituya al titular anterior al final de su mandato.

El nuevo presidente, Joko Widodo, universalmente conocido como “Jokowi”, no viene de un entorno tradicionalmente político o militar, sino que era un modesto fabricante de muebles antes de ser elegido alcalde de Surakarta y después gobernador de la capital, Yakarta,. Jokowi se hizo popular como “el señor Limpio”, reuniéndose con gente ordinaria y solucionando el caótico sistema de transporte de Yakarta. Ha llegado al poder con menos clientelismo político y menos acuerdos secretos turbios que otros presidentes anteriores, y que la mayoría de los políticos indonesios.

En lo que se refiere a los bosques del país y los pueblos que viven en ellos, Jokowi se enfrenta a un gran reto. Los bosques de Indonesia están siendo talados a un ritmo aproximado de dos millones de hectáreas al año, principalmente debido a la asignación ilegal y corrupta de concesiones para plantaciones, planes mineros y sus correspondientes proyectos de transmigración. Un estudio reciente de Forest Trends (disponible solamente en inglés) muestra que más del 80 % de la deforestación de Indonesia debida a la palma de aceite y la madera para pasta es ilegal. El informe Assault on the Commons publicado recientemente por el FPP (disponible solamente en inglés) detalla cómo esta catastrófica pérdida de bosques es facilitada por el hecho de que los derechos de más de 90 millones pueblos de los bosques de Indonesia no están garantizados. Las leyes nacionales dan prioridad a la entrega de tierras y bosques a empresas frente a los intereses de comunidades y pueblos indígenas. Como consecuencia, los inversores hambrientos de beneficios rápidos están socavando los medios de vida basados en los bosques.    

Un vigoroso movimiento de pueblos indígenas apoyado por la sociedad civil ha estado presionando para que se reformen esas leyes de manera que las áreas forestales consuetudinarias sean asignadas a las comunidades para que ellas las gestionen y las utilicen a largo plazo como propietarias. Las campañas para reconocer los derechos de los pueblos indígenas empezaron en la década de 80 y cobraron fuerza después de la caída del régimen de Suharto. Desde entonces han florecido tanto las organizaciones de la sociedad civil y una organización nacional de pueblos indígenas denominada AMAN. La necesidad de que se reconozcan efectivamente los derechos de los pueblos indígenas ha sido defendida repetidamente por ONG, académicos y organismos de fomento del desarrollo con respecto a la certificación forestal, la resolución de conflictos por la tierra, la legalidad de la madera, la gestión forestal comunitaria, los proyectos piloto de REDD+, el “aceite de palma sostenible” y los compromisos corporativos de “deforestación cero”. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU ha recomendado en varias ocasiones este tipo de reformas. Sentencias  recientes del Tribunal Constitucional (disponible solamente en inglés o en bahasa) han reconocido la inconstitucionalidad de algunos elementos de la ley forestal que deniegan los derechos de los pueblos indígenas. El año pasado, el presidente saliente hizo la promesa de reconocer los derechos de los pueblos indígenas. Recientemente, un exhaustivo informe del Banco Mundial (disponible solamente en inglés) pide lo mismo.  El Banco Mundial también está ayudando a miembros de AMAN a realizar el mapeo de las tierras de los pueblos indígenas. Ya se han mapeado 4,9 millones de hectáreas de tierras consuetudinarias reclamadas y AMAN ha estado presionando a los organismos nacionales pertinentes para que reconozcan oficialmente estas reclamaciones de tierras. AMAN y el Banco Mundial quieren mapear 40 millones de hectáreas para 2022. La ONG indonesia Sekala y la red nacional de mapeo participativo (JKPP por sus siglas en bahasa) sugieren que hay una “probabilidad alta” de que en Indonesia haya 42,5 millones de hectáreas de tierra sujetas a reclamaciones de derechos consuetudinarios, mientras que otros 72 millones de hectáreas tienen una «probabilidad media» de estar también sujetas a derechos, aproximadamente la mitad del territorio nacional.  En septiembre de 2014 los organismos públicos indonesios responsables de las tierras y los bosques declararon su apoyo a los derechos de los pueblos indígenas. El Ministerio Coordinador del Bienestar del Pueblo, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Derecho y Derechos Humanos, el Ministerio de Silvicultura, el Ministerio de Medio Ambiente, la Oficina Agraria Nacional, la Oficina Nacional de Información Geoespacial, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Oficina Nacional de REDD+ emitieron una declaración (disponible solamente en inglés y en bahasa). Acogiendo con beneplácito la declaración, Abdón Nababan, secretario general de AMAN, señaló la necesidad de reformas jurídicas para proteger los derechos de los pueblos indígenas y los esfuerzos que ellos mismos están haciendo para fortalecer su capacidad de gestión sus tierras y bosques de acuerdo con la sabiduría local. Esta declaración proporciona un útil punto de partida al presidente entrante, quien tomó posesión de su cargo el 20 de octubre de 2014. Durante su campaña electoral, Jokowi acordó reconocer y proteger las tierras consuetudinarias, adoptar una ley nacional que defienda los derechos de los pueblos indígenas, y favorecer los derechos de las comunidades. Ya se están manteniendo debates sobre el establecimiento de un nuevo Ministerio de Asuntos Agrarios que supervise los asuntos relacionados con la tierra y fortalezca la capacidad de ejecución de la Agencia Nacional de Tierras (BPN por sus siglas en bahasa).  Es posible que Jokowi se enfrente a una dura batalla para promover los derechos territoriales y poner freno a los agronegocios y las concesiones forestales corruptos. Su compañero Yusuf Kalla, candidato a la vicepresidencia, tiene un impresionante historial de resolución de conflictos interétnicos regionales, pero su familia tiene inversiones a largo plazo en el sector del aceite de palma. El partido político en cuya plataforma se encontraban ambos, el Partido Democrático Indonesio de Lucha (PDI-P por sus siglas en bahasa), está profundamente enredado en transacciones dudosas de tierras en las provincias. Aun así, la coalición política que apoyó la campaña presidencial de Jokowi solo controla el 36 % del Parlamento nacional. Recientemente, el Parlamento aprobó una ley que impide la elección directa de alcaldes, gobernadores provinciales y jefes de distrito, un movimiento que los comentaristas interpretan como un desaire al presidente entrante y una manera de fortalecer la influencia de los partidos políticos.  Los activistas locales de la sociedad civil esperan que Jokowi pueda llevar a cabo las tan necesarias las reformas, pero saben que los que se están beneficiando de las malas prácticas actuales no van a renunciar a sus privilegios y a la impunidad sin pelear.