Plantación de palma aceitera de Ocho Sur en Perú cuestionada por expertos de las Naciones Unidas por violaciones a derechos indígenas y daños ambientales

Tras una denuncia por miembros de la comunidad de Santa Clara de Uchunya del pueblo Shipibo-Konibo, expertos de las Naciones Unidas en empresas y derechos humanos, pueblos indígenas, medioambiente, defensores y agua potable y saneamiento expresan preocupaciones sobre las operaciones de la empresa de palma aceitera Ocho Sur, en Ucayali en la Amazonía peruana, en comunicaciones formales a la empresa, sus inversores estadounidenses, sus compradores en Europa y Asia y los gobiernos que deben regular a las empresas implicadas.

El 26 de octubre de 2023, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, junto con el Relator Especial sobre los derechos humanos y el medio ambiente, la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, el Relator Especial sobre los derechos de los Pueblos Indígenas y el Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y el saneamiento, envió una serie de comunicaciones a la empresa, sus propietarios e inversores en Estados Unidos, sus compradores, y los Estados responsables de regular a las empresas implicadas, pidiendo información y aclaraciones en relación con las alegaciones de violaciones de derechos humanos presentadas por la comunidad.

Después de 60 días, la ONU publica las comunicaciones y respuestas recibidas en su página web.

Esta comunicación formal de la ONU se da en respuesta a una carta de alegaciones presentada el 21 de febrero de 2022 al Grupo de Trabajo por miembros de Santa Clara de Uchunya, FECONAU, IDL y FPP contra Ocho Sur y sus inversores, detallando la grave situación que enfrenta la comunidad ante la presencia de la empresa en su territorio y las múltiples violaciones de derechos humanos que la empresa y sus allegados habrían estado cometiendo contra la comunidad y sus integrantes.

 

“Agradecemos a las Naciones Unidas por hacer este trabajo y también a las empresas que están cerrando sus compras a Ocho Sur. Esperamos que ahora el Grupo de Trabajo, habiendo visto las falencias de Ocho Sur, se pronuncie, y que siga trabajando a favor de las comunidades,” señaló Efer Silvano Soria, de parte del Frente de Defensa de Santa Clara de Uchunya.

 

Las cartas de la ONU se centraron en alegaciones presentadas por miembros de la comunidad e instituciones aliadas, relacionadas con la deforestación de 7,216 hectáreas para la instalación de plantaciones de palma aceitera en el territorio ancestral de la comunidad, sin su consentimiento libre, previo e informado; cómo la falta de seguridad jurídica ha conllevado a un mayor fenómeno de tráfico de tierras y deforestación en las tierras tradicionales de la comunidad; los varios procesos legales en curso contra Ocho Sur P por usurpación agravada de territorios, delitos ambientales y no haber cumplido con la legislación ambiental y forestal; los intentos de la empresa de fomentar el divisionismo en el seno de la comunidad para sobreponerse a cualquier resistencia a sus actividades y la expulsión de miembros de la comunidad como represalia; la contaminación y desviación de cuerpos de agua; amenazas, intimidación, actos de hostigamiento y ataques contra líderes indígenas y defensores desde 2014 por reivindicar sus derechos territoriales; vulneraciones de normas de seguridad e higiene con impactos para trabajadores de la empresa durante la pandemia.

El contenido de estos intercambios se detalla a continuación y se puede acceder a ellos en la página de web de la ONU, escribiendo "Ocho Sur" en la búsqueda por palabra clave: https://spcommreports.ohchr.org/TmSearch/Results?page=1  

Documentos recopilados en Drive https://drive.google.com/drive/folders/1m49SlluadOlejWYfuKDNhGr4-vm6GeqI?usp=share_link

Financiadores estadounidenses guardan silencio frente a cuestionamientos de la ONU sobre efectos nocivos de sus inversiones en palma aceitera en Amazonía peruana

En relación al grupo Ocho Sur, la ONU envió cartas a la empresa Ocho Sur; su propietaria Peruvian Palm Holdings, con sede en Bermudas; y los inversores Anholt Services (USA) Inc. y AMERRA Capital Management LLC, ambas con sede en los Estados Unidos. De éstas, sólo Ocho Sur respondió. Igual que en ocasiones anteriores, cuando la comunidad o las organizaciones indígenas han pedido una rendición de cuentas de los inversores de Ocho Sur, Anholt y AMERRA guardaron silencio.

Estado peruano reconoce que Ocho Sur opera sin permisos ambientales, pero tiene poco que demostrar en lo que respecta a sus obligaciones de derechos indígenas

La ONU también escribió al Estado peruano. En su respuesta a las alegaciones de la ONU, Perú aporta información en relación con:

1) Procesos penales en curso contra las empresas Ocho Sur y Plantaciones de Pucallpa. Se detallan seis investigaciones iniciadas por el Ministerio Público.

2) Medidas adoptadas por el Estado para garantizar los derechos de los pueblos indígenas.

3) Estado de las evaluaciones de impacto ambiental y social de las actividades de palma en Ucayali y fortalecimiento de la fiscalización ambiental.

4) Acciones para promover el respeto por los derechos humanos por parte de las empresas.

5) Medidas para garantizar la reparación integral de los integrantes de la comunidad.

6) Medidas para proteger a defensores de derechos humanos.

7) Acciones para asegurar los derechos laborales de los trabajadores de la empresa.

En relación a los permisos ambientales de la empresa, es importante resaltar que el Estado peruano informa que, actualmente la empresa carece de un instrumento de gestión ambiental:

 

“Mediante Resolución de Dirección General N° 057-2020-MINAGRI-DVDIAR-DGAAA se denegó la aprobación del Programa de Adecuación Ambiental de la unidad fiscalizable. Si bien dicha resolución fue apelada, mediante Resolución Vice Ministerial N° 008-2021- MIDAGRI-DVDAFIR se declaró infundado el recurso, pero se dejó a salvo el derecho de la empresa de presentar nueva solicitud de evaluación del instrumento de gestión ambiental una vez que se defina el cumplimiento de un plan destinado a reponer la masa boscosa en un mínimo de treinta por ciento (30%) del área con aptitud agropecuaria de la unidad fiscalizable. A marzo de 2023 no se registraba ninguna solicitud de trámite de evaluación de instrumento de gestión ambiental. Por ende, Ocho Sur P S.A.C. no cuenta con instrumento de gestión ambiental aprobado, y, consecuentemente, no existen compromisos socioambientales asumidos con relación a la Comunidad Nativa de Santa Clara de Uchunya.”

 

Además, de manera importante se menciona que:

 

“(...) el administrado se encuentra obligado al cumplimiento de la normativa ambiental aplicable a sus actividades agrícolas contenida en el Reglamento de Gestión Ambiental del Sector Agrario aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2012-AG (...)”.

 

Este punto en la respuesta del Estado es crucial pues reafirma que la empresa debe cumplir con la normativa del Reglamento de Gestión Ambiental del Sector Agrario (REGASA), lo cual desmonta la narrativa que usa la empresa al decir que no se le aplica este Reglamento porque su entrada en vigencia es posterior al inicio de sus actividades en campo. E independientemente de si la empresa debe cumplir con el REGASA, Ocho Sur se encontraba en la obligación de obtener la autorización del cambio de uso del suelo y la autorización de desbosque que según la Contraloría Nacional de la República fue irregularmente otorgada a favor de la empresa por funcionarios del Gobierno Regional de Ucayali en 2019. Además, cabe resaltar que en 2021, el ente regulador revocó esta autorización irregular, por lo que la empresa ha judicializado la denegatoria del cambio de uso de suelo. Sin embargo, diga lo que diga la empresa, lo cierto es que Ocho Sur P. no cuenta con los permisos forestales que requiere la normativa peruana.

Lamentablemente, una parte importante de la información aportada por el Estado peruano es genérica y refleja una falta de acciones concretas en el terreno para abordar la problemática de Santa Clara de Uchunya.

Por ejemplo, el Estado peruano no detalla qué ha hecho para sanear el territorio ancestral reclamado por la comunidad, al no abordar solicitudes de titulación de parte de la comunidad que quedan pendientes ante la Dirección Regional de Agricultura de Ucayali (DRAU) o la sentencia del Tribunal Constitucional de 2022 que ordenó a la misma DRAU continuar con el proceso de demarcación territorial de la Comunidad Nativa de Santa Clara de Uchunya. Tampoco aborda si el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos 2021-2025 ha hecho algo específicamente en el caso emblemático de Ocho Sur, ni qué medidas ha tomado, o contempla tomar, para asegurar que los integrantes de la comunidad tengan una reparación integral y efectiva de conformidad con los Principios Rectores de la ONU y el derecho internacional.

La ONU también envió cartas a los gobiernos de Bélgica, España, Países Bajos, Japón, Estados Unidos y el Reino Unido, a la luz de su responsabilidad de regular las empresas implicadas. Sus respuestas fueron muy generales y destacaron que tenían marcos normativos que respetaban a los derechos humanos: varias hicieron mención al citado Plan Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos de Perú. Además de los avances relacionados al Reglamento Europeo sobre Productos Libres de Deforestación (EUDR) y a las Directrices de la OCDE.

Los Estados Unidos, el país donde tienen su sede los inversores de Ocho Sur, se limitó en su respuesta a señalar su expectativa que las empresas cumplan con los estándares aplicables (como los Principios Rectores y las Directrices de la OCDE). En el momento de la redacción, el Reino Unido no había respondido, a pesar de haberse unido al compromiso de protección de los bosques de la Declaración Conjunta de Intención entre Perú, Alemania y Noruega en 2022.

Los mercados reaccionan: compradores internacionales bloquean aceite de palma de Ocho Sur

Finalmente, la ONU escribió a seis compradores internacionales del aceite de palma de Ocho Sur: Bunge Loders Croklaan y Vandemooretele NV (ambas de Países Bajos), Lasenor Emul y Lípidos Santiago (ambas de España), Meiji Holdings y Nisshin Oilio (ambas de Japón).

De las tres empresas que respondieron, Bunge Loders Croklaan y Nisshin Oilio confirman haber suspendido a Ocho Sur y la tercera, Meiji Holdings, niega haber comprado de la empresa.

En su respuesta Nisshin Oilio (proveedor de Meiji Holdings) mantiene que tras una investigación interna, suspendió oficialmente las actividades comerciales con Servicios Agrarios de Pucallpa SAC (la planta procesadora del grupo Ocho Sur) y las inscribió en su registro de quejas. Meiji niega haber comprado ningún producto a Ocho Sur P. SAC y aporta pruebas de su investigación y la confirmación de Nisshin Oillio Group. Sin embargo, FPP constató anteriormente que Meiji incluyó a Servicios Agrarios de Pucallpa en su lista de molinos de aceite de palma para enero - junio de 2021.

Por su parte, Bunge detalla las medidas que adoptó tras conocer las graves acusaciones contra Ocho Sur, entre las que se incluyen la exclusión de Ocho Sur de la cadena de suministro y las razones por las que tomó esta decisión. Menciona la supervisión en curso y las medidas adoptadas para evitar la inclusión involuntaria de aceite de palma Ocho Sur. Bunge afirma que Ocho Sur seguirá siendo un proveedor bloqueado en la cadena de suministro hasta que se solucionen satisfactoriamente los reclamos territoriales de la comunidad, los daños ambientales y las vulneraciones de derechos humanos. Además, Bunge mencionó que intentó influenciar a Ocho Sur a la remediación y prácticas responsables, pero encontró que la empresa no abordaba del todo las alegaciones públicas en su contra, ni el consentimiento libre, previo e informado y respeto por los derechos humanos.

En el momento de la redacción, Vandemooretele NV, Lasenor Emul y Lípidos Santiago no habían respondido a la ONU.

Congreso del Perú fomenta impunidad por el despojo y deforestación en la Amazonía

En las semanas transcurridas desde que se hicieron públicas las comunicaciones y respuestas de la ONU, Ocho Sur se ha enfrentado a un escrutinio internacional adicional, a raíz de un nuevo informe del Environmental Investigation Agency, que investiga cómo las empresas de aceite de palma y cacao están impulsando la deforestación en la Amazonía y cometiendo ilegalidades con la complicidad del gobierno peruano. El informe resalta los vínculos comerciales de Ocho Sur con Nestle, Kellogg's y Colgate.

Esto transcurre en un contexto donde el Congreso peruano aprobó apresuradamente una modificatoria de la Ley Forestal que promueve la impunidad por la deforestación.

 

El Relator Especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, Francisco Calí Tzay, ha advertido, “Debido a la gran presión sobre los territorios indígenas desprotegidos, la creación de estas áreas de exclusión [bajo la nueva ley forestal] podría generar impunidad ante crímenes como la tala ilegal, el desbosque y el cambio de uso; debilitando la lucha contra la deforestación y agravando la crisis climática actual.”

 

A la fecha el Grupo de Trabajo no ha emitido ningún pronunciamiento público resultado de su evaluación.

Resumen de los intercambios entre el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, Ocho Sur, sus inversores, compradores y los Estados que debenregular el comportamiento de las empresas implicadas